El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, aseguró hoy que el gobierno nacional "apuesta al consenso entre las provincias", de cara al encuentro que mañana encabezará junto a Rodolfo Suarez, gobernador de Mendoza, y a los gobernadores de Río Negro, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires, en el marco de la primera reunión del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), donde se tratará la construcción de la represa eléctrica Portezuelo del Viento. "La intención del gobierno nacional es garantizar el ámbito de diálogo para que alcancen un acuerdo. Entendemos que son las propias provincias las que tienen que consensuar lo que tiene que ver con sus recursos compartidos", explicó Wado de Pedro según un comunicado difundido por la cartera de Interior.
Se sabe que La Pampa es la que férreamente se ha opuesto al levantamiento de Portezuelo (que se realizará sobre el río Grande, afluente del Colorado), pero además mantiene una disputa histórica con Mendoza por las aguas del río Atuel. En la provincia vecina descreen que se pueda garantizar desde aquí el control de la presa, por lo que exigirán que el mismo lo administre el Coirco, además de pedir más estudios de Impacto Ambiental.
Puntualmente, la propuesta que llevará Suárez será la siguiente:
- Un “fideicomiso público de garantía” de U$S 5 millones, que saldrán del dinero destinado a la obra o por el importe equivalente en energía producida por la obra.
- Si no hay sanciones contra Mendoza una vez terminada la etapa de llenado, “los intereses del patrimonio inicial serán computados como aportes al desarrollo del plan integral del Coirco, los que se liquidarán anualmente”.
- Ampliar las facultades del Coirco como autoridad de aplicación de las normas de manejo de agua y primer llenado.
- Aumentar la cantidad de fiscalizadores, costeados por Mendoza “para velar por la operación del Proyecto”.
Desde La Pampa, el propio gobernador, Sergio Ziliotto, indicó que se rechazará la propuesta de Mendoza: “no negociamos nada si el Coirco no es la autoridad de aplicación y si no se hace un estudio de impacto ambiental en el marco de la Ley Nacional de Obras Hidráulicas”. “Como está planteada, la obra no tiene ningún asidero. No queremos ningún privilegio. Queremos que se aplique la ley. La autoridad de aplicación debe ser el Coirco y hay que volver al camino de la legalidad”, sentenció.
Hay que recordar que Suárez había desterrado la idea de que el Coirco maneje la represa o que se ponga en discusión. “Es de Mendoza”, cerró.
Fuente: Los Andes / mdz
