Luego del escándalo de los jubilados, la compra de alimentos con sobreprecio es el segundo remezón que soporta Alberto Fernández en una semana
Aprovecharse de los recursos del Estado ya es inmoral, pero hacerlo en tiempos de emergencia es incalificable. La publicación en el Boletín Oficial de varias resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social autorizando la compra masiva de alimentos con destino a los sectores con mayores necesidades a precios que rozan un 40% por encima de los Precios Cuidados, se ha convertido en un escándalo nacional.
Otra vez el kirchnerismo hace gala de la falta de sensibilidad social y de su codicia desmedida aprovechándose de la crítica situación de miles de familias que ya estaban en la zona de pobreza y hoy viven una situación paupérrima al no poder trabajar. Claro, aquellos que trabajan y no los que están mantenidos por el Estado a título gratuito.
Lo novedoso es que la denuncia de los sobreprecios viene del propio riñón “K”, de los movimientos sociales cuyo dirigente, Juan Grabois apuntó contra el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
Tampoco es que Grabois de pronto es un converso ciudadano honesto al que irrita la corrupción porque sus antecedentes dicen de quién se trata, sino que esta vez más que el sobreprecio, a Grabois y su cáfila les duele que Arroyo les achicó la cuota de alimentos que recibían en tiempos del Macrismo con Carolina Stanley. Claro, menos bolsones deterioran la “calidad política” de estos individuos.
Por defensa, el ministro Arroyo argumentó la urgencia de comprar esos víveres, su ausencia en el mercado y el pago diferido que hace el Estado: “Había que comprarlos igual”, dijo el ministro. Pero agregó algo más sugestivo, que los empresarios “le torcieron el brazo”. Un cierto tufillo a cartelización.
Por ejemplo, el azúcar “Ledesma” tiene un precio máximo de $56 y se compraron 680.000 bolsas de azúcar “La Muñeca” a $75, haciendo una diferencia de $17.000.000. El aceite “Ideal” por un 1,5Lts. Tiene un precio máximo de $98; se compraron 340.000 envases con una diferencia de $ 20.332.000.
En menos de una semana el presidente, Alberto Fernández, enfrenta el segundo episodio teñido de escándalo. El primero con los jubilados que resultó algo rayano en una explosión viral pública y ahora con estos sobreprecios que tiene un agravante: el presidente avala a su ministro y mantiene la compra a valores más caros que los del mercado. . “Estamos en emergencia y ya se están entregando las mercaderías”, aseguraron. El Presidente “le pidió explicaciones, pero no hubo ningún reproche”.
En el entorno del presidente se dijo “estamos en emergencia y los alimentos ya se están entregando”. Estas situaciones horadan en la base la confianza que iba ganando Fernández con el manejo de la crisis sanitaria y revela el poder de La Cámpora para operar dentro del gobierno y mantener firmes a sus esbirros que con estos antecedentes se convierten en promesa de nuevas “compras de emergencia”.
La televisión en un programa ómnibus recolectó casi lo mismo que se sobrefacturó en una jornada; es decir, millones de argentinos hicieron un esfuerzo para subvenir a los más humildes mientras un grupo de funcionarios desde sus escritorios con una lapicera dilapidaran similar cantidad.
Los comentarios huelgan ante la evidencia: incapacidad e inhabilidad, dos “virtudes” que cuando dañan al Estado y a los ciudadanos pueden ser la semiplena de un delito. No se sabe cuándo finalizará la cuarentena y Alberto Fernández arroja por la borda su incipiente capital político a manos de estos “científicos” que ni siquiera saben utilizar una calculadora… o quizás lo hacen muy bien.
Por: Juan Ignacio Escrivá