Según los datos de los investigadores, un grupo de empresas accedía al tipo de cambio oficial y giraba los dólares al exterior para el pago de importaciones que no ingresaban al país.
La maniobra señalada consistía en simular importaciones a partir de documentación aduanera apócrifa, con el objetivo de girar divisas del Banco Central a bancos radicados en Estados Unidos: al valor del dólar oficial, pero sin ingresar mercadería.
Hubo nueve declaraciones bajo el viejo Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones que resultaron inexistentes. Por ello, la entidad presidida por Guillermo Michel denunció penalmente a cinco empresas por utilizar declaraciones tipo SIMI falsas que no se encuentran registradas en el sistema MALVINA. Estas firmas no importaron mercaderías para justificar la salida de divisas del BCRA, generando así una indebida fuga de dólares. Según Michel serían alrededor de US$5,5 millones.
El organismo denunció la irregularidad ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 9, luego de lo que la Justicia pidió 13 órdenes de presentación a entidades financieras, con el objetivo de obtener más información sobre los operadores de comercio exterior apuntados. En total fueron 23 allanamientos que finalizaron con la detención de dos personas. Fueron realizados en la Ciudad de Buenos Aires, en San Isidro y en un estudio contable de Mar del Plata.
ESPECULACIÓN FINANCIERA
“Estamos hablando de una asociación ilícita. Tenemos detenidos a un contador y a un empleado infiel de un banco, que ofrecían estos servicios como falsos gestores para que empresas truchas se hicieran de dólares en el exterior, particularmente, en cuentas en Miami”, explicó Michel a los medios.
Asimismo, comentó que esto podía hacerse en el “viejo sistema SIMI”, reemplazado hoy por el SIRA. “Como hay un cruce de bases de datos al momento del giro, esto ya no ocurre. Nuestra prioridad, la del ministro Massa, la de todo el Gobierno es que los dólares se destinen a la producción y al trabajo argentino y no a la especulación financiera”.
Para esta investigación, la Aduana solicitó la colaboración de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCen). El objetivo era que esta aporte información económico-financiera de registros estadounidenses. Mediante estos datos se puede establecer la totalidad de la maniobra, incluido el rulo financiero y el entramado de sociedades utilizadas.
A su vez, Carlos Ñamandú, comisario a cargo de delitos federales, especificó: “El mecanismo de fraude se origina fraguando empresas. Se fraguaba documentación para poder hacerse los dólares al cambio oficial. Además, en uno de los allanamientos, en la localidad de San Miguel, se secuestraron cinco armas, tres armas largas y dos pistolas en automático, una pistola a bloque. Se está investigando la procedencia”.
