A horas de la marcha universitaria que promete ser masiva, en las calles y plazas de todo el país, el Gobierno no puede ocultar su preocupación ante la contundencia de la movilización, por lo que, en un intento desesperado por debilitar la protesta, busca descalificarla porque “responde a intereses políticos”, al tiempo que se encargaron de difundir datos falsos para contraponerse a los convocantes.
Los rectores de las universidades públicas, nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con otros organismos que representan a los docentes y no docentes y a agrupaciones estudiantiles, convocaron a la nueva marcha federal universitaria para este miércoles a las 17, mientras que Javier Milei ratificó que vetará la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.
Al convocar a la marcha, los rectores le pidieron al presidente “que no prospere con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario 2024 y reconsidere el proyecto de presupuesto para el 2025″. Y argumentan: “No hay en las universidades y en la ciencia un problema, allí descansa la posibilidad de encontrar una solución a los problemas que tenemos”.
Justamente, el principal reclamo de las universidades es la falta de financiamiento al sistema educativo superior. Frente a esto, en las últimas horas el Gobierno emitió un comunicado en el que cuestionó la marcha, y alegó: “Estamos a favor de la educación universitaria”.
“Este conflicto universitario responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo, porque los reclamos educativos están todos atendidos y resueltos”, comienza diciendo el escrito. Por esto mismo, pidió “priorizar la educación por encima de las confrontaciones políticas”.
Sobre los principales puntos de conflicto, indicaron que “el Gobierno está al día y paga para que los profesores estén en las aulas dando clases, garantizando que los estudiantes no sigan siendo víctimas de esta situación injustificada”.
“Nunca se desfinanció la educación universitaria pública”, aseguraron, y que “es urgente priorizar la educación por encima de las confrontaciones políticas”, afirmó la cartera que conduce Sandra Pettovello.
En el comunicado, apuntaron a los sueldos de los docentes y aseguraron que aquellos que son de dedicación exclusiva –una minoría entre los trabajadores universitarios– perciben cerca de $1,4 millones mensuales, mientras que los no docentes con antigüedad cobran alrededor de $1 millón. Todo eso, para sostener que “ambos salarios están muy por encima de la Canasta Básica Total (CBT) de $300.000 para un adulto equivalente”.
En base a esas cifras, Capital Humano afirmó que “no existe pobreza entre estos sectores”. Fue en respuesta a un contundente informe del Consejo Interuniversitario Nacional, que días atrás reveló que el 85% de los trabajadores universitarios se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Ese informe, “Emergencia salarial de los trabajadores universitarios”, mostró que la Argentina paga los sueldos más bajos para los docentes universitarios titulares de toda la región, al compararlos con los salarios de once países de América Latina. En ese ranking, el país quedó muy lejos de Brasil, donde un profesor titular percibe unos 4200 dólares.
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