Por primera vez, la Justicia dio un paso a derecho que puede hacer caer la causa de las fotocopias de los cuadernos, uno de los expedientes que más usufructuó el macrismo para atacar al peronismo y a Cristina Fernández de Kirchner. Es que la Cámara Federal de Casación Penal, máxima instancia penal del país, le exigió al juzgado desde el que Claudio Bonadio impulsó la investigación hasta su fallecimiento, las grabaciones de las declaraciones de los "arrepentidos" obligatorias por ley que nunca ordenaron ese juez ni el fiscal Carlos Stornelli y que obviaron los trasladados a dedo Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
En concreto, tal como reveló Tiempo Argentino en una nota de Néstor Espósito, los camaristas Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone dispusieron una “medida para mejor proveer”, lo cual implica un requerimiento previo a resolver planteos de fondo, como nulidades, sobreseimientos y oposiciones a elevación a juicio oral. “Como medida para mejor proveer y con suspensión del plazo de deliberación, requiérase –con carácter de urgente- al Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 remita a esta judicatura soporte fílmico, digital u otro medio técnico en el cual se hayan registrado las declaraciones efectuadas en el marco del acuerdo de colaboración por los imputados arrepentidos”, sostiene la decisión de los jueces a la que accedió el mencionado medio.
El artículo 6 de la ley 27.304 -conocida como "ley del arrepentido", impulsada y sancionada por el macrismo- determina que “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”. Sin embargo, el tratamiento del expediente nacido por las anotaciones del chofer Oscar Centeno en cuadernos que desnudaban, presuntamente, la corrupción kirchnerista, hasta ahora había obviado la ley: empresarios declararon y sus supuestos testimonios espontáneos resultaron clave para sostener la causa y meter presos a ex funcionarios kirchneristas, pero en todas las instancias judiciales habían considerado que las actas que firmaron los imputados eran suficientes como “medio técnico idóneo”, sin ningún registro sonoro ni audiovisual.
El fiscal rebelde Stornelli y el fallecido juez Bonadio no habrían ordenado grabar nada o al menos nunca mostraron tales registros ante los reiterados pedidos, y lo actuado por esto fue ratificado en múltiples oportunidades por dos jueces de Cámara: Bruglia y Bertuzzi, quienes ahora buscan que el macrismo y la Corte los salven de volver a sus tribunales constitucionales. Como recuerda Tiempo, los abogados defensores Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, por el ex ministro Julio De Vido, cuestionan desde el inicio del expediente las condiciones de arrepentimiento, ya que sospechan que la incorporación de los empresarios imputados a ese régimen que implica reconocer responsabilidades penales a cambio de reducir sustancialmente sus consecuencias en un juicio oral, no fue producto de una decisión voluntaria. Según evalúan, todos o casi todos los arrepentidos fueron presionados por Stornelli y Bonadio para involucrar en la investigación a CFK, entonces senadora y actual vicepresidenta de la Nación, y a los funcionarios que la acompañaron en su gestión presidencial.
Con la muerte de Bonadio, el juzgado 11 de Comodoro Py quedó en manos de Marcelo Martínez de Giorgi. Esto significa que éste deberá buscar en si esas grabaciones existen y, si es así, entregarlas a Casación Penal para que se corrobore si los "arrepentidos" dijeron lo que escribieron el fallecido juez y Stornelli. Si, en cambio, no hay ningún registro, como se sospecha, tiembla el expediente. Si no aparecen los registros que exige la Justicia, todos los procesados, presos y enviados a juicio oral por Bonadio y Stornelli y confirmados por Bertuzzi y Bruglia, iniciarán nuevas rondas de pedidos de nulidad en los tribunales, esta vez con el as de espadas en la mano. Qué dirá el macrismo y la prensa opositora si ocurre esto último es cantado, aunque esté claramente ajustado a derecho. Fuente: Política Argentina
