La nueva Administración del estado de Nueva York, la recién designada gobernadora Kathy Hochul aumentó en 12.000 las personas que fallecieron por Covid-19 en el estado. La cifra contrasta con la publicada por su antecesor, Andrew Cuomo, quien ya enfrentaba cuestionamientos por una presunta discordancia en los números reportados, y quien dejó su cargo el pasado 23 de agosto tras dimitir en medio de un escándalo por acoso sexual.
“El público merece una imagen clara y honesta de lo que está sucediendo, sea buena o mala, necesita saber la verdad, así es como restauramos la confianza", dijo Hochul en la Radio Nacional Pública estadounidense (NPR). "La transparencia será el sello distintivo de mi gestión", indicó Hochul, según informó la cadena de noticias CNN. El recuento utilizado por Cuomo en sus reuniones informativas para los medios de comunicación y en el rastreador de muertes por Covid-19 del estado incluyó sólo los fallecimientos a causa de la enfermedad provocada por el coronavirus confirmadas por laboratorio y reportadas a través de un sistema estatal que recopila datos de hospitales, hogares de ancianos y centros de atención para adultos.
Eso significó que el recuento excluyó a las personas que murieron en el hogar, en un hospicio, en las cárceles o en hogares estatales para personas con discapacidades. También excluyó a las personas que probablemente murieron por Covid-19 pero que nunca obtuvieron un resultado positivo para confirmar el diagnóstico. Este miércoles, el sitio web del estado incluía el recuento más alto. Durante la primavera de 2020, cuando Nueva York era el epicentro de muertes por Covid-19 en Estados Unidos, Cuomo surgió a los ojos de muchos estadounidenses como un héroe de la pandemia por sus sesiones informativas diarias y su lenguaje severo pero tranquilizador. Pero sus críticos lo acusaron durante mucho tiempo de que manipulaba los datos para pulir su imagen. Los fiscales federales indagaron sobre el manejo de los datos por parte de su gestión, así como el comité judicial de la Asamblea estatal, como parte de una investigación de juicio político.
