La compañía norteamericana rastrea basura espacial en la órbita de circulación de satélites militares y civiles. Llegó en 2021 para instalar su séptimo radar en Tolhuin pero esta semana se supo que está asociada a capitales británicos. Defensa suspendió la instalación. Soberanía tecnológica, geopolítica y la historia.
La compañía de radares LeoLabs Argentina SRL no sólo es un proyecto. Es real. Está asentada en una estancia privada a la vera de la helada ruta nacional 3 en la localidad fueguina Tolhuin, tercera ciudad de la provincia. Con permiso de obra civil y medio ambiental, construyó una estructura e instaló equipos que trajo de afuera, no compró en un almacén. La planta ya está finalizada al 50 por ciento. Además, hasta su reciente suspensión, estaba activa y en fase de prueba, según fuentes directas y contra la información del gobierno. A mediados de junio, Jorge Taiana metió la nariz en el asunto del radar y el 22 Agustín Rossi frenó los permisos de manera temporal. Ahora todo quedó paralizado, tal como cotejó una inspección del gobierno que voló el jueves pasado a Tolhuin en medio del revuelo del cierre, pero a tres años del desembarco de la compañía y a varios meses de un permiso “precario” que partió de una subsecretaría de la Jefatura de Gabinete en noviembre de 2022, era Juan Manzur. La conocida cercanía del tucumano con la Embajada no lo ayuda: mientras cada quien se lava las manos, el exministro caído en desgracia podría ser uno de los que empujó el acuerdo, según un dignatario de Casa Rosada.
Si tal como sostienen los documentos de la Inspección General de Justicia de Tierra del Fuego difundidos esta semana en medios locales, LeoLabs es una compañía integrada por capitales británicos, y no sólo norteamericanos, para el país se convierte en un problema geopolítico netamente de defensa. En esa línea lo dejó planteado el gobernador Gustavo Melella en las últimas horas y desde esa lógica se explica el parate temporal del gobierno, que abrió un paraguas para ganar tiempo y abrirle el juego a Cancillería y a Defensa. La hipótesis británica no es el único problema que analiza el gobierno. También estudia la dimensión de seguridad militar y científica. La instalación de un radar dedicado al estudio de desechos satelitales o basura espacial como en este caso, puede tener impacto ante un hipotético escenario de conflicto bélico o transformarse en objetivo de valor estratégico de ataque o defensa. Desde el punto de vista científico, no está clara la retribución que recibe el país por su instalación pero tampoco existe compromiso alguno escrito de transferencia tecnológica.
“La nueva resolución de Jefatura que suspende la autorización precaria, habilita y le da intervención al ministerio de Defensa y a la Cancillería”, explicaron en el gobierno. “Luego de estudiar y analizar los fundamentos del proyecto, se elevará una posición. Es un tema y un proyecto en el que Cancillería hasta la resolución de Rossi, no había participado. Pero aún así hay un tema, simbólico y no menor: las webs de la empresa norteamericana (a la que se la vincula con otras sociedades británicas) no tienen a las Malvinas en su mapa oficial que señala la localización de sus radares”. (...) Página12
