Amnistía Internacional lanzó una petición internacional, conocida como “Acción Urgente” (AU), para que los senadores del Congreso de la Nación que actualmente debaten las reformas previsionales no eliminen las moratorias.
La entidad defensora de los derechos humanos realizó esta petición por “los riesgos” que una medida como esa representa para “la garantía del derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado para los adultos mayores”.
“De eliminarse esas prórrogas, 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones no podrán jubilarse a los 65 años y deberán optar por alternativas que no llegan a la jubilación mínima, suma que no alcanza siquiera a cubrir la canasta básica alimentaria”, explicaron desde esta organización a través de un comunicado.
Para la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, “ajustar a los ajustados no refleja ningún plan fiscal que priorice el imperativo de derechos humanos de subsanar situaciones de extrema desigualdad en personas que, por sus diferentes trayectorias laborales, de vida y otros múltiples factores, no han recibido aportes suficientes para jubilarse”.
“Las medidas de gobierno no brindan una solución urgente para garantizarles a los adultos mayores condiciones de vida dignas”, apuntó la dirigente de la organización. La Acción Urgente (AU) es una estrategia de solidaridad impulsada por Amnistía Internacional por la cual miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos humanos.
De esta manera, la organización activa “una red integrada por decenas de miles de personas que unen su capacidad de acción enviando cartas y mensajes de correo lo más rápidamente posible al país de que se trate”.
“Ley de Bases” y el adiós a la moratoria.
El 30 de abril de 2024 la Cámara de Diputados dio media sanción a la propuesta de Ley de Bases, que, entre otras cuestiones, busca eliminar la “moratoria previsional” del sistema previsional. En Argentina los varones pueden jubilarse a los 65 años y las mujeres a los 60 años, con 30 años de aportes o a través de moratorias previsionales. Justamente, las moratorias son políticas públicas para garantizar el acceso a la jubilación a personas que no cumplen con los 30 años de aportes. Su objetivo es reparar las consecuencias de trayectorias laborales desiguales en un país donde más del 47 % del mercado laboral se realiza de manera informal.
Aunque la ley impactará en quienes no tengan aportes suficientes por informalidad y/o trayectorias personales específicas, se observa que tendrá un impacto desproporcionado en las mujeres, ya que tienen mayores tasas de informalidad que los hombres. Según datos oficiales, sólo el 12,1% de las mujeres en edad de jubilarse (entre 55 y 59 años) cuenta actualmente con más de 20 años de aportes jubilatorios.
El proyecto de ley que actualmente se debate en la Cámara Alta dispone la derogación de la moratoria previsional e incorpora la Prestación de Retiro Proporcional para quienes tengan 65 años, pero no cumplan con los 30 años de aportes necesarios para acceder a la jubilación mínima. Esta modificación tendrá un efecto significativo en la posibilidad de acceder a una jubilación para miles de personas, ya que, según datos oficiales, del total de personas que se dieron de alta para jubilarse en 2023, 8 de cada 10 lo hicieron a través de un plan de moratoria. En un contexto de grave crisis económica y social, la caída de las jubilaciones fue uno de los principales motores del ajuste fiscal llevado a cabo desde el 10 de diciembre de 2023.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la reducción total del gasto primario de la administración pública nacional realizado durante el primer bimestre de 2024 ($ 3.869.000 millones, a pesos de febrero) estuvo explicada en un 43% ($ 1.682.000 millones) por la reducción del gasto en jubilaciones y pensiones, que fue del 33% en comparación con el primer bimestre de 2023. En este sentido, se observa que una parte significativa del ajuste en curso se sostiene en la licuación de los ingresos de los adultos mayores.
Una vez más quienes más pierden son las y los adultos mayores. El ajuste siempre es con ellos. Ninguna gestión ha dado prioridad a la protección de los jubilados. Amnistía Internacional recuerda las obligaciones internacionales del Estado argentino, de respetar y garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado para las personas adultas mayores, aún en tiempos de crisis.
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