Luis Yudi, quien estaba en libertad, está siendo juzgado junto a otros seis imputados -entre ellos, los hermanos Delfín y Raúl Castedo- por asociación ilícita y lavado de activos. Se fue del país sin autorización y estuvo ausente durante más de un mes y medio. El próximo miércoles comienzan los alegatos. La Unidad de Información Financiera lo hará en primer término.
E l Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, a instancia de un planteo del fiscal general Carlos Martín Amad, ordenó ayer al mediodía la prisión domiciliaria de Luis Yudi, uno de los siete imputados -que estaba en libertad- que son juzgados desde el 3 de noviembre pasado por el delito de asociación ilícita y lavado de activos. La orden judicial fue propiciada por la ausencia del juicio durante más de un mes del imputado, quien realizó un viaje a Siria sin dar aviso.
Yudi, de 80 años de edad, está acusado en el juicio junto a su hermano Alberto y a un hijo de éste, de nombre Mario; los hermanos Raúl y Delfín Castedo y la exesposa de este último, Melba Araujo; y el martillero público Eduardo Torino, quienes de acuerdo a la investigación arribada a esta instancia conformaban una organización dedicada al narcotráfico a gran escala en el norte de la provincia.
El tribunal está integrado por los jueces Federico Santiago Díaz (presidente), Mario Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek. La acusación, en tanto, es dirigida por el fiscal Amad y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, ambos en representación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del NOA, que llevó adelante la investigación del caso.
Como todos los miércoles, el tribunal reanudó el debate. En esa instancia el fiscal Amad solicitó la prisión domiciliaria de Yudi. El fiscal señaló que la conducta puesta de manifiesto por el imputado al salir de viaje sin dar aviso puso en crisis la realización del juicio.
Al fundamentar su pedido, explicó el derrotero realizado por Yudi entre el 27 de julio y el 19 de septiembre pasado. El fiscal indicó que el imputado salió por el paso de Salvador Mazza, donde reside, hacia Bolivia y que, desde allí, se dirigió a Madrid, en España, para luego viajar a Turquía. Posteriormente visitó El Líbano y Siria. El 26 de agosto, en tanto, registra una visita de un día en El Líbano, tras lo cual se dirigió a Siria por 15 días, para luego emprender el regreso a este país por la misma ruta. El viernes pasado fue detenido cuando ingresó al país por el control migratorio de Salvador Mazza.
La ausencia de Luis Yudi fue descubierta el miércoles pasado, cuando se informó sobre la diligencia de notificación que el personal de la Gendarmería Nacional realizó en su vivienda. En esa oportunidad un empleado reveló que el acusado se había ido de viaje a Siria y que regresaría en quince días.
Pariente enfermo. Ante ello, la fiscalía solicitó la captura nacional e internacional del imputado. La medida fue convalidada por el tribunal, como también otros requerimientos, entre ellos la retención de pasaporte del resto de los acusados y, en el caso de Araujo, Alberto Yudi y su hijo Mario, la obligación de presentarse diariamente ante la Gendarmería.
A su retorno, Luis Yudi fue detenido y ayer participó de la audiencia, en la cual explicó que realizó el viaje a Siria para visitar a un pariente enfermo. Aunque reconoció que lo hizo sin solicitar la autorización judicial del caso, trató de justificar su accionar en el hecho de que no registraba prohibición de salir del país.
Este argumento, sin embargo, fue rebatido por el fiscal Amad, quien resaltó que el imputado estaba notificado de las audiencias programadas. “Con la conducta demostrada, el acusado dejó en claro que puede fugarse cuando quiera”, sostuvo el fiscal, para luego requerir que se disponga su prisión domiciliaria al menos hasta que se dé a conocer el veredicto del juicio. Al aceptar la solicitud del fiscal, el tribunal dispuso también que al detenido se le coloque una pulsera electrónica.
El fiscal pidió asimismo que se remitan las grabaciones de las cinco audiencias en las que estuvo ausente el imputado a fin de que tome conocimiento de su contenido y, de esta forma, evitar posibles planteos de nulidad por parte de su defensa. La solicitud fue también aceptada y dispuesta por el tribunal.
Posteriormente, se dio paso a la incorporación por lectura de una serie de pruebas documentales, para finalizar la audiencia con las declaraciones de Torino, Delfín Castedo y Araujo, quienes insistieron en negar las acusaciones y brindar explicaciones sobre determinados hechos, sin llegar a afectar la teoría de la acusación.
Cerrada la etapa de pruebas, el tribunal dispuso el inicio de la etapa de alegatos a partir del 28 de septiembre. Ese día la Unidad de Información Financiera, en calidad de querellante y representada por la abogada Emilia Figueroa, presentará su pedido al tribunal respecto a los acusados. El 12 de octubre, en tanto, lo hará la fiscalía.
Hipótesis criminal. A lo largo del debate, la fiscalía sustentó el rol criminal de cada uno de los imputados, en particular de Delfín Castedo, a quien considera “jefe” de una asociación ilícita de carácter estable, con soporte estructural, división de roles y con capacidad para articular acciones destinadas a sostener el desarrollo de la actividad delictiva en el tiempo. Tanto con prueba testimonial como documental, la fiscalía brindó sustento a las operaciones ejecutadas por esta organización en las provincias de Salta y Buenos Aires. Las maniobras investigadas tuvieron por finalidad la comisión de hechos de tráfico ilícito de estupefacientes y la conversión, transferencia, administración y venta de bienes provenientes de ese tráfico, con el objeto de que aquellos adquirieran la apariencia de origen lícito.
A criterio de la fiscalía, durante el debate se estableció que la asociación criminal también se dedicó a la perpetración de los delitos de amenazas, homicidio, tenencia de armas, cohecho, infracción a la ley de fronteras y falsificación y uso de documentos apócrifos.
En esta línea, el MPF considera probada la participación de los Yudi, quienes se identificaron como una familia de comerciantes de Salvador Mazza, en las actividades dirigidas por los Castedo. Con respecto a Araujo y Torino, la fiscalía entiende que que fueron miembros funcionales de la organización con un rol específico en el lavado de activos de origen ilícito.
