Politica Nacional

El oficialismo de la Cámara de Diputados presentó este viernes el proyecto de Juicio Político contra los jueces de la Corte Suprema. En el proyecto, encabezado por Eduardo Valdés y firmado por otros 11 legisladores del Frente de Todos, pidieron citar a los magistrados (Horacio Rosatti –su presidente-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) a que se presenten para declarar ante Comisión, una posibilidad que podría concretarse una vez que empiece el proceso, aunque los ministros no están obligados a asistir.

Además, se requiere la presentación de Silvio Robles, vocero de Rosatti, y de Marcelo D’Alessandro, ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, así también como a los gobernadores que suscribieron al pedido de enjuiciamiento contra el máximo tribunal, al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, entre otros. Son, en total, 44 testigos, sin contar a los cuatro integrantes de la Corte.

Entre los fundamentos, el proyecto sostiene que “el juicio político que se promueve resulta ser un proceso constitucional llevado a cabo por un órgano constitucional (el Congreso de la Nación) con una función específica y exclusiva, tal como es la de analizar la responsabilidad política de los magistrados acusados y juzgar si aún mantienen la idoneidad necesaria para continuar ejerciendo adecuadamente el cargo que detentan, y de esta forma garantizar la calidad institucional, la legitimidad y credibilidad del Poder Judicial”.

Además, dice el documento, “el proceso que se promueve tiene por finalidad proteger el principio constitucional de idoneidad –tanto técnica como ética– de los magistrados en el desempeño de su cargo, característica que debe permanecer durante todo su ejercicio y que, como tal, y atento a las causales admitidas, abarca no sólo los supuestos de mal desempeño en el ejercicio de la función, sino también aquellos desórdenes de conducta que afectan la investidura personal del magistrado y extienden la afectación a toda la magistratura judicial”.

Según el texto, se solicitará a la presidencia de la Comisión de Juicio Político "la comparecencia y testimonio de las siguientes personas, sin perjuicio de las demás citaciones que a juicio de la comisión correspondan:

1. Lic. Silvio Robles. Director de la Vocalía de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
2. Dr. Marcelo D'Allesandro. Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Bs. As.
3. Lic. Damián Loretti. Profesor e Investigador Universitario. Doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
4.  Gobernadores que suscribieron el acuerdo firmado por el Presidente de la Nación que reproduce el presente proyecto.
5. Dr. Carlos Zannini. Procurador del Tesoro de la Nación.
6. Dr. Eduardo de Pedro. Ministro del Interior de la Nación.
7. Horacio Pietragalla. Secretario de Derechos Humanos de la Nación.
8. Dr. Eugenio Zaffaroni. Profesor Emérito de Derecho de la Universidad de Bs. As.
9. Dr. Eduardo Barcesat. Abogado Constitucionalista. Profesor Universitario.
10. Dr. Baltazar Garzón. Jurista español.
11. A los integrantes de la Vocalía del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Horacio Rosatti.
12. Todos los Directores, Secretarios, Funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados.
13. Cpn. Héctor Daniel Marchi. Administrador Gral. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
14. Lic. Joaquin D. Alperovich. Unidad de Análisis Económico de la CSJN.
15. Cpn. Carmen Maria Odasso. Directora de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
16.  Dr. Sebastián Clérici. Secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
17. Dr. Enrique de Vedia. Prosecretario letrado en la Corte Suprema de Justicia.
18. Dr. Enzo Canonaco. Médico legista.
19. Dra. María Cristina Interlandi. Médica forense y perito de la CSJN.
20. Cpn. Oscar Fernández. Perito de la CSJN.
21. Cpn. Gustavo Montanini. Docente UBA.
22. Abuelas de Plaza de Mayo.
23. Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
24. H.I.J.O.S. Red Nacional.
25. H.I.J.O.S. Capital.
26. Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas.
27. CELS Centro de Estudios Legales y Sociales.
28. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
29. Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte.
30. Liga Argentina por los Derechos Humanos.
31. Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
32. Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina.
33. Asociación Buena Memoria.
34. Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.
35. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza.

Fuente: TELAM  /   Diario Panorama

Después de reunirse con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, doce gobernadores anunciaron su apoyo al pedido de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia y ratificaron que el fallo en favor de Buenos Aires por fondos de coparticipación los perjudica de forma directa.

El gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, abrió una rueda de prensa este martes en la que ratificó "la firma de un pedido de juicio político" por mal desempeño de sus funciones de los cuatro supremos.

Capitanich habló de fallos con “manifiesta parcialidad” que se utilizan “para favorecer a una parcialidad política” (por Juntos por el Cambio, frente que a su vez defiende a la Corte y no votó el pedido para que los jueces paguen impuesto a las ganancias como el resto de los ciudadanos).

El chaqueño dijo que los supremos deberían “ser custodios y guardianes de la Constitución” pero en lugar de eso “los argentinos y las argentinas no pueden estar tranquilos en términos de la salvaguarda de la vida, del patrimonio, honor y la libertad con miembros de la Corte Suprema que violan claramente la Constitución nacional, y los principios esenciales republicanos y federales de gobierno”.

“Nosotros –siguió–, desde las provincias argentinas nos sentimos damnificados por la asignación de recursos de manera antojadiza sin fundamento alguno (por el fallo que le dio más fondos federales a Buenos Aires), y no es cierto que no nos afecta. La defensa de los intereses de nuestras provincias y del federalismo es irrenunciable”.

