De acuerdo a datos del Fondo Monetario Internacional, la deuda externa de Argentina prácticamente se duplicó entre 2016 y 2019. Pasó de representar el 50% del PBI a significar más de un 90%. Como en todo proceso económico, hubo ganadores y perdedores. Entre los últimos, se ubican un grupo de consultoras que, de acuerdo a un reciente relevamiento de la Auditoría General de la Nación al que pudo acceder Ámbito, se llevaron en promedio un 8% de lo contraído con organismos multilaterales. Esa cifra es cuatro veces más que el criterio postulado por el organismo de control. En el caso de un crédito puntual , todo el dinero ejecutado se utilizó para pagar gastos de administración.
La AGN realizó un examen especial sobre el proceso de priorización y aprobación de proyectos financiados con créditos internacionales. El período comprendido va desde 2016 a 2019 inclusive. Entre los principales hallazgos, llamó la atención de los auditores el nivel de gasto en administración y consultorías, que fue en promedio del 8%, cuando el criterio del organismo de control indica que debían ser de entre el 1% y el 2%. Por el momento se desconoce cuáles son las firmas en cuestión y quiénes son los propietarios, ya que este no era el objetivo de la investigación.
En el documento al que pudo acceder este medio, se evaluaron préstamos contratados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Para ese entonces, de un total de u$s27.141 millones en préstamos activos, los multilaterales representaban más de u$s18.600 millones. Por lo que la muestra es materialmente representativa. Además, de los elevados gastos de consultoría, la Auditoría añadió que la información entregada por el Ministerio de Finanzas “carece de un detalle de los gastos aplicados a costos de administración de los proyectos evaluados”, lo que “dificulta realizar un correcto análisis del nivel de ejecución económico y financiero”.
Entre el centenar de proyectos, el caso más llamativo es el del Programa de “Mejora Integral para Asentamientos Fronterizos”. De acuerdo al cronograma trazado, la ejecución debía terminar en 2020. El objetivo fundamental: construir viviendas. No obstante, el 100% de los desembolsos fueron a parar al ítem Gerencia y Administración, mientras que las categorías Mejora Integral del Hábitat, Regularización Dominal y Fortalecimiento de la Capacidad de gestión no recibieron ningún tipo de inversión. Es decir que no hubo un sólo desembolso aplicado al objetivo final del crédito.
El informe sobre el proceso de priorización y aprobación de proyectos financiados con créditos internacionales, detectó debilidades en el seguimiento de los resultados. También sostiene que “existen préstamos internacionales y proyectos iniciados con datos incompletos en la ficha”. Sobre este punto, señala que por la registración precaria “se afectó el inicio de operaciones de gestiones de crédito”.
Por otro lado, menciona un “cumplimiento parcial de los requisitos para la presentación de los proyectos de inversión de elevada significatividad presupuestaria” y agrega que “esto afectó la evaluación socioeconómica de proyectos de inversión pública con financiamiento internacional”.
