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El Senado aprobó por más de dos tercios el proyecto que aumenta las jubilaciones en un 8,1 por ciento y pliega el índice de actualización mensual al Índice de Precios al Consumir (IPC), una iniciativa que ya había tenido la media sanción de la Cámara de Diputados y sobre la que presidente Javier Milei había advertido que, de sancionarse, la vetaría.
Fue por 61 votos afirmativos, ocho negativos y cero abstenciones, en general; y en particular, la oposición logró blindar todos los artículos sensibles para el Gobierno nacional con más de los dos tercios de los votos necesarios para responder a un eventual veto del Poder Ejecutivo (ver más adelante en esta nota).
Además del aumento de 8,1 y el cambio en la fórmula de actualización, la iniciativa contempla que, en marzo de cada año, se aplicará un aumento del 50 por ciento de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del IPC del año anterior. De esta manera, aunque muy de a poco, abre la posibilidad de una recomposición a largo plazo de las jubilaciones, instancia bloqueada por el decreto firmado por el gobierno de Milei.
A su vez, dispone que la ANSES "garantizará, para el caso de las personas que perciban un solo beneficio, el pago de una prestación con un suplemento dinerario de carácter alimentario, de forma tal que los ingresos totales no sean menores al último valor de la canasta básica total por adulto multiplicado por 1,09".
También instruye a ese organismo a que cancele la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales "no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios que cuenten con sentencia firme, dentro de los 6 meses de la promulgación de esta ley".
Su aplicación significará un gasto del 0,43 por ciento, según especificó un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Una cifra menlr a la baja en Bienes Personales impulsada por el gobierno a favor de los sectores más pudientes de la sociedad. Ante este panorama, Milei aseguró que utilizaría, por primera vez, su facultad de veto, al calificar como «degenerados fiscales» a los diputados cuando le dieron luz verde al proyecto.
El inicio del debate en el recinto se demoró varios minutos porque, según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, la senadora del PRO y presidenta de la Comisión de Previsión Social, Carmen Álvarez Rivero, se habría negado a ser la miembro informante del proyecto. Por lo tanto, la presentación del proyecto, que tuvo solo 13 artículos y que consiguió ser dictaminado por una mayoría construida por el kirchnerismo, radicales y un bloque federal, quedó en manos del senador Mariano Recalde, de Unión por la Patria (UxP), que comenzó su alocución pasadas las 12.30.
Uno de los primeros en tomar la palabra fue el radical Martín Lousteau , uno de los firmantes del despacho, que hizo un punteo de ejes principales y citó a la OPC por su informe para explicar cómo el Gobierno podría haber afrontado el costo. «Ese costo es un poco menor de haber bajado los Bienes Personales, es decir, del impuesto que se les cobra a los más ricos de los más ricos