La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) declaró este lunes el estado de "alerta" y asamblea "permanente" a nivel nacional en todas las obras públicas y privadas del país. Según indica el comunicado oficial de la entidad, la medida "obedece a la pérdida de puestos de trabajo producto de la paralización de las obras públicas; la desaceleración de la inversión de las obras privadas en ejecución".
Además del "impacto en la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras en actividad y la ausencia de gestión e interlocutores válidos por parte del poder ejecutivo nacional, que se desentiende de la problemática que afecta a nuestra industria".
Para la UOCRA, cuyo líder es Gerardo Martínez, el contexto social y económico actual agravó en el ámbito de la construcción "por la reticencia del sector empresario a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo". "En los dos últimos meses, se han perdido 50.000 puestos de trabajo directos y más de 100.000 indirectos en nuestro sector como consecuencia de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución por parte del actual gobierno", agrega el texto.
Además, el escrito hace hincapié en la obra privada: "No ha alcanzado aún niveles de actividad que compensen la drástica caída y nada indica que los privados sustituyan finalmente el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública". Y cierra: "Es inaceptable que el Gobierno nacional no se responsabilice de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas de gobierno; que no convoque al diálogo social y ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, afectando las impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país".
La obra pública fue uno de los sectores elegidos por el gobierno de Javier Milei para comenzar con su plan de ajuste. Así se desprende de los datos difundidos por la secretaría de Hacienda, que la semana pasada informó que el sector público nacional cerró enero con un superávit primario de 2 billones de pesos. Es que, si se analizan los "gasto de capital", que es el ítem que en el presupuesto detalla el financiamiento de las obras de infraestructura, se observa una caída en términos reales del orden del 86%.
Así lo indicó un estudio elaborado por el IARAF, que dio cuenta que los gastos de capital en enero del 2024 fueron de $77.105 millones, dato que se ubicó por debajo de los $155.000 millones del mismo mes de 2023. Esta cifra marca una caída del 50,3% en términos nominales y del 86% en términos reales, explicó el estudio.
"Se aprecia que 15 de los 16 componentes del gasto tuvieron caídas. La excepción fueron las prestaciones del INSSJP, que tuvo un incremento interanual real del 3,4%. Los rubros que mayor caída real tuvieron fueron: transferencias de capital a provincias (- 98,3%), subsidios a otras funciones (-92,2%), inversión real directa (-81,2%), subsidios a la energía (-77,2%) y Transferencias corrientes a provincias (-72%)", destacó el informe del IARAF.
