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Un gendarme que revistaba en el Escuadro 20 de Orán fue imputado ayer por el delito de transporte de estupefacientes agravado por ser cometido por un integrante de una fuerza de seguridad abocada a la prevención del narcotráfico.
La acusación fue impulsada por la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal y se formalizó ante la jueza federal de Garantías de esa ciudad, Ivana Hernández, quien convalidó la imputación y dictó la prisión preventiva del acusado, también solicitada por la fiscalía.
Al presentar el caso en la audiencia de formalización de la investigación, el fiscal federal Marcos Romero informó que la detención del acusado, Omar De Lima Vianna, se había producido como resultado de una investigación llevada adelante con personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Oran.
Romero sostuvo que todo se inició a raíz de una denuncia anónima, a través de la cual se aportaron datos respecto a la participación del gendarme imputado en actividades de narcotráfico. En vista de ello, y bajo la dirección del auxiliar fiscal Rafael Lamas, se iniciaron tareas de campo e inteligencia criminal.
El fiscal narró que ayer por la mañana se observó al gendarme salir de su vivienda con un bolso negro y una cubierta para ascender a un vehículo VW Vento, en el cual se dirigió a una gomería ubicada en la avenida Constituyente y calle Aconquija, en esa misma ciudad.
Agregó que, posteriormente, el imputado abandonó el taller y circuló por inmediaciones del barrio 20 viviendas, para luego dirigirse a la localidad de Colonia Santa Rosa, distante a unos 55 kilómetros. En ese lugar ya se encontraba apostado otro grupo de investigadores, pues se conocía que el gendarme podría hacer una entrega de droga.
En ese municipio, el imputado fue visualizado al volante del VW Vento en una calle que conduce al cementerio, donde debía encontrarse con otras personas que viajaban en un automóvil Renault Sandero, que también apareció en escena.
Interceptado. El fiscal precisó que, a metros de que ambos autos se detuvieran, los ocupantes del Renault Sandero se percataron de la presencia del personal de civil de la Gendarmería Nacional, por lo que se dieron a la fuga. En esa circunstancia fue interceptado De Lima Vianna, quien hasta ese momento no había visto a los investigadores.
Añadió que, cuando vio a sus colegas acercarse, el imputado puso reversa e impactó con el móvil que lo perseguía para insistir con la fuga, e incluso exhibió un arma de fuego de manera intimidatoria.
Cuando el acusado pretendía huir en su automóvil -reseñó el fiscal-, los investigadores realizaron disparos con balas de posta de goma, con lo cual se logró evitar el escape. El imputado fue reducido de inmediato y se determinó que el arma que había esgrimido era una réplica.
Romero explicó que posteriormente, bajo la supervisión del auxiliar fiscal, se constató la existencia de tres paquetes dentro de un bolso que el gendarme llevaba en el asiento del acompañante, que contenían cocaína con un peso de más de tres kilos.
En el procedimiento también se secuestraron dos teléfonos celulares y se prestó inmediata asistencia médica al imputado. Así, se constató que presentaba leves lesiones a la altura del ojo derecho, producto de las esquirlas desprendidas del vidrio de la ventanilla del rodado.
A partir de este relato de los hechos, el fiscal fundó la imputación penal contra De Lima, para quien pidió la prisión preventiva, puesto que la investigación se encuentra en un estado incipiente y se encuentran pendientes diversas medidas de investigación.
Entre otros argumentos, el fiscal citó el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación penal. Consideró el hecho como de suma gravedad no sólo por la calidad de funcionario público del acusado, sino también por el comportamiento demostrado por De Lima Vianna al ser descubierto.
Al momento de resolver, la jueza repasó los hechos relatados por el fiscal, coincidió con la gravedad del caso, dio por formalizada la imputación penal y concedió, tanto la prisión preventiva como la autorización requerida por la fiscalía para avanzar con diligencias pendientes, entre ellas los peritajes a la droga y a los teléfonos secuestrados.
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En el último día de la misión oficial de los gobernadores del Norte Grande, el mandatario salteño Gustavo Sáenz y sus pares del NOA y NEA, mantuvieron un encuentro de trabajo con la Representante Permanente de la República Argentina ante Naciones Unidas, embajadora María del Carmen Squeff, quien los acompañó en una recorrida por la sede de la organización en Nueva York.
Posteriormente se realizó una reunión con funcionarios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Tuvimos un constructivo encuentro con representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) donde identificamos objetivos comunes entre naciones, trabajamos en acciones prioritarias de nuestra Agenda 2030 y destacamos el rol de las economías regionales en el desarrollo sostenible”, indicó el gobernador de Salta, quien estuvo acompañado por el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos.
