Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó este jueves al Blanco Central congelar las cuentas de 43 personas físicas y jurídicas sospechosas de estar financiando los bloqueos en varias carreteras del país y otras manifestaciones en protesta por el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva.
El magistrado Alexandre de Moraes, dio además 10 días de plazo a la Policía Federal para que tome declaración a los sospechosos de incitar estas protestas que calificó de "ilícitas", entre las que se cuenta un acampe en el Cuartel General del Ejército de Brasilia en la que se han escuchado consignas golpistas y de intervención militar contra las instituciones, informó la agencia de noticias Europa Press.
De Moraes argumenta que los manifestantes están haciendo un "abuso reiterado del derecho a reunión", utilizándolo además de forma "ilícita" y "criminal" para llamar al no reconocimiento de los resultados de las elecciones, avalados por el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Asimismo, sostiene que el desplazamiento "coordinado" de camiones a Brasilia para llevar a cabo una reunión en los alrededores de las instalaciones del Ejército "con el fin de romper el orden constitucional -incluyendo peticiones de una 'intervención federal'- a través de una interpretación absurda" de la Constitución, puede ser constitutivo de delito.
El magistrado dice que no hay duda de que los movimientos reivindicaciones de los patrones y trabajadores, ya sea a través de huelgas, reuniones y marchas, "no puede impedir el ejercicio, por parte del resto de los sociedad, otros derechos fundamentales". En su decisión, De Moraes menciona información recabada por la Policía de Carreteras de Brasil en la que varios empresarios "estarían financiando los actos antidemocráticos que están siendo analizados", ya fuera a través de servicios de manutención y hospedaje, o del suministro de estos vehículos.
