Finalmente, se concretó la primera reunión entre diputados y sindicalistas de la Educación para analizar la reforma al Estatuto Docente. Cabe recordar que, si bien el proyecto de ley iba a ser tratado en la sesión pasada de la Cámara, fue una advertencia de la ADP y de diferentes sindicatos – la de llamar a  una medida de fuerza – la que frenó la discusión en el recinto. 
Desde los sindicatos se advirtió que la pretendida reforma no había sido discutida con el sector – algo que fue reconocido por los legisladores – señalando que, en definitiva, esa era la única manera de poder llevar adelante tal tarea.
“Fue una reunión fructífera, nos vamos con el compromiso de que trabajaremos juntos para lo que pedimos, que es una profunda reforma educativa y, entre esos puntos, está el Estatuto del Educador”, aseguró Fernando Mazzone, secretario General de ADP, al finalizar el encuentro. 
Informó que se han planteado diferentes temas como el régimen de licencias, la situación grave de la trata de personas y las modificaciones de deberían hacerse al Estatuto para que contemplen una serie de problemáticas modernas.
Cabe aclarar que uno de los puntos que generó mayor malestar entre los educadores, respecto al mencionado proyecto de ley que se iba a tratar, era el que establecía que ningún docente podría solicitar traslado si le faltaban menos de seis años para acceder a la jubilación ordinaria. La justificación de quienes impulsaban el proyecto era que muchos educadores, al ver que se acercaba el tiempo de jubilarse, decidían pedir el traslado a zonas desfavorables para poder acceder a un mejor retiro, con lo que tomaban el lugar de sus pares que se habían formado, vivían y eran oriundos de estas zonas. 
“Este punto se charló, vamos a trabajar en lo mismo, les dije que entendemos la preocupación de ellos. Me parece que, 30 años después, ya hay docentes en esas zonas y deberíamos ubicarlos primero en el cuadro a los nacidos allí”,  sostuvo Mazzone sobre este punto.
Concluyendo, el Secretario General de ADP adelantó que el 15 de diciembre habrá una nueva reunión y que cada sindicato irá trabajando las modificaciones del Estatuto desde el artículo 1.
“Va a llevar un tiempo, luego se lo vamos a remitir al Ministerio de Educación. Necesitamos que salga beneficioso para todos”, sentenció. 

Universidades nacionales convocaron a un paro de 72 horas que comenzará este miércoles con el objetivo de visibilizar el reclamo que llevan adelante, desde hace semanas, para que el Gobierno Nacional aplique la Ley de Financiamiento sancionada el pasado 21 de octubre en el Congreso.
En declaraciones a Noticias Argentinas, varios gremios docentes aseguraron que la gestión del presidente Javier Milei debe llevar a cabo el cumplimiento “efectivo” de la Ley de Presupuesto Universitario con el fin de lograr “la recomposición salarial” docente y “en la defensa de la educación pública”.
Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA) aseguró que, hasta el momento, los salarios "no fueron recompuestos" y lamentó que, a pesar de haberse realizado una tercera marcha federal, no lograron que el Presidente “quiera cumplir con la ley".
“Plata hay. Hay que dejar de decir que no hay plata porque este Gobierno decidió el desfinanciamiento de las universidades nacionales y públicas y dejó de destinar plata a los pagos de la deuda. Debemos continuar con la profundización en las protestas contra la reforma laboral y el plan que tiene esta gestión que es contra la universidad pública, contra los hospitales públicos y contra los derechos laborales", indicó.

La representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Argentina, Eva Llopis, fue recibida por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, para dar inicio a la Misión Técnica Conjunta, con el objetivo de analizar el impacto de las estrategias locales frente al VIH, la tuberculosis, la sífilis y las hepatitis virales, así como de fortalecer el trabajo territorial en el primer nivel de atención.

La visita forma parte de la Misión Técnica Conjunta que incluye también actividades en las provincias de Jujuy, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se busca evaluar los avances del país en el cumplimiento de las metas regionales de eliminación de enfermedades transmisibles, en el marco de la iniciativa ETMI Plus (eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis), y elaborar el plan de cooperación técnica 2026–2027.

