Agentes de la Dirección General de Aduanas (DGA) allanaron las sedes de 18 bancos, ocho estudios contables y 25 sociedades denunciadas por la fuga de 400 millones de dólares que realizaron 176 empresas, a través de falsas importaciones.
Las operaciones desbaratadas fueron hechas por varias financieras y sociedades sin capacidad económica ni empleados que entre los años 2020 y 2022 hicieron giros de dinero sin haber importado nada.
Las maniobras habían sido hechas el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), que en octubre de 2022 fue sustituido por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Es decir que utilizaron documentación y SIMIs falsas con el único objetivo de fugar divisas al exterior. Los giros se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución –fundamentalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida- que están vinculadas a argentinos.
Los allanamientos estuvieron a cargo de la División Lavado de Activos de la Policía Federal y se realizaron en entidades ubicadas en el microcentro porteño y las ciudades de Rosario, Córdoba y Bahía Blanca. En el caso de algunos estudios contables y jurídicos, se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas. Muchas de las empresas allanadas –señaló Aduana- no estaban habilitadas como importadores o exportadores, sino que fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta ilícita. Aduana puso en conocimiento de la situación al Homeland Security Investigations de Estados Unidos para recabar información de las empresas en ese país y que también brinde información sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas allí.
La principal novedad que presenta esta operatoria es que jamás ingresó mercadería alguna al país, y que se calcula que el BCRA destinó -de piso- más de u$s325 millones para girarle divisas a firmas que habían sido creadas para este fin, sin empleados, sin actividad relacionada al comercio exterior, y presididas por indigentes, jubilados o personas en estado de vulnerabilidad, según confirmó Ámbito de fuentes de la investigación.
