Los organismos de Derechos Humanos y los partidos políticos brillaron por su ausencia y se transformaron en cómplices de una de las maniobras más impúdicas de la historia judicial de la provincia y posiblemente de todo el país.
La medida cautelar dispuesta contra los miembros de la familia Peñalva, a quien la Justicia salteña le aplicó un prohibición perimetral para acercarse a la Ciudad Judicial o al Ministerio Público, para reclamar por el esclarecimiento de las violentas muertes de la joven Lujan Peñalva junto a su amiga Yanina Nüesh ocurridas en julio de 2012, es una de los hechos más bochornosos y al margen del Derecho que pueda adoptar cualquier magistrado. El término inconstitucional se queda lejos de la real dimensión de la orden emanada por la jueza Ada Zunino a pedido del fiscal Marcos Molinati, quienes negaron de esta manera, uno de los derechos fundamentales como es el acceso a la justicia.
Se trata, sin eufemismos, de una medida absolutamente inconstitucional e impropia de funcionarios que deben velar por el funcionamiento de un servicio vital para la democracia. Simplemente resulta increíble que una jueza y un fiscal hayan prohibido a una familia, aún dolida por la violenta muerte y no del todo aclarada de uno de sus miembros, que puedan manifestarse por el esclarecimiento del hecho ocurrido hace casi una década.
Peñalva, de 19 años, y Nüesh, de 16 años, eran amigas y fueron encontradas el 16 de julio de 2012 colgadas con una misma soga de un árbol, en un campo cercano al barrio San Carlos. Habían desaparecido dos días antes. La causa judicial fue caratulada en principio como ‘muerte dudosa‘. Fue cerrada en 2014 por el juez de instrucción Pablo Arancibia, quien la consideró ‘consecuencia de una decisión personal, libre y voluntaria de cada una‘, es decir, que las chicas se habían suicidado.
Con un enorme esfuerzo de las familias de las jóvenes, la causa se reabrió con la carátula inicial el 7 de febrero de 2018. La familia Peñalva presentó pericias realizadas por especialistas en Estados Unidos que confirmaron la posibilidad de un doble homicidio. Desde ese momento no pararon de movilizarse y buscar respuestas a sus interrogantes y a su dolor. Pero ahora, la misma Justicia que debe garantizar todo ese proceso, es la que les impide siquiera acercarse a la Ciudad Judicial, con el absurdo argumento de que amenazaron (con un emoji) por whatsapp a quienes están a cargo de la causa.
La perimetral aplicada implica que la familia Peñalva no puede acercarse al Poder Judicial y esto a su vez significa, lisa y llanamente, la denegación del acceso a la justicia de quienes justamente son víctimas en una causa con demasiadas sospechas que apuntan al poder de aquel entonces.
Esta decisión de la jueza Zunino y el fiscal Molintati va en contra de todos los derechos humanos y en contra del acceso a la Justicia, pero además en contra del derecho a la libertad de expresión. Escrachar a un juez o a un fiscal no es un delito; no es relevante para el Código Penal y pese a ello la familia Peñalva, víctima inicial de un posible crimen, es revictimizada nuevamente por la propia Justicia con una medida de prohibición que saca de las casillas al entendimiento básico del Derecho de las personas.
Una víctima, que es revictimizada en un posible doble homicidio, tiene prohibido por un juez acercarse a la Justicia. Es inaudito. Lo peor de todo es que ante semejante impunidad, no hubo ni un solo pronunciamiento de los partidos políticos, ni de las organizaciones de Derechos Humanos, grupos feministas u otro organismo de debate legislativo. Miraron para otro lado ante un salvaje atropello y esto también significa una cosa: la calidad institucional en la provincia ha caído a su nivel más bajo. Las instituciones no están funcionado. De otra manera no serían necesarias las marchas alrededor de la Plaza 9 de Julio.
Sin controles democráticos y con jueces que no tienen ningún problema en vulnerar Derechos, el Poder Judicial es un arma poderosa en manos inescrupulosas. Nadie en Salta está seguro mientras tengamos funcionarios que nieguen descaradamente el acceso a la justicia.
