Se trata del jefe del Escuadrón Aguaray, un alférez y un sargento. Junto al dueño de una finca colindante con el Estado Plurinacional de Bolivia, están acusados de dirigir maniobras tendientes al paso ilegal de camiones, previo pago de un “peaje”.
Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, integrado por los jueces Domingo Batule, Abel Fleming (presidente) y Gabriela Catalano, lleva adelante desde ayer un juicio seguido por los delitos de contrabando y cohecho contra el ex jefe del Escuadrón Aguaray de la Gendarmería Nacional, comandante principal Marciano Alberto Páez, el alférez Diego Ernesto Radaelli y el sargento Rodolfo Ayala, ambos del mismo escuadrón, y a Alberto Martín Crossa, propietario de una finca ubicada en la localidad de Campo Durán, en el Departamento General San Martín, en el norte de la provincia.
Páez, Radaelli y Ayala están acusados por el delito de contrabando de granos. En el caso de los dos primeros, la fiscalía reclama que sea agravado por el número de intervinientes y por la participación de funcionarios de una fuerza de seguridad nacional, mientras que al sargento se le endilga solo el segundo agravante.
En concurso real, y para los tres efectivos, la fiscalía también les imputó el delito de cohecho pasivo, en calidad de coautores. En el caso de Crossa, la acusación fue también por contrabando de granos con ambos agravantes más el cohecho, pero activo y en grado de autor.
Páez, Radaelli, Ayala y Crossa fueron detenidos el 5 de julio del año pasado y dos días después el fiscal Villalba formalizó la imputación penal ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya. Las detenciones fueron parte de numerosos procedimientos realizados tanto en el Escuadrón de Aguaray, como en otros domicilios, lo que generó un gran despliegue de efectivos en la zona.
En la audiencia de ayer, como es usual, el tribunal identificó a los acusados y dio paso a los alegatos de apertura. El representante del Ministerio Público Fiscal, junto a la auxiliar fiscal Roxana Gual, presentaron el caso a los jueces, mencionaron las pruebas a producir en el juicio y precisaron la calificación legal.
El fiscal resaltó que el caso a ventilarse refleja un hecho de “corrupción galopante” dentro de Gendarmería Nacional y de “grandísima escala”, el cual causó un “perjuicio enorme” para el fisco, pues no se trató de un contrabando hormiga, sino de camiones que cruzaban ilegalmente la frontera a través de la finca del acusado Crossa, todo ello en plena pandemia del COVID-19.
La maniobra Villalba resaltó el rol del finquero, quien -según explicó- fue funcional a las maniobras de contrabando al poner su propiedad a disposición del resto de los acusados como paso hacia territorio boliviano, dado que la parte posterior limita con el país vecino.
Adelantó que, a lo largo del juicio, que tiene en carpeta alrededor de 150 testigos, probará que la finca de Crossa fue clave en la maniobra, la que fue iniciada por el sargento Ayala junto a otros dos prófugos y el finquero, en noviembre del 2020.
En esa primera etapa, describió el fiscal, se pactaba con determinados transportistas el pago de una coima y se pasaba la chapa patente al sargento, quien allanaba el camino para que esos camiones tuvieran el paso libre hasta la finca de Crossa, que fungía como la puerta hacia Bolivia.
El fiscal añadió que ese negociado fue advertido por Páez y Radaelli, quienes lejos de ponerle fin tomaron la posta y agrandaron el radio de ilegalidad, como también el flujo de ingresos por el sistema de “peaje” que habían impuesto, el cual incluía, por otra parte, la aplicación de un férreo control a los transportistas que no accedían al pago de coimas, las cuales rondaban entre los 150 y 200 mil pesos por camión.
Villalba sostuvo que, de esta manera, los acusados llegaron a percibir sumas siderales por liberar la ruta, accionar que se facilitó debido a que otros organismos de contralor, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por ejemplo, retiraron el personal del puesto de control a raíz de las medidas sanitarias dispuestas en el orden nacional.
La maniobra, sin embargo, fue advertida por la AFIP, que se presentó ante la fiscalía para pedir que se investigue el caso. La solicitud también fue impulsada por “las principales autoridades de Gendarmería Nacional, fuerza que se puso a disposición del fiscal, pues también habían percibido que algo raro sucedía en Aguaray”, explicó el fiscal.
Añadió que, en materia de evidencias, se sumaron una denuncia anónima, información aportada desde otro expediente derivado desde la provincia de Santa Fe, la declaración de un testigo de identidad reservada y el secuestro del celular de uno de los prófugos.
La cantidad de pruebas y el resultado de tareas de campo e inteligencia criminal en torno al caso llevaron a la fiscalía a solicitar la detención de los acusados, pues todo indicaba la connivencia de los efectivos del escuadrón de Aguaray en el contrabando.
En tanto, durante la audiencia de ayer las defensas se limitaron a cuestionar la acusación, el valor de las evidencias traídas a debate por la fiscalía, sin presentar ni adelantar cuáles serán los elementos de prueba o argumentos sobre los cuales fundarán la inocencia de sus defendidos.
El fiscal expuso que el sistema de “peaje” que habían impuesto los gendarmes incluía la aplicación de un férreo control a los transportistas que no accedían al pago de coimas, las cuales rondaban entre los 150 y 200 mil pesos por camión.
Perjuicio millonario. Abierto el debate, los acusados se abstuvieron de prestar declaración y se dio paso a la etapa testimonial. El primero en declarar fue el contador Carlos Meneses, jefe de la División Investigación de la Regional NOA de la AFIP, quien se refirió a la operatoria de transporte de granos hacía la frontera. Ante el interrogatorio de la fiscalía, el testigo fue claro respecto al trámite de la carta de porte y su vinculación con el código de trazabilidad de granos (CTG) y también explicó de qué manera ese documento puede ser anulado.
Reveló que, desde enero a noviembre de 2020, advirtieron que había un gran número de operaciones de transporte que eran anuladas, lo que levantó serias sospechas sobre la posible comisión de hechos delictivos, entre ellos contrabando de granos. Explicó que eso repercutía directamente en materia impositiva. Precisó que, de un estudio específico, se pudo establecer alrededor de 45 mil traslados, de los cuales el 10 % terminaban siendo anulados.
De ese número, en tanto, la mitad tenía como destino la localidad de Salvador Mazza. Para mayor claridad, indicó que cada traslado equivale a un camión con una carga promedio de 30 toneladas. También mencionó que los trámites se realizaban mediante una clave fiscal, por lo que no descartó que hubiera un uso ilegal de ese código.
Agregó que, en busca de confirmar este fenómeno, entre el 25 y el 26 de noviembre del 2020, realizaron un control en los puestos de Senda Hachada y Aguaray, donde se comprobó el paso de 83 camiones. De esa cantidad, 43 traslados, con un estimativo de 1.260 toneladas de granos, fueron anulados tras superar esos puestos de control y estimó el perjuicio impositivo de alrededor de los 63 millones de pesos, solamente si se toma en cuenta la aplicación del IVA, cálculos que el testigo realizó en la sala a pedido de la fiscalía y a fin de tomar magnitud del daño.
Ante preguntas de las defensas, que apuntaron a cuestionar los sistemas de control, tanto de la AFIP como de Aduanas, el testigo se mantuvo firme respecto a las irregularidades advertidas desde su área, la cual circunscribió a un fenómeno complejo en materia de posibles hechos ilícitos, entre los que se destaca el contrabando de granos y la evasión fiscal.
