Mientras ultima detalles del operativo de emergencia para el pico de contagios, Ginés se topa con malestar gremial y reclamos de los prestadores privados.
Ministerio de Salud, encabezado por Ginés González García, trabaja por estas horas con tres escenarios de cara a la pandemia: el primero es de crecimiento rápido del contagio (como ocurrió en Italia), el segundo es un intermedio, y el tercero de expansión lenta o moderada (el más cercano a la situación actual).
La cuarentena total se propone impedir una aceleración del ritmo de infecciones, como reconoció el jueves Alberto Fernández, mediante el aislamiento obligatorio. El objetivo es evitar una explosión del sistema de salud y contener el COVID-19, que hasta este sábado ya infectó a 225 personas y suma cuatro muertes. La decisión llegó después de varios cortocircuitos.
A fines de enero, el ministro de Salud había asegurado: "No hay ninguna posibilidad de que exista coronavirus en Argentina". Hubo que esperar hasta el 3 de marzo, poco más de un mes, cuando apareció el primer caso, importado de Italia, para que todo cambiase. Desde entonces, el Presidente comenzó a aplicar medidas restrictivas en forma gradual de la mano de un comité de notables y coordinó acciones con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Pero el plan tampoco dio los resultados esperados, por lo que el jueves pasado se tomó la decisión drástica de confinar al grueso de la población y poner las calles bajo control de las fuerzas de seguridad, con la intervención en tareas asistenciales y logísticas de las Fuerzas Armadas.
El giro en la estrategia oficial se debió a varios motivos. En primer lugar, las cifras de infectados empezaron a mostrar una pendiente más pronunciada el miércoles de la semana pasada. Los márgenes "grises" del aislamiento voluntario, en tanto, fueron otro factor que motivó un endurecimiento de los controles.
Los empleados de aduana, sin acceso a barbijos, se tomaron a golpes de puño el lunes pasado con pasajeros de un ferry de Buquebus que llegó de Uruguay con 43 extranjeros -muchos de ellos españoles- pese a la prohibición del ingreso de turistas provenientes de "zonas de riesgo". La sensación de descontrol se apoderó de los funcionarios el jueves con las imágenes de un automovilista con 38 de fiebre que fue enviado a su casa y otras de una caravana en dirección a Pinamar.
Pero hubo otras razones adicionales que influyeron en la decisión de Fernández. La Casa Rosada venía observando un desmadre en el interior, con la suspensión unilateral de clases y el cierre de fronteras en Salta, Jujuy, Tierra del Fuego, Mendoza, Misiones y Chaco, en desacato de las directivas bajadas desde el Poder Ejecutivo. Algunas, incluso, decretaron por su cuenta el aislamiento obligatorio.
La conformación de un gabinete federal y la convocatoria a todos los gobernadores para declarar la cuarentena apuntó así a frenar las señales de anarquía propiciadas por las urgencias locales y neutralizar las tensiones con uno de los sectores que desafiaba las órdenes de la Casa Rosada.
Ahora, el Gobierno deberá afrontar sobre la marcha otros focos de tirantez. Uno de ellos es la puja con las clínicas y sanatorios privados, que buscan el aval oficial para reducir el nivel de atención a los pacientes ordinarios.
Ese sector también se queja por la escalada en los precios de los insumos y reclamó un alivio fiscal por el impacto económico de la pandemia en su actividad.
La CGT, por otra parte, solicitó la devolución de fondos millonarios a las obras sociales y los sindicatos del personal médico mantienen una pulseada abierta con las autoridades por la exposición de sus afiliados en la primera "línea de fuego", el faltante de insumos y el congelamiento virtual de las paritarias.
Todos, en definitiva, piden una mayor participación en el plan de emergencia que ahora ingresó en una nueva etapa. Así, la administración enfrenta una serie de desafíos en su guerra contra el denominado "enemigo invisible".
