El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Lidia Raquel Cardozo, imputada como autora del delito de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo, en perjuicio de su hijo de 11 años.
    Al reanudarse la audiencia, se produjeron los alegatos de las partes, donde el fiscal López Soto, sostuvo la acusación contra Cardozo y solicitó al Tribunal que sea condenada a la pena de prisión perpetua.
    La querella, a su turno, adhirió a la solicitud del representante del Ministerio Público Fiscal y solicitó la misma pena para la acusada.
    Finalmente, la defensa técnica de la mujer, solicitó que sea absuelta por el beneficio de la duda y en forma subsidiaria, que se contemplen circunstancias atenuantes por emoción violenta.
    Tras deliberar, los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, dieron a conocer el veredicto, donde hicieron lugar a la solicitud del Fiscal y condenaron a Lidia Raquel Cardozo a la pena de prisión perpetua y en el mismo fallo, se dispuso que sea registrada en el Banco de Datos Genéticos.

    La fiscal Penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a dos hombres y una mujer en el marco de la investigación por presuntas maniobras de estafa vinculadas a la financiera Alyson.
    Durante las audiencias de imputación, los tres fueron asistidos por el mismo abogado particular y dieron su versión de los hechos. Permanecen detenidos en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.
    La intervención de UDEC inició con denuncias de personas que aseguraron haber entregado sumas de dinero -en algunos casos entre uno y dos millones de pesos- a los imputados, con la promesa de obtener retornos semanales que oscilaban entre el 40 y el 60 por ciento. Según los testimonios, las comunicaciones se realizaban principalmente a través de grupos de WhatsApp, mientras que los aportes se concretaban tanto en el domicilio de los investigados como mediante transferencias bancarias.
    En una primera etapa los inversores recibieron lo prometido, lo que los llevó a incrementar sus aportes y atraer a nuevos interesados. No obstante, en las últimas dos semanas los responsables interrumpieron todo contacto, dejando a los denunciantes sin posibilidad de recuperar su capital.

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