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La Cámara Federal de Casación confirmó la condena a 13 años de prisión efectiva para exjuez federal de Orán, Salta, Raúl Reynoso, por pedidos de dinero a cambio de favorecer la situación de detenidos entre 2.010 y 2.015.
Al respecto uno de los jueces del máximo tribunal penal federal del país, Carlos Mahiques, sostuvo en su voto que existió una asociación ilícita y que además, debió haberse imputado a Reynoso por extorsión y abuso de autoridad.
"Se encuentra probado, a mi entender, que el nombrado Reynoso actuó como jefe en una asociación ilícita integrada por miembros de su absoluta confianza a los fines de cometer delitos, durante al menos cinco años, esto es de 2.010 a 2.015", concluyó en un voto que quedó en minoría frente al de sus colegas de sala Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma.
Estos dos últimos confirmaron el veredicto, pero consideraron que no pudo probarse la existencia de una asociación ilícita y rechazaron el recurso formulado en ese sentido por el fiscal ante esa instancia, Raúl Plée.
El accionar del exjuez ahora detenido "no sólo implicó cometer ciertos delitos en clara infracción a los deberes institucionales que tenía a su cargo, sino que incumplió obligaciones y pautas de comportamiento éticos que le imponía su carácter de juez", agregaron los camaristas Yacobucci, Mahiques y Ledesma. Para estos magistrados, Reynoso, con su accionar, "manchó la imagen y confianza en la magistratura judicial por parte de la sociedad en su conjunto".
A lo largo de la sentencia se analizaron los casos por los cuales se condenó al exjuez de Orán y se advirtió que "sucedía la misma mecánica: primero, una decisión que implicaba el encarcelamiento del imputado y, al poco tiempo, una resolución que otorgaba la libertad (ya sea fruto de una excarcelación o de una falta de mérito) o la prisión domiciliaria. Esto se hacía a cambio del pago de un soborno".
Reynoso había sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Salta el 24 de mayo de 2019 por siete hechos de pedidos de sobornos a personas que eran detenidas en su juzgado, para conceder beneficios como excarcelaciones o prisión domiciliaria.
En la investigación se determinó que ese dinero que Reynoso ordenó devolver se usó luego para pagarle de manera ilegal a cambio del beneficio. También se confirmaron las condenas como partícipes necesarios de los abogados María Esper Durán, a diez años y seis meses de prisión efectiva y a Ramón Valor, a cuatro años de cárcel.
La causa Reynoso se inició ante el Juzgado de Orán a partir de una nota publicada en el diario Hoy el 19 de agosto de 2.014, donde se informaba sobre pedidos de coima en Salta, más precisamente en esa localidad, con complicidad de funcionarios del Juzgado Federal N° 2. Ante la vista conferida por el juez actuante, el Fiscal Federal de Orán solicitó que se realizasen tareas de investigación para comprobar lo manifestado en el artículo. En junio del año siguiente, otra nota publicada en la edición digital de Radio A 92.3 un abogado denunció que en el juzgado “se vende la libertad a los presos por narcotráfico, trata de personas o tráfico de divisas, y que existe un grupo de abogados que apañan este delito, actuando como mediadores en el trato económico entre el juez y los delincuentes”. Se imputó a los acusados haber formado parte de una asociación de carácter estable, con soporte estructural, división de roles y capacidad para articular acciones de modo de sostener el desarrollo de la actividad ilícita, la cual fue montada y encabezada por Reynoso, y que funcionó en la ciudad de Orán al menos desde el 19 de marzo de 2.010; se dedicaba a la gestión y concesión de resoluciones judiciales contrarias a derecho, favoreciendo a personas imputadas en procesos vinculados a conductas de narcocriminalidad.