La Corte Suprema de Justicia notificó al Gobierno nacional el fallo por el cual deberá pagarle a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la coparticipación a partir de una medida cautelar. A raíz de esto, el presidente Alberto Fernández anunció la presentación de un recurso de revocatoria y la recusación de los jueces, y adelantó que pagará con bonos. “He instruido al Procurador del Tesoro para presentar un recurso de revocatoria “in extremis” contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta”, indicó el Presidente tras la medida cautelar que favorece a la Ciudad.
Y agregó: “Además, he ordenado recusar a los Jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas”.
“Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como Presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”, dijo al respecto de sus medidas.
En un hilo de mensajes en Twitter, Alberto Fernández se expresó tras ser notificado oficialmente del fallo dictado por la Corte Suprema: “Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional.
“Las políticas públicas que dispone el PEN se aplican en todo el territorio nacional; por lo tanto, si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas”, sostuvo Fernández en Twitter. Según el Presidente, “el actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la Corte Suprema, actuando como instancia única, sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento”. “Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas.
Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la Corte Suprema y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer”, escribió. "También debo respetar las leyes vigentes. El art. 22 de la ley 23.982 indica que los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la ley de Presupuesto", detalló Alberto Fernández aunque advirtió que "ni el Presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos".
De todas formas, el Presidente indicó que se pagarán los fondos de coparticipación así como establece la medida cautelar “a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”. “Instruí a la Jefatura de Gabinete de Ministros para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos. Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar”, confirmó Alberto Fernández.
Según explicó el Presidente, “los bonos consignados, ya fueron aceptados por la Corte Suprema para atender la deuda del Estado Nacional con la Provincia de Santa Fe. Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la Ciudad, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”. “Finalmente, he instruido al Ministerio de Economía para enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22. Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce”, finalizó. m1