El mandatario salteño recordó que Salta es una de las provincias donde se lleva a cabo el Programa Conjunto de Naciones Unidas “Primera Infancia y Sistema Integral de Cuidados” que lidera UNICEF y convoca también a PNUD, CEPAL, OIT y la OCR, con el objetivo de fortalecer las políticas de cuidado en la primera infancia tanto a nivel nacional como provincial y local.
En tanto, el secretario general del CFI Ignacio Lamothe pidió ante el PNUD trabajar convenios de cooperación para la región. “Esta misión histórica se trató de diez provincias argentinas de distintos signos políticos planteando a los organismos multilaterales de crédito, a los fondos de inversión, a las principales instituciones que están en Washington, soluciones concretas”, indicó.
Asimismo adelantó que el siguiente paso será crear los convenios con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para avanzar en acciones concretas junto a las provincias".
En ese sentido, el gobernador Zamora se comprometió, en nombre de la región a trabajar estrechamente una agenda con el PNUD y el CFI para las obras que piden las provincias del Norte como región y de manera particular. Como el pedido del gobierno de Jujuy para financiar una planta de energía solar.
Del encuentro participaron el Administrador del PNUD, Adam Steiner; la Directora Regional Adjunta para América Latina y el Caribe Linda Maguire; el representante Residente de la Oficina del PNUD en Argentina, Claudio Tomassi; el Jefe del Área de Práctica de Gobernabilidad Democrática y Gobernanza, Jairo Acuña-Alfaro y Especialista de Parternarios, Ciudades y Gobiernos Locales, Diana López.
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Será con motivo de conmemorarse el Día del Empleado de Comercio, establecido por la Ley Nacional 26.541. En Salta, las y los trabajadores del rubro no prestarán servicio durante esa jornada. Esto se acordó a través de un convenio celebrado entre el Sindicato de Empleados de Comercio de Salta y diversos empleadores de la actividad comercial y de servicios.
El acuerdo, homologado por la Secretaría de Trabajo, busca que las y los trabajadores gocen del descanso que establece Ley Nacional 26.541. El Día del Empleado de Comercio se celebra cada 26 de septiembre en conmemoración a la sanción de Ley N° 11.729, que reglamentó las relaciones del trabajo. Esa histórica ley fue la primera en el país en determinar ciertas normas protectoras de la estabilidad en el empleo, beneficios vacacionales, garantías por accidentes laborales, entre otros puntos.
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En la jornada de hoy y en cumplimiento de la revisión prevista en las últimas paritarias provinciales, el Gobierno y los docentes cerraron un acuerdo de incremento salarial del 93% anual. Asimismo acordaron realizar un nuevo proceso de revisión en noviembre para adecuar los aumentos a la realidad del proceso inflacionario, siempre con la premisa que el salario no pierda con inflación.
Los aumentos para los meses que quedan serán: el 13% para septiembre (a cobrar los primeros días de octubre), el 11% para octubre, el 8% para noviembre y diciembre respectivamente.
Este acuerdo fue refrendado por los gremios de ADP, UPCN, ATE, AMET, UDA y SADOP y puesto a consideración de su asamblea por parte de SiTEPSa a quien acompaña otros sectores docentes que también harán las consultas pertinentes.
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Luis Yudi, quien estaba en libertad, está siendo juzgado junto a otros seis imputados -entre ellos, los hermanos Delfín y Raúl Castedo- por asociación ilícita y lavado de activos. Se fue del país sin autorización y estuvo ausente durante más de un mes y medio. El próximo miércoles comienzan los alegatos. La Unidad de Información Financiera lo hará en primer término.
E l Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, a instancia de un planteo del fiscal general Carlos Martín Amad, ordenó ayer al mediodía la prisión domiciliaria de Luis Yudi, uno de los siete imputados -que estaba en libertad- que son juzgados desde el 3 de noviembre pasado por el delito de asociación ilícita y lavado de activos. La orden judicial fue propiciada por la ausencia del juicio durante más de un mes del imputado, quien realizó un viaje a Siria sin dar aviso.
Yudi, de 80 años de edad, está acusado en el juicio junto a su hermano Alberto y a un hijo de éste, de nombre Mario; los hermanos Raúl y Delfín Castedo y la exesposa de este último, Melba Araujo; y el martillero público Eduardo Torino, quienes de acuerdo a la investigación arribada a esta instancia conformaban una organización dedicada al narcotráfico a gran escala en el norte de la provincia.
El tribunal está integrado por los jueces Federico Santiago Díaz (presidente), Mario Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek. La acusación, en tanto, es dirigida por el fiscal Amad y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, ambos en representación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del NOA, que llevó adelante la investigación del caso.
