La pesquisa patrimonial realizada por el MPF permitió individualizar maniobras compatibles con la ocultación del origen de los fondos obtenidos por la explotación de la prostitución ajena, tanto por quienes fueron condenados por esos hechos en 2021 como por personas de su entorno. El juez Casanello indagará a doce personas imputadas.
El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, Sebastián Casanello, llamó a prestar declaración indagatoria a doce personas imputadas del delito de lavado de activos proveniente de la explotación sexual de mujeres entre 2012 y 2019 en los prostíbulos Lola y Victoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ------- Las declaraciones indagatorias para los varones y mujeres acusadas se llevarán a cabo entre el 18 y el 24 de octubre próximos, y son la consecuencia de la investigación patrimonial llevada a cabo por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo de Franco Picardi, como correlato de la investigación que terminó en la condena de ocho de aquellas personas por el delito de explotación de la prostitución ajena.
En efecto, el fiscal Picardi elevó en julio de 2019 a juicio oral y público a los integrantes de la organización que explotaba los locales Lola y Victoria. En esa oportunidad acusó a Marcelo Gregorio Uscheroff, Julián Mauricio Uscheroff, Norberto Gustavo Medina y Jonathan Eugenio Medina, como jefes o responsables, y a Hernán Matías Ponce, Clara Liliana Riveros, Gladys Riveros y Carlos Alberto Castillo, como partícipes secundarios. Todos ellos y ellas reconocieron su responsabilidad en el marco de un juicio abreviado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 porteño, que los y las condenó en junio del año pasado por el delito de explotación de la prostitución ajena de un gran número de mujeres -la fiscalía había logrado identificar a 74 víctimas- entre 2012 y el 16 de marzo 2019, cuando se produjeron los procedimientos que desbarataron la organización.
A la par de la investigación penal por los delitos cometidos contra aquellas víctimas, la Fiscalía Federal N°5 emprendió una pesquisa patrimonial para detectar los frutos del delito, con la asistencia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Ello le permitió identificar que, además de los y las condenadas en 2021, había por lo menos otras cinco personas relacionadas a aquellas que habían intervenido en maniobras compatibles con conductas destinadas a dar apariencia lícita al dinero proveniente del delito.
La fiscalía detectó de esa forma indicadores de lavado de dinero, como la vinculación, directa o indirecta, de los imputados con la organización que llevó adelante los delitos; la incompatibilidad de los perfiles patrimoniales de los imputados con diferentes inversiones; la utilización de prestanombres y de sociedades pantalla; el manejo inusual de dinero en efectivo; y la ausencia de justificación de acreditaciones bancarias.
Al momento de formular las imputaciones en julio de este año, el fiscal Picardi requirió el embargo de inmuebles y bienes muebles registrables vinculados a las personas condenadas y a otras cinco de su círculo familiar y comercial.
"La actividad delictiva generó ganancias millonarias para la organización criminal investigada. Ellas no sólo provinieron de la explotación sexual referida, sino también de todo el resto de los servicios ofrecidos en estos lugares, los cuales se encontraban indisolublemente relacionados con el accionar criminal que allí se desarrollaba", sostuvo Picardi.
