Tras las nuevas sanciones a la industria del oro del país centroamericano, Nicaragua se enfrenta a un complejo escenario económico. Asimismo, se prevé que las restricciones al régimen de Daniel Ortega sigan en aumento.
Daniel Ortega y sus secuaces usan el lucro originado en la producción y comercialización del oro para enriquecerse y premiar a quienes mantienen al régimen en el poder". Así de claro y categórico fue el comunicado de prensa que emitió este lunes (24.10.2022) el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en su sitio web.
A inicios de esta semana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una nueva Orden Ejecutiva, como parte de su estrategia, para ampliar las facultades del Departamento de Tesoro de su país en contra del régimen de Daniel Ortega.
Con la nueva normativa, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. anunció que se aplicarán medidas restrictivas al negocio de la industria del oro en el país centroamericano, poniendo especial énfasis en la Dirección General de Minas (DGM) de Nicaragua. Un duro golpe para las arcas de Nicaragua, considerando que la DGM es una entidad subordinada del Estado y encargada de gestionar la mayoría de las operaciones de minas, en representación del gobierno nicaragüense.
La restricción prohíbe también las inversiones de cualquier estadounidense en Nicaragua en esta materia, regla que se extiende también a las empresas extranjeras con oficina en EE. UU. "Las sanciones también representan un intento de la administración Biden por reducir la complicidad de la inversión extranjera y del sector privado local con el régimen, quienes permanecen en silencio ante las acciones antidemocráticas del gobierno de Ortega", dice a DW Tatiana Benavides, consultora internacional e investigadora afiliada a la Universidad de Columbia.
