La Cancillería de Ecuador dijo el lunes que demandó a México ante la Corte Internacional de Justicia por la concesión de asilo por parte de México al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. Ecuador alega que México no cumplió con sus obligaciones internacionales al conceder asilo al exvicepresidente, condenado dos veces por corrupción y que ahora enfrenta nuevos cargos, según señalaron por separado la CIJ en una presentación y la Cancillería del país.
Glas, fue arrestado este mes durante una redada policial en la embajada de México en Quito, donde vivía desde diciembre; una redada que generó críticas internacionales y México ya demandó a Ecuador ante la CIJ de la Haya por el incidente. Los representantes de Ecuador ante el tribunal de La Haya presentaron la demanda, dijo la Cancillería en un comunicado, "por las violaciones de México de una serie de obligaciones internacionales, por la conducta de ese país desde el 17 de diciembre de 2023".
La demanda alega que México interfirió en asuntos locales ecuatorianos y otorgó indebidamente asilo político a Glas, y también menciona declaraciones "injuriosas" del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, añadió el ministerio. Ecuador ha defendido desde que se concedió la medida que México no puede dar asilo a Glas porque éste se enfrenta a cargos penales pendientes, y previo al asalto a la embajada se quejó de los comentarios de López Obrador sobre la violencia electoral en el país. Está previsto que esta semana se celebre en La Haya la audiencia sobre la demanda mexicana, en la que el miércoles Ecuador presentará su defensa.
México, en su propia demanda, presentada a principios de este mes, señaló que Ecuador violó el derecho internacional y un tratado de las Naciones Unidas sobre relaciones diplomáticas al llevar a cabo la incursión armada en su embajada. Del lado de Ecuador, un tribunal ha dictaminado que aunque la controvertida detención de Glas fue ilegal éste debe permanecer en prisión, donde se encuentra por el momento, debido a sus condenas anteriores. Su equipo jurídico ha anunciado que recurrirá esta decisión.
El exvicepresidente enfrenta actualmente cargos de malversación de fondos recaudados para ayudar a la reconstrucción de la provincia costera de Manabí tras el devastador terremoto de 2016.
Reuters
