La medida fue requerida por el Área de Casos Complejos, que lleva adelante la acusación contra los acusados de integrar la banda que perpetró el hecho hace casi un año y pidió 5 millones de pesos de rescate. La víctima, que fue rescatada, participó de la reconstrucción.
El Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal federal Ricardo Toranzos, concretó ayer la reconstrucción parcial del secuestro extorsivo del empresario del transporte Víctor Giménez -ocurrido el 30 de noviembre del año pasado- en el marco del juicio oral y público que se sigue por ese hecho a cuatro acusados.
Bajo la dirección del juez Domingo Batule, presidente del Tribunal Oral Federal N°2, el fiscal encabezó la medida probatoria, acompañado por la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejos y el Investigador Nicolás Dubois.
Los acusados son Mario y Franco Campos, Ezequiel Toledo y Héctor Rodríguez, a quienes se imputa el delito de secuestro extorsivo, doblemente agravado por la edad de la víctima y por la participación de tres o más personas, en calidad de coautores.
Mario Campos y Toledo, en tanto, también son juzgados por resistencia y atentado a la autoridad, en concurso real, mientras que todos los acusados enfrentan una demanda civil de 4 millones por daño psicológico y psiquiátrico.
Las capturas de los acusados, concretadas entre el día del secuestro y el siguiente, se produjeron como resultado de un trabajo en cooperación con la Procuración General de Salta y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de la provincia, que es su unidad de investigación científica forense.
El tribunal oral lleva adelante el juicio desde el 5 de octubre pasado. Ese día declaró el empresario secuestrado, quien comprometió con su testimonio a los imputados, al igual que varios investigadores y peritos, quienes se refirieron a las pruebas directas que los involucran.
El fiscal Toranzos, que había requerido la reconstrucción desde que se elevó el caso a juicio, dirigió ayer la medida, que se llevó a cabo sobre los tramos principales del secuestro. La actividad derivó en un importante despliegue de fuerzas de seguridad en el traslado de los acusados, las partes y el tribunal, lo cual acaparó la atención de vecinos y medios de comunicación.
Giménez, de 77 años, fue secuestrado el 30 de noviembre de 2021 en la avenida Ragone, a metros del cruce con la ruta 26, en la zona sudeste de la ciudad. El hecho sucedió a media mañana, cuando la víctima conducía su camioneta Mercedes Benz, en la cual se dirigía a su empresa El Cóndor SA, ubicada a unas 20 cuadras.
Un retén policial falso, actuado -de acuerdo con la acusación fiscal- por Mario Campos y Toledo, detuvo la marcha del empresario. Los imputados lo redujeron y lo trasladaron a una vivienda en el barrio Los Paraísos, ubicado en las inmediaciones, donde lo mantuvieron cautivo hasta acordar el pago del rescate, que se pactó para las 20.30 en la misma zona del secuestro.
En una tarea conjunta con el fiscal provincial Ramiro Ramos Ossorio, fueron detenidos en el lugar Franco Campos y Rodríguez, quienes habían sido enviados a cobrar el dinero. Los otros dos acusados deambulaban por la zona con Giménez, a bordo de su camioneta.
Tras las primeras capturas, se activó una búsqueda en un amplio radio. La medida dio resultados, pues se divisó el vehículo del empresario y se inició una persecución que concluyó con el vehículo estrellado contra una casa. Así se produjo el rescate de la víctima. Mario Campos y Toledo se fugaron del lugar y al otro día fueron detenidos.
Momentos clave En un primer tramo, la reconstrucción judicial se concentró en la avenida Ragone, donde el empresario fue reducido. Allí, Giménez representó el relato que ya había dado al declarar. De acuerdo con la fiscalía, esta instancia desvirtuó la coartada que brindó Mario Campos, a través de la cual buscó desvincular del hecho a su hermano y a Rodríguez, su tío, quien se negó a participar de la medida.
En su relato, el acusado, quien se erigió como el líder de la banda, aseguró que el accionar delictivo solo tuvo como objetivo el robo de la camioneta, para la cual ya tenían un comprador, aunque no identificó a este último ni precisó la negociación que había realizado con él.
Posteriormente, el tribunal y las partes se dirigieron a una casa precaria, de una sola pieza de bloques de cemento, donde el empresario repasó el tiempo que estuvo cautivo e incluso brindó detalles más precisos de su cautiverio.
En la habitación, Giménez describió la intervención de cuatro personas junto con los policías que representaron a los captores. Explicó que durante su permanencia en ese lugar lo obligaron a negociar, arma en mano, el pago de rescate. El pago fue acordado con uno de sus hijos, a partir de un libreto guionado por los imputados.
Al salir de la pieza, en la cual dijo que había creído -por momentos- que iba a morir, Giménez se mostró afectado por volver al lugar donde estuvo cautivo, lo que conmovió a quienes siguieron de cerca la medida probatoria.
Por último, la comitiva se trasladó nuevamente a la avenida Ragone, pero del otro lado de la ruta 26, detrás de una estación de servicio, lugar donde Franco Campos y Rodríguez se instalaron a la espera de que llegara el pago de rescate. El día de los hechos, la acción iba a ser llevada a cabo por un policía que representó a un empleado de la empresa, a bordo de un rodado negro.
Sin embargo, la intervención inesperada de un patrullero que no era parte del operativo de rescate frustró la operación, pues esos policías, al ver que el auto en el que iban Campos y Rodríguez tenía la chapa patente cubierta, entraron en acción y los detuvieron.
El fiscal Toranzos dirigió la reconstrucción de ese momento con los policías que intervinieron y con los actores que representaron a los acusados, oportunidad en la que quedó firme el relato de los testigos, incluso por encima de un intento de Franco Campos, quien insistió en que no sabía nada y que fue al lugar con su tío a recibir un dinero, tal como se lo pidió su hermano mayor.
Después de ello, el juez Batule dio por cerrada la medida judicial. Agradeció la colaboración de las fuerzas de seguridad que intervinieron con la reconstrucción, entre ellas la Delegación local de la Policía Federal, la Policía de Salta y el CIF. La prosecretaria del tribunal, Leila Salum, informó que, de no surgir inconvenientes, el inicio de la etapa de alegatos del juicio de responsabilidad se llevará a cabo el 7 de diciembre próximo, cuando se reanudará el debate.
