El hecho sucedió en vísperas del año nuevo cuando un cuerpo de inspectores encabezados por el Director de Seguridad Pública Juan Ochoa se hizo presente en un local de venta de pirotecnia habilitado por la Municipalidad argumentando que tenían a la venta artículos no autorizados para su venta razón por la cual se elabora el acta de inspección que culmina con la clausura del local habilitado a un reconocido comerciante local por infringir la ordenanza municipal 2757/17 que prohíbe la venta de pirotecnia en jurisdicción del municipio de Rosario de Lerma.
Lo más llamativo de todo esto es que en forma inmediata la noticia se publicó vía Facebook por parte de prensa municipal y que curiosamente al día siguiente 31 de Diciembre el mismo Juan Ochoa los vuelve habilitar.
En diálogo con algunos comerciantes sostuvieron su malestar por la arbitraria norma que en un principio te prohíbe la venta de pirotecnia pero sin embargo el propio municipio habilitó varios locales de pirotecnia que indudablemente venderán artículos de pirotecnia valga la redundancia.
No obstante ello la polémica Ordenanza 2757/17 prohíbe rotundamente la venta de pirotecnia y en ninguno de sus articulos establece que solamente estaría permitido la venta de artículos lumínico. Si existe una ordenabza que prohíbe la venta de artículos de pirotecnia directamente la municipalidad no tendria que haber habilitado ningún local para la venta de estos cuestionados articulos.
Asimismo, ante la clausura del local habilitado se tendria que haber resuelto el tema en el Juzgado Administrativo de Faltas quienes serían los que resolvería si el comerciante infringio o no la ordenanza municipal 2757/17 y no se deberia haber levantado la clausura sino es por orden de la jueza de faltas.
En este escenario se denota una total arbitrariedad y abuso de poder por parte de los funcionarios actuantes habida cuenta que ellos mismos ordenaron la infundada clausura y ellos mismos decidieron autorizar habilitando nuevamente el local clausurado en otros términos diriamos que se aplicó la ley del comisario hecho titalmente repudiable en todo estado de derecho que solamente acarrea a la falta de seguridad jurídica que viven los habitantes de la ciudad vallista.