Además del fallo por la coparticipación que le añade fondos a Caba en un año electoral en detrimento del resto del país, los gobernadores cuestionaron (y denunciaron) la vinculación del juez Horacio Rosatti con un ministro porteño, según una filtración de chats. Hecho que se suma al viaje de jueces federales y el mismo funcionario de Rodríguez Larreta a una mansión del Lago Escondido del millonario británico Joe Lewis e invitados en principio por empresarios de medios.

El juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, fue denunciado este miércoles ante el Consejo de la Magistratura por «mal desempeño» y otros delitos, entre ellos, haber apoyado presuntamente el intento de quiebre del orden institucional en Brasil.

La denuncia, presentada por el presidente de la Fundación Alameda, Néstor Escudero, se basó en la publicación del 8 de enero pasado en la red social Twitter en la que el magistrado -@JuezLopezMDP su usuario- afirmó «Levantamiento popular contra el comunista y ladrón de Lula».

De esta forma calificó el magistrado al actual presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, al referirse a relación a la ocupación violenta de los edificios gubernamentales ocurrida el domingo pasado en Brasil por parte de manifestantes partidarios del exmandatario de ese país Jair Bolsonaro.

La Fundación Alameda, surgida luego del estallido social de diciembre de 2001 bajo el liderazgo del exlegislador Gustavo Vera, sostuvo que López formuló expresiones «contrarias al sistema democrático».

"Manifestar su acuerdo con el alzamiento provocado por grupos de ultraderecha contra un gobierno legalmente constituido, y que pedía la intervención de las Fuerzas Armadas, deja en evidencia que dicho juez no está dispuesto a proteger el sistema democrático" razonó la denuncia.

La presentación ante el Consejo de la Magistratura recordó también en sus fundamentos que el 26 de marzo del año pasado López publicó la imagen de un Ford Falcon verde con el hashtag #ArgentinaDesdelaConcepcion.

"Dicho vehículo -recalcó la Alameda- es una de las imágenes que representan cabalmente los crímenes masivos cometidos por los grupos de tareas que actuaron durante la última dictadura".

Ahora, la presentación deberá ser analizada por los consejeros de la Comisión de Acusación para determinar si existió el mal desempeño u otros delitos y de encontrarlos debe proponer la sanción correspondiente al plenario del cuerpo para su aprobación.   Fuente: TiempoArgentino

En las puertas de un año electoral, la vicepresidenta Cristina Kirchner desmintió que ella haya renunciado a una posible candidatura tras ser condenada a prisión e inhabilitada a ocupar cargos públicos y apuntó: "Ni renunciamiento ni autoexclusión, proscripción". Se refirió a las consecuencias que reciben los dirigentes que aplican medidas redistributivas de los ingresos por lo que marcó que "el miedo es un gran disciplinador de la dirigencia política".

Alentó a la militancia peronista para el año que viene: "Saquen su bastón de mariscal". La vicepresidenta denunció que la estrategia para inhabilitarla de la política "no es nueva" y marcó su comienzo el 9 de diciembre de 2015, cuando se despidió de la militancia en un acto en Plaza de Mayo. "Hay una precisión y una cronología electoral casi quirúrgica", denunció.

En cuanto al fallo que la condenó a seis años de prisión y la inhabilitó a ocupar cargos públicos en la causa Vialidad, recordó el decreto 4151 a través del cual se prohibía decir las palabras "Perón", "Evita" y se prohibía cantar la marcha peronista. "Este es el tema dela proscripción, que es fundamentalmente un acto de disciplinamiento hacia el conjunto de la dirigencia política argentina para que nadie se vuelva a animar a tanto, a recuperar las AFIP. por ejemplo, o YPF, o mejorar la distribución del ingreso de nodo tal que los trabajadores participen del PBI y que tengan el mejor salario", aseguró.

En otro tramo de su discurso, se refirió por primera vez al grupo de jueces, camaristas, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y directivos del Grupo Clarín que se encontraron en Lago Escondido y denunció que es precisamente ese grupo de medios el que "comanda el Estado paralelo que tiene la Argentina". La Vicepresidenta dio ejemplos claros de cómo los supremos de la Corte toman medidas que influyen en el día a día de los argentinos y argentinas y explicó: "El partido judicial está influyendo sobre la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas por ejemplo cuando te arrancan la cabeza con la facturación del celular, de internet y del cable. Eso es porque hubo un juez que así lo dictó; lo mismo pasó con las prepagas, con la comisión de defensa a la competencia que obligaba a los shoppings y centros comerciales a respetar los precios y tampoco le hicieron lugar".

Antes de cerrar, Cristina Kirchner dedicó unos minutos de su discurso al diputado del PRO Gerardo Milman y denunció la "doble vara" con la que se lo está juzgando a él en comparación con otros legisladores y/o funcionarios, en relación a su vínculo con el intento de magnicidio contra ella, que investiga la Justicia. "Qué pasa cuando nos enteramos en los medios que el señor tiene no se cuántas señoritas a cargo y que siendo integrante de la Comisión de Seguridad tenía vinculaciones y contratos con empresas de seguridad", apuntó. Seguidamente, la vicepresidenta denunció que hay "impunidad" para todos aquellos que no son peronistas y graficó: "Y a todo aquel peronista se le inventan cosas y afuera".

Por último, Cristina se hizo una pregunta retórica sobre si es "sostenible" un país con estos desiguales "parámetros en la administración de justicia" para contestar que "no" e invitar a toda la militancia a hacer un gran esfuerzo en los tiempos que vienen. (...)   eldestape