Actualidad Internacional

El gobierno británico firmó este viernes la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, donde se lo acusa de haber difundido documentos confidenciales y podría recibir una sentencia de hasta 175 años de prisión, según los defensores del periodista que apelarán esta decisión que marca “un día negro para la libertad de prensa”.

"En virtud de la ley de 2003 sobre la extradición, la ministra firmará una orden si no hay ningún motivo que la prohíba", dijo un portavoz del Ministerio de Interior, al confirmar que el titular de la cartera, Priti Patel, había firmado el decreto para trasladar al australiano, que tiene 15 días para apelar esta decisión.

El portal WikiLeaks calificó de "día oscuro para la libertad de prensa y la democracia británica" la decisión de Reino Unido. "Cualquiera en este país que se preocupe por la libertad de expresión debería estar profundamente avergonzado de que la ministra del Interior haya aprobado la extradición a Estados Unidos, el país que planeó su asesinato", señaló en un comunicado difundido en sus redes sociales.

En ese texto, WikiLeaks anticipó que apelará la decisión, algo que solamente podrá hacer si el Tribunal Superior británico lo autoriza, con la posibilidad de ir en última instancia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según el vocero del Ministerio de Interior, "los tribunales británicos no concluyeron que sería opresivo, injusto o un abuso procesal extraditar al señor Assange".

"Tampoco concluyeron que la extradición fuera incompatible con sus derechos, incluyendo el derecho de tener un juicio justo, y con la libertad de expresión, y (garantizaron) que durante su estancia en Estados Unidos será tratado de manera apropiada, también con respecto a su salud", agregó citado por la agencia de noticias AFP.

La justicia estadounidense quiere juzgarlo por difundir a partir de 2010 más de 700.000 documentos secretos sobre las actividades diplomáticas y militares estadounidenses, en particular en Irak y Afganistán.

Entre esos documentos figuraba un video que mostraba a civiles, incluidos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters, muertos por disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak en julio de 2007.

Acusado de espionaje, de ser declarado culpable Assange puede ser condenado a 175 años de cárcel, en un caso que las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian como un peligroso ataque a la libertad de prensa.

El gobierno estadounidense afirma, por su parte, que el australiano de 50 años puso en peligro la vida de numerosos informantes al publicar documentos clasificados. Assange fue recluido en 2019 en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh por violar su libertad condicional cuando en 2012 se refugió en la embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia por cargos de violación que fueron abandonados desde entonces.

En enero de 2021, la justicia británica decidió a su favor: la jueza Vanessa Baraitser rechazó la extradición por considerar que el australiano, de frágil salud física y psicológica, corría el riesgo de suicidarse en el sistema penitenciario estadounidense. Pero en diciembre de 2021, Washington logró que la Alta Corte de Londres anulara esa decisión, asegurando que no sería encarcelado en la prisión de alta seguridad ADX de Florence, en Colorado, donde están detenidos miembros de la organización yihadista Al Qaeda.  Y garantizaron que recibiría la atención clínica y psicológica necesaria, mencionando incluso la posibilidad de permitir que cumpliera su condena en su Australia natal.

Organizaciones críticas.  Organizaciones de defensa de la libertad de prensa, como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Amnistía Internacional se oponen a esta extradición porque temen que Assange sea sometido a condiciones de aislamiento en prisión que agravarían el riesgo de un suicidio. Para Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía, la extradición de Assange corre el riesgo de ponerlo "en un gran peligro y enviaría un mensaje aterrador a los periodistas del mundo entero".

El mandatario estadounidense, Joseph Biden, aceptó este jueves la invitación que le hizo el presidente Alberto Fernández para participar en la próxima Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realizará el 1° de diciembre en Buenos Aires, y dijo que la esperaba "ansioso".

El diálogo se produjo luego de que el jefe de Estado terminara su discurso ante el plenario de la Cumbre de las Américas, en el que propuso públicamente a Biden que participe "de nuestra próxima reunión plenaria", en alusión al próximo encuentro de mandatarios de la Celac.

"Presidente Biden: como presidente (pro témpore) de la Celac quiero invitarlo a participar de nuestra próxima reunión plenaria. Sueño que, en una América fraternalmente unida, nos comprometamos a que todos los seres humanos que habitan nuestro continente tengan derecho al pan, a la tierra, al techo y a un trabajo digno", sorprendió Fernández en el último párrafo del mensaje.

Al completar su intervención, el jefe de Estado intercambió saludos con su par de Estados Unidos y fue en ese momento cuando el anfitrión le dijo "espero ansioso su invitación", en referencia a la próxima cumbre de la Celac, en la que Argentina será anfitriona con Fernández a cargo de la presidencia pro témpore del bloque regional.

En ese foro, a diferencia de la IX Cumbre de las Américas que comenzó este lunes en Los Ángeles, sí participarán Cuba, Venezuela y Nicaragua. La sede del encuentro de la Celac, programada para el 1° de diciembre, será puntualmente la Ciudad de Buenos Aires, donde se realizará un encuentro de cancilleres para concluir, como sucede en estos casos, con una reunión plenaria de jefes de Estado de América Latina y el Caribe.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se comparó con la ex presidenta de facto Jeanine Áñez, condenada el viernes a 10 años de cárcel por el golpe de Estado en Bolivia al gobierno de Evo Morales y teme correr la misma suerte.

"¿Qué pasó hace un año? Ella (Áñez) fue detenida. Y ahora (...) diez años de cárcel. ¿Cuál es el cargo? Actos antidemocráticos. ¿Alguien hace alguna correlación con Alexandre Moraes y sus investigaciones en mi contra por actos antidemocráticos? O sea, ¿será una amenaza para mi cuando deje el Gobierno?", manifestó Bolsonaro, en referencia al juez del Tribunal Supremo de Brasil que condenó a uno de sus diputados a nueve años de cárcel por atentar "de manera continuada contra las instituciones democráticas", según Folha de Sao Paulo.

En una entrevista con periodistas durante su visita el sábado a la ciudad estadounidense de Orlando, el presidente brasileño insistió en sus ataques a la Justicia de su país. "Alexandre de Moraes hace una investigación en la que la Fiscalía no participa y me investiga por noticias falsas. ¿Qué hay en la cabeza de este tipo? ¿Qué está sacando de ello? ¿Cuáles son tus intereses?", declaró el mandatario brasileño, según CNN Brasil.

Bolsonaro viajó a Estados Unidos esta semana para asistir en Los Ángeles a la IX Cumbre de las Américas. El sábado estuvo en Orlando para inaugurar un viceconsulado brasileño y mantener un encuentro con simpatizantes en una iglesia evangélica.  Política Argentina

China se opone a la política de Estados Unidos y varios estados occidentales sobre la incitación al conflicto en Ucrania y considera necesario dejar de aumentar la presión sobre Rusia a través de sanciones unilaterales, dijo el miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian.

“En cuanto a la situación en Ucrania, China […] insiste en que Estados Unidos y otros estados occidentales dejen de avivar el fuego y dejen de aumentar las sanciones unilaterales [contra Rusia]”, subrayó durante una sesión informativa.

El diplomático chino señaló que Beijing "está utilizando varios canales" para mantener contactos con todas las partes interesadas. "Hacemos un llamado al alto el fuego y el cese de las hostilidades", subrayó el diplomático. El 24 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin anunció una operación militar especial en Ucrania en respuesta a una solicitud de ayuda de las repúblicas de Donbass. Después de eso, EE. UU., la UE, el Reino Unido y varios otros estados dijeron que imponen sanciones contra los ciudadanos y las empresas rusas.  Fuente:  TASS