Como todos los miércoles, el tribunal reanudó el debate. En esa instancia el fiscal Amad solicitó la prisión domiciliaria de Yudi. El fiscal señaló que la conducta puesta de manifiesto por el imputado al salir de viaje sin dar aviso puso en crisis la realización del juicio.
Al fundamentar su pedido, explicó el derrotero realizado por Yudi entre el 27 de julio y el 19 de septiembre pasado. El fiscal indicó que el imputado salió por el paso de Salvador Mazza, donde reside, hacia Bolivia y que, desde allí, se dirigió a Madrid, en España, para luego viajar a Turquía. Posteriormente visitó El Líbano y Siria. El 26 de agosto, en tanto, registra una visita de un día en El Líbano, tras lo cual se dirigió a Siria por 15 días, para luego emprender el regreso a este país por la misma ruta. El viernes pasado fue detenido cuando ingresó al país por el control migratorio de Salvador Mazza.
La ausencia de Luis Yudi fue descubierta el miércoles pasado, cuando se informó sobre la diligencia de notificación que el personal de la Gendarmería Nacional realizó en su vivienda. En esa oportunidad un empleado reveló que el acusado se había ido de viaje a Siria y que regresaría en quince días.
Pariente enfermo. Ante ello, la fiscalía solicitó la captura nacional e internacional del imputado. La medida fue convalidada por el tribunal, como también otros requerimientos, entre ellos la retención de pasaporte del resto de los acusados y, en el caso de Araujo, Alberto Yudi y su hijo Mario, la obligación de presentarse diariamente ante la Gendarmería.
A su retorno, Luis Yudi fue detenido y ayer participó de la audiencia, en la cual explicó que realizó el viaje a Siria para visitar a un pariente enfermo. Aunque reconoció que lo hizo sin solicitar la autorización judicial del caso, trató de justificar su accionar en el hecho de que no registraba prohibición de salir del país.
Este argumento, sin embargo, fue rebatido por el fiscal Amad, quien resaltó que el imputado estaba notificado de las audiencias programadas. “Con la conducta demostrada, el acusado dejó en claro que puede fugarse cuando quiera”, sostuvo el fiscal, para luego requerir que se disponga su prisión domiciliaria al menos hasta que se dé a conocer el veredicto del juicio. Al aceptar la solicitud del fiscal, el tribunal dispuso también que al detenido se le coloque una pulsera electrónica.
El fiscal pidió asimismo que se remitan las grabaciones de las cinco audiencias en las que estuvo ausente el imputado a fin de que tome conocimiento de su contenido y, de esta forma, evitar posibles planteos de nulidad por parte de su defensa. La solicitud fue también aceptada y dispuesta por el tribunal.
Posteriormente, se dio paso a la incorporación por lectura de una serie de pruebas documentales, para finalizar la audiencia con las declaraciones de Torino, Delfín Castedo y Araujo, quienes insistieron en negar las acusaciones y brindar explicaciones sobre determinados hechos, sin llegar a afectar la teoría de la acusación.
Cerrada la etapa de pruebas, el tribunal dispuso el inicio de la etapa de alegatos a partir del 28 de septiembre. Ese día la Unidad de Información Financiera, en calidad de querellante y representada por la abogada Emilia Figueroa, presentará su pedido al tribunal respecto a los acusados. El 12 de octubre, en tanto, lo hará la fiscalía.
Hipótesis criminal. A lo largo del debate, la fiscalía sustentó el rol criminal de cada uno de los imputados, en particular de Delfín Castedo, a quien considera “jefe” de una asociación ilícita de carácter estable, con soporte estructural, división de roles y con capacidad para articular acciones destinadas a sostener el desarrollo de la actividad delictiva en el tiempo. Tanto con prueba testimonial como documental, la fiscalía brindó sustento a las operaciones ejecutadas por esta organización en las provincias de Salta y Buenos Aires. Las maniobras investigadas tuvieron por finalidad la comisión de hechos de tráfico ilícito de estupefacientes y la conversión, transferencia, administración y venta de bienes provenientes de ese tráfico, con el objeto de que aquellos adquirieran la apariencia de origen lícito.
A criterio de la fiscalía, durante el debate se estableció que la asociación criminal también se dedicó a la perpetración de los delitos de amenazas, homicidio, tenencia de armas, cohecho, infracción a la ley de fronteras y falsificación y uso de documentos apócrifos.
En esta línea, el MPF considera probada la participación de los Yudi, quienes se identificaron como una familia de comerciantes de Salvador Mazza, en las actividades dirigidas por los Castedo. Con respecto a Araujo y Torino, la fiscalía entiende que que fueron miembros funcionales de la organización con un rol específico en el lavado de activos de origen ilícito.
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