El Senado aprobó por más de dos tercios el proyecto que aumenta las jubilaciones en un 8,1 por ciento y pliega el índice de actualización mensual al Índice de Precios al Consumir (IPC), una iniciativa que ya había tenido la media sanción de la Cámara de Diputados y sobre la que presidente Javier Milei había advertido que, de sancionarse, la vetaría.
Fue por 61 votos afirmativos, ocho negativos y cero abstenciones, en general; y en particular, la oposición logró blindar todos los artículos sensibles para el Gobierno nacional con más de los dos tercios de los votos necesarios para responder a un eventual veto del Poder Ejecutivo (ver más adelante en esta nota).
Además del aumento de 8,1 y el cambio en la fórmula de actualización, la iniciativa contempla que, en marzo de cada año, se aplicará un aumento del 50 por ciento de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del IPC del año anterior. De esta manera, aunque muy de a poco, abre la posibilidad de una recomposición a largo plazo de las jubilaciones, instancia bloqueada por el decreto firmado por el gobierno de Milei.
A su vez, dispone que la ANSES "garantizará, para el caso de las personas que perciban un solo beneficio, el pago de una prestación con un suplemento dinerario de carácter alimentario, de forma tal que los ingresos totales no sean menores al último valor de la canasta básica total por adulto multiplicado por 1,09".
También instruye a ese organismo a que cancele la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales "no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios que cuenten con sentencia firme, dentro de los 6 meses de la promulgación de esta ley".
Su aplicación significará un gasto del 0,43 por ciento, según especificó un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Una cifra menlr a la baja en Bienes Personales impulsada por el gobierno a favor de los sectores más pudientes de la sociedad. Ante este panorama, Milei aseguró que utilizaría, por primera vez, su facultad de veto, al calificar como «degenerados fiscales» a los diputados cuando le dieron luz verde al proyecto.
El inicio del debate en el recinto se demoró varios minutos porque, según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, la senadora del PRO y presidenta de la Comisión de Previsión Social, Carmen Álvarez Rivero, se habría negado a ser la miembro informante del proyecto. Por lo tanto, la presentación del proyecto, que tuvo solo 13 artículos y que consiguió ser dictaminado por una mayoría construida por el kirchnerismo, radicales y un bloque federal, quedó en manos del senador Mariano Recalde, de Unión por la Patria (UxP), que comenzó su alocución pasadas las 12.30.
Uno de los primeros en tomar la palabra fue el radical Martín Lousteau , uno de los firmantes del despacho, que hizo un punteo de ejes principales y citó a la OPC por su informe para explicar cómo el Gobierno podría haber afrontado el costo. «Ese costo es un poco menor de haber bajado los Bienes Personales, es decir, del impuesto que se les cobra a los más ricos de los más ricos. Nuestro bloque hizo una propuesta y el Gobierno no quiso cobrar más por el Blanqueo», argumentó Lousteau.
En esa línea, continuó: "Al que nunca pagó IVA, Ganancias, Bienes Personales le condonamos todo. Ahora, darle algo a los jubilados está mal. El Presidente dijo que el evade es un héroe. Claro, después falta la plata para pagarle a los jubilados que pusieron el lomo durante muchos años". -
El senador de UxP Fernando Salino marcó la contradicción del relato oficial. “Los funcionarios afirman que mejoraron las jubilaciones y, por otro lado, dicen que disminuyeron el gasto previsional. Es contradictorio y no lograron explicarlo», advirtió. Uno de los que defendió al oficialismo fue el senador “libertario” Bartolomé Abdala, que si bien dijo que su espacio entiende el reclamo de la ciudadanía, cargó contra la oposición al advertir que «quieren venir a decir que el problema es desde el 10 de diciembre y le faltan la palabra a la ciudadanía».
A su turno, la senadora peronista Juliana Di Tullio calificó a Milei como un «degenerado social». «Si quienes vamos a votar este proyecto que viene con dos tercios de la Cámara de Diputados somos degenerados fiscales, (el Presidente) es un degenerado social», sostuvo.
Qué dice la Constitución sobre el veto presidencial y la posibilidad de insistir del Congreso
Milei, el jefe de gabinete y el ministro Caputo ya anunciaron que vetarán lo resuelto por el Congreso sobre las jubilaciones, pero se enfrentan a un desafío difícil. Tanto en Diputados como en el Senado la aprobación de la ley fue con más de los dos tercios de los votos presentes, y esa es justamente la cantidad necesaria para que el Congreso revierta un veto presidencial y deje firme una ley, más allá de los deseos del Ejecutivo.
El tema está desarrollado en el artículo 83 de la Constitución Nacional, que dice textualmente lo siguiente: «Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año.
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