Como si algo faltara para profundizar todavía más el distanciamiento entre los gobiernos de Argentina y Brasil, en las últimas horas reapareció un tema sensible que amenaza con abrir un nuevo frente entre los principales líderes del Mercosur: el gobierno del vecino país acaba de enviar al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación el pedido formal de extradición de decenas de militantes y activistas identificados con el ex mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, que se encuentran en la Argentina residiendo en calidad de refugiados, o que entraron de manera irregular al país para evitar la detención.
Fue la Policía Nacional de Brasil la encargada de enviar solicitudes de arresto para extraditar a los 63 bolsonaristas refugiados en Argentina tras su participación en el asalto a las sedes de los Tres Poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023, a una semana de la asunción de Lula da Silva. Ese día, miles de bolsonaristas que rechazaban el resultado de las elecciones presidenciales, invadieron las sedes de los tres poderes clamando por una intervención militar que repusiera a Bolsonaro en el poder.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) finalmente ordenó la extradición de los bolsonaristas auto-asilados en Argentina que se habían profugado luego de romper la tobillera electrónica que usaban bajo libertad condicional.
El propio magistrado del STF, Alexandre de Moraes, remitió el pedido de extradición al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Relaciones Exteriores para iniciar el trámite internacional que permita que los prófugos retornen a Brasil. La orden de la Justicia brasilera fue recepcionada por la Cancillería argentina, que analiza el escrito y evalúa los pasos a seguir.
Sin lugar a dudas, la orden judicial de De Moraes profundiza las asperezas entre Brasilia y Buenos Aires. Milei no está dispuesto a conceder un gesto hacia Lula, por lo que desde el vecino país presionarán al Palacio San Martín para agilizar las extradiciones. Hasta ahora, alrededor de 200 personas han sido formalmente condenadas por la Justicia de Brasil por el intento de golpe contra Lula, acusados de delitos de asociación armada, daños calificados, deterioro de bienes, abolición violenta del Estado de derecho e intento de golpe de Estado.
La entrega de los ciudadanos brasileños como respuesta a los pedidos de extradición podría generarle un disgusto político a Javier Milei, aliado de Bolsonaro. En línea con el discurso de la ultraderecha brasileña, el mandatario argentino criticó recientemente al juez Moraes, por haber ordenado, en agosto último, la suspensión de la plataforma X de Elon Musk.
Mientras, la Justicia de Brasilia acompaña el pedido con documentación que respalda la orden de extradición. A partir de ahora, Argentina debe cruzar información con áreas técnicas para resolver la situación de las personas acusadas. Deberán constatar en la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) si se trata de “refugiados” o no, para analizar si remiten la extradición al tribunal brasileño.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, a cargo Mauro Vieira, se contactó con la Cancillería argentina para dar cuenta de esta situación. En este marco, la tensión constante entre Milei y Lula, por diferencias ideológicas, dificulta la gestión de este litigio.
