La obra pública fue uno de los sectores elegidos por el gobierno de Javier Milei para comenzar con su plan de ajuste. Así se desprende de los datos difundidos por la secretaría de Hacienda, que la semana pasada informó que el sector público nacional cerró enero con un superávit primario de 2 billones de pesos.
Es que, si se analizan los "gasto de capital", que es el ítem que en el presupuesto detalla el financiamiento de las obras de infraestructura, se observa una caída en términos reales del orden del 86%. Así lo indicó un estudio elaborado por el IARAF, que dio cuenta que los gastos de capital en enero del 2024 fueron de $77.105 millones, dato que se ubicó por debajo de los $155.000 millones del mismo mes de 2023. Esta cifra marca una caída del 50,3% en términos nominales y del 86% en términos reales, explicó el estudio.
"Se aprecia que 15 de los 16 componentes del gasto tuvieron caídas. La excepción fueron las prestaciones del INSSJP, que tuvo un incremento interanual real del 3,4%. Los rubros que mayor caída real tuvieron fueron: transferencias de capital a provincias (- 98,3%), subsidios a otras funciones (-92,2%), inversión real directa (-81,2%), subsidios a la energía (-77,2%) y Transferencias corrientes a provincias (-72%)", destacó el informe del IARAF.
En tanto, según se desprende de los datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía, las cuatro partidas presupuestarias principales del Ministerio de Infraestructura (Secretaría de Transporte, Vialidad Nacional, Vivienda y Obras Públicas) tuvieron gastos pagados efectivamente por apenas $65.700 millones, unos u$s78 millones. ----- Se observa entonces que La secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, pagó solo $729 millones. La de Obras Públicas, tuvo presupuesto pagado por $978 millones. Al incorporar todo el resto de los organismos que integran Infraestructura, el gasto habilitado por el Palacio de Hacienda fue de $75.200 millones, unos u$s90 millones al tipo de cambio oficial.
El recorte en la obra pública impacta de lleno en la actividad y preocupa a los empresarios del sector. De hecho, días atrás el Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) declaró el Estado de Emergencia en todo el país y advirtió por el futuro de 1.400 empresas y 200.000 empleos. Los representantes de distintas empresas plantearon los problemas que enfrentan, "muchos de carácter terminal; y emitieron una cruda Declaración en la que señalaron que, de persistir la grave situación actual, tendrá efectos irreversibles sobre el sector en particular y la economía en general".
La Cámara alertó por el "peligro de despidos masivos" en todo el país, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal, la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente. El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones. También instó "a las autoridades nacionales y provinciales a instrumentar, de manera inmediata, medidas en su jurisdicción que, al menos, permitan mitigar transitoriamente la situación de crisis extrema por la que atraviesa el Sector". (...)
iP
