Los acusados utilizaban cartas de porte adulteradas para trasladar miles de toneladas de mercadería hasta Salvador Mazza, donde la cargaban en camiones más chicos con destino al Estado Plurinacional de Bolivia. Así, evadían sumas millonarias en impuestos.
A instancia del responsable de la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal, Marcos Romero, la titular del Juzgado Federal de Garantías de Orán, Ivanna Hernández, hizo lugar a la imputación presentada contra un hombre y dos mujeres por los delitos de contrabando de granos agravado por el número de intervinientes y el valor elevado de la carga, asociación ilícita y lavado de activos, y dispuso su prisión preventiva.
La decisión se tomó en la audiencia de formalización de la investigación penal del caso, realizada el viernes pasado celebrada, tras la detención de las personas involucradas, ocurrida el martes 13 de diciembre.
Al presentar la acusación, la fiscalía explicó que las personas acusadas conformaban una organización que, desde febrero de 2021, se dedicaba al contrabando de granos. La actividad era dirigida por el hombre quien, a través de una red de choferes de camiones, trasladaba miles de toneladas de granos desde provincias productoras.
A través de un sistema de postas, la mercadería llegaba primero a un depósito en Tucumán, donde los granos eran quebrados y ocultados de acuerdo con lo indicado en cartas de porte adulteradas, las cuales eran tramitadas a nombre de una empresa que desconocía esta modalidad.
Luego, la carga seguía viaje a hasta otros depósitos ubicados en Salvador Mazza, próximos a la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia. Allí, los granos eran cargados en camiones de menor porte, que trasladaban la mercadería hacia el vecino país, a través de pasos ilegales que funcionaban -en su mayoría- en fincas privadas. De acuerdo con la fiscalía, esta causa es un desprendimiento de otra investigación en la que se detectaron tres camiones con 30 toneladas de granos, en el cruce de las rutas 34 y 81, a la altura del paraje Senda Hachada. En ese procedimiento se secuestraron las cartas de porte, que utilizaba el hombre acusado, y los teléfonos celulares de los choferes, lo que inició una minuciosa investigación que fue supervisada por el auxiliar fiscal Rafael Lamas.
Allanamientos. Así, con el resultado de las tareas de campo e inteligencia ordenadas, a pedido de la fiscalía, el martes pasado se allanaron ocho inmuebles en Salvador Mazza y Tucumán, en los cuales se detuvo a las tres personas acusadas y se secuestraron 1.080 toneladas de granos, entre soja, maíz y trigo.
Seis de los procedimientos tuvieron lugar en Salvador Mazza, cinco de ellos en inmuebles que funcionaban como depósitos, mientras que el restante fue en una finca que se usaba para el paso de los camiones hacia Bolivia. En dicho contexto también se secuestraron cuatro camiones cargados con más de mil toneladas de granos y otros elementos de interés para la investigación. En Tucumán, en tanto, se allanaron dos domicilios, en uno de los cuales se incautó una máquina quebradora de granos.
Además, en los operativos también se incautaron 57 mil dólares, 1.600.000 pesos argentinos y 4.280 bolivianos, teléfonos celulares, máquinas contadoras de billetes, una camioneta y documentación relacionada con las maniobras delictivas.
Envergadura. En vista de la magnitud del caso, y dado el avalúo de la mercadería secuestrada -que se estimó en 83 millones de pesos- la fiscalía puso el acento en la envergadura de la empresa delictiva que las personas acusadas desarrollaban, de la cual no se descarta la participación de otros implicados.
En tal sentido, y a modo ilustrativo, la fiscalía indicó que el monto de la carga impositiva correspondiente a las 1.080 toneladas de granos secuestradas asciende a 18 millones de pesos, lo que evidencia el grave perjuicio causado al Estado Nacional. A su vez, ello es un indicador de que todo el despliegue refleja la comisión de otros delitos imputados, como ser la asociación ilícita y el lavado de activos.
Tras fundar su acusación, en la que destacó la labor de la Gendarmería Nacional, en particular las Unidades de Procedimiento Judicial de Tartagal, Jujuy y Tucumán, los Escuadrones 61, 52 y 53 y la Dirección General de Aduanas (DGA) de Pocitos -que intervinieron en los procedimientos- la fiscalía solicitó la prisión preventiva de las tres personas acusadas, ya que existía riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación penal.
Asimismo, resaltó la gravedad del hecho, en la cual se acentuó el grave daño fiscal, las grandes cantidades de granos contrabandeadas y la logística que los imputados establecieron para evadir el control de las fuerzas de seguridad.
En vista de los hechos y las pruebas presentadas por la fiscalía, la jueza Hernández hizo lugar a las imputaciones requeridas y dictó la prisión preventiva del hombre y las dos mujeres, las cuales fueron rechazadas por sus defensas, sin fundamentación suficiente. Ministerio Público Fiscal