La responsable de los programas de Enfermedades Crónicas, Mónica Reifenberg, indicó que  durante la visita la titular de la OPS vino a conocer el trabajo articulado en relación con el VIH y la Tuberculosis, e hizo hincapié en la importancia de la labor conjunta entre los distintos niveles de atención. “Para nosotros es crucial mostrar el trabajo que se lleva a cabo entre el Primer Nivel de Atención y el Hospital del Milagro". También resaltó la labor conjunta con la Nación en la provisión de insumos. "Este flujo, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y seguimiento, es una red que debe estar bien aceitada y registrada correctamente en los sistemas como SISA y SAFESA.”

En este marco, la jefa de la Unidad VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS de la OPS, Mónica Alonso González, expresó que, “esta misión busca fortalecer el intercambio de conocimientos entre los equipos locales y la OPS, a fin de identificar buenas prácticas, revisar desafíos y acordar nuevas estrategias conjuntas de respuesta sanitaria”.

En Salta, las actividades incluyeron una visita al laboratorio del hospital Señor del Milagro, al Centro de Salud N.º 48 Ceferino, dependiente del Nodo Villa Lavalle y del Área Operativa 55 – hospital Papa Francisco, donde se evaluó la atención a pacientes con VIH, sífilis y tuberculosis, así como las estrategias de prevención y seguimiento implementadas por el equipo local.

La jefa del centro de Salud de Ceferino, Liliana Valencia, destacó la importancia de contar con un diagnóstico actualizado de la población y de fortalecer las acciones comunitarias.

Agregó que “desde el centro de salud trabajamos con más de 9700 habitantes, abordando la atención integral desde el primer nivel. Cuatro de los diez sectores de nuestra área están cubiertos por agentes sanitarios, que son el vínculo directo con las familias y pacientes”.

Por su parte, el gerente general del Hospital Dr. Joaquín Castellanos, Daniel Rallé, y responsable del Área Operativa 22, informó el valor del trabajo articulado entre asistencia, docencia e investigación.

“Participamos de un estudio longitudinal de dos años junto a la OPS y el Ministerio de Salud que permitirá obtener información sobre la frecuencia de las enfermedades y sobre los comportamientos socioculturales asociados, fundamentales para la toma de decisiones sanitarias locales y regionales” destacó el gerente.

La misión concluirá con la elaboración de un informe técnico nacional que integrará los resultados de todas las provincias visitadas y servirá de base para definir acciones de cooperación técnica y fortalecimiento institucional en la respuesta a las enfermedades transmisibles en Argentina.

Formaron parte de la delegación de OPS la Dra. Mónica Alonso González, jefa de la Unidad VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS; junto a los especialistas Dra. Hortencia Peralta (Prevención de VIH/ITS), Dr. Leandro Sereno (Hepatitis Viral), Dr. Pedro Avedillo (Tuberculosis), Dr. Ernesto Montoro (Integración de Laboratorios) y Dr. Omar Gustavo Sued (Tratamiento y Atención del VIH/ITS). Desde OPS Argentina participaron el Dr. Wilmer Marquiño Quezada, asesor internacional en Vigilancia de la Salud, y el Dr. Marcelo Vila, consultor nacional en VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS.

