El staff del FMI puso como condicionantes para firmar el nuevo acuerdo dos cuestiones que para el Gobierno lucen inaceptables. Al menos hasta este punto de las negociaciones. La primera cuestión se vincula con el tipo de cambio. Los técnicos del organismo pusieron sobre la mesa lo que consideran un elevado nivel de las importaciones.
El FMI le está pidiendo al Gobierno un recorte de las compras en el exterior, de manera de achicar la necesidad de dólares. Hay una manera concreta y clásica de hacerlo: encareciendo el precio del dólar, a través de una devaluación, provocando una recesión económica. La propuesta de los funcionarios fue una alternativa a esa receta que implicaría un salto inflacionario y la lógica incertidumbre cambiaria en un momento en que la Argentina no cuenta con reservas para defender un determinado tipo de cambio y transita un momento político complicado, con un Gobierno de salida, sin el poder ni la receta creíble para sacar adelante, con éxito, un plan estabilizador.
Los últimos datos sobre las importaciones argentinas dan cuenta de la preocupación del Fondo. El mes pasado volvieron a escalar por encima de los u$s7.000 millones, algo que ya había sucedido en mayo. Si bien la mayoría de los rubros marcan una contracción de las compras en el exterior, inclusive las de energía, el FMI reclama que las importaciones caigan más, hasta un nivel acorde con la falta de divisas que tiene la Argentina.
El Gobierno resiste esta posibilidad: no quiere que la actividad económica se resienta en el camino a las elecciones. Y ofrece alternativas como -por ejemplo- los pagos de importaciones utilizando yuanes a través del swap de monedas con China. El rojo comercial de la Argentina alcanzó a los u$s2.690 millones en los primeros cinco meses del año, con una caída de las exportaciones superior a la baja de las importaciones, por culpa de la histórica sequía.
El segundo capítulo de las diferencias en las negociaciones refiere a las cuentas públicas. El FMI se mantiene en el objetivo de que el rojo fiscal de este año sea del 1,9% del PIB. Encaminarse hacia esa meta obligaría a un ajuste adicional ya que las cuentas están mostrando un desvío del objetivo original.
El FMI argumenta que el Gobierno tiene margen para corregir a través de aumentos adicionales en las tarifas de los servicios públicos. El pedido es que los subsidios sólo se mantengan para la franja de la sociedad más postergada. De acuerdo a los últimos datos oficiales, los subsidios económicos muestran un crecimiento del 144% interanual, por encima de la inflación. La posición del Gobierno es que el impacto de la sequía fue brutal. De eso dan cuenta los últimos números de la recaudación impositiva. "Descontada la inflación, la recaudación de impuestos de junio tendría una caída real del 3,7%", apuntó el último informe sobre el tema de la Fundación Mediterránea.
La negativa a una devaluación de un solo golpe, que defiende el Gobierno, llevó a la mesa de negociaciones otras dos posibilidades. Una implicaría una aceleración del "crawling peg", las minidevaluaciones diarias que lleva adelante el BCRA. El mes pasado, el dólar oficial (mayorista) subió 7,1% contra una inflación que cerró junio en torno a esa medida.
En el inicio de este mes, la cotización ya avanzó 0,6%. Un movimiento que no lleva a concluir que vaya a haber cambios sustanciales en la estrategia. Obliga a esperar para sacar definiciones. Lo que también resta por ver es si el Gobierno, tal como quedó planteado en las conversaciones vía zoom entre Buenos Aires y Washington, define una especie de "devaluación fiscal". El cobro de un impuesto adicional a determinadas importaciones. Una salida de ese tipo provocaría un aumento de los precios internos de aquellos productos y servicios que se encarezcan con el nuevo gravamen. Además, provocaría tensiones con otros países.
Postergar pagos hasta el acuerdo Mientras tanto, el Gobierno decidió unificar para fines de julio tres pagos de deuda con el Fondo Monetario por un total de u$s2.600 millones. Es lo mismo que decidió el mes pasado. A falta de un acuerdo, Economía decidió consolidar los giros. Los vencimientos de julio, que estaban escalonados, se cancelarán juntos, lo que le permitirá a las autoridades ganar tiempo para poder pagarlos. iProfesional