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra.
Al reanudarse la audiencia de debate, el Tribunal integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, dio lugar a los alegatos de las partes.
Por la Unidad Fiscal, el fiscal penal Leandro Flores se refirió al análisis y valoración de la prueba producida y a la reconstrucción de los hechos ocurridos en enero de 2017 en la localidad de Vaqueros. Dijo que la muerte de Salas fue un caso de violencia extrema contra una mujer, que se traduce en las 53 lesiones que presentaba su cuerpo y que dejan en claro que hubo una intención homicida, descartándose totalmente una situación accidental.
Luego, la fiscal penal Mónica Poma, realizó sus alegatos en relación a la segunda etapa de la investigación del hecho, que inició a partir de la creación de la Unidad Fiscal. Se refirió a las tareas que llevaron a identificar a los hermanos Saavedra como sospechosos y a los elementos de convicción que los vinculan a la muerte violenta de Jimena Salas.
Hizo alusión a la situación de intimidación que sufrieron distintos testigos durante la investigacion y durante el debate, y a cuestionamientos públicos realizados sobre las actuaciones y que no se reflejaron luego, en presentaciones judiciales.
Finalmente se refirió a los cambios de fisonomía y de forma de vestir de Javier Nicolás Saavedra tras hacerse públicas las fotos tomadas por la víctima y otras testigos y se trasladó a Santa Victoria Este, aduciendo distintos motivos.
Señaló además que, del análisis de los elementos secuestrados, se pudo verificar que Javier Saavedra se mantenía al tanto de las noticias vinculadas a la causa y que se agregó a un grupo de Facebook donde se pedía justicia para Jimena Salas.
A su turno, el fiscal penal Gabriel González, se refirió a los elementos de convicción que permiten sostener que los hermanos Carlos Damián y Adrián Guillero Saavedra tuvieron participación en el hecho, en base a los testimonios recogidos, el análisis de cámaras de seguridad, del análisis de comunicaciones y otras diligencias.
Enfatizó en los periodos de inactividad en las comunicaciones y tráfico de datos de los tres hermanos el día del hecho, días anteriores y posteriores, y que durante el debate, no se pudo demostrar que hubieran estado en otro lugar.
Para finalizar, González hizo una línea de tiempo del 27 de enero de 2017, con los últimos minutos de vida de Jimena Salas, en base a los testimonios de vecinos y el registro que se pudo recuperar desde su celular.
La Unidad Fiscal sostiene que Javier Nicolás Saavedra (fallecido) y el masculino identificado como H2, son los coautores del homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio de Jimena Beatriz Salas.
En tanto, que los hermanos Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra fueron partícipes secundarios del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio, en perjuicio de Jimena Beatriz Salas, al prestar colaboración en la comisión del ilícito.
Se solicitó que los hermanos sean condenados a la pena de 12 años de prisión de ejecución efectiva y que el cumplimiento sea en una institución carcelaria. Además se requirió que sean registrados en el Banco de Datos Genéticos.
También se solicitó al Tribunal que realice un pronunciamiento sobre la participación histórica de Javier Nicolás Saavedra en el hecho, ya que al realizar la reconstrucción objetiva del mismo, ésta resulta ineludible.
Al finalizar los alegatos de la Unidad Fiscal, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves a las 9.30, para dar lugar a los alegatos de la querella y la defensa de los acusados.

El abogado Matías Adett, representante de la familia de Nahir Viazzi Klimasauskas, confirmó que apelará el fallo que benefició a Gustavo García Viarengo, ex pareja de la joven, quien fue sobreseído el pasado 14 de octubre por el Tribunal de Juicio de Orán.
El letrado explicó que se encuentran a la espera de los fundamentos de la sentencia, que se conocerán esta semana, para presentar el recurso correspondiente.
“Tenemos la voluntad, la fuerza y la confianza para seguir buscando justicia. Esto no es una cuestión de venganza, sino de verdad y reparación para Nahir”, expresó Adett en declaraciones al programa Las Barbas en Remojo, conducido por Héctor Alí.
Un fallo dividido y cuestionado
El tribunal —por mayoría— dispuso el sobreseimiento y la inmediata liberación de García Viarengo, al considerar que no se logró quebrar su estado de inocencia constitucional.
Uno de los jueces, sin embargo, votó en disidencia, entendiendo que la prueba del debate acreditaba la autoría del acusado en el homicidio doblemente calificado de la joven.
“Fue un juicio extenso, con muchas pruebas y testimonios que demostraron la violencia de género que sufría Nahir y la conducta del imputado al momento del hecho. La sentencia debía haber sido condenatoria”, sostuvo Adett.
El abogado calificó la resolución como “injusta y arbitraria”, cuestionando la valoración parcial de la prueba y las omisiones procesales durante el debate.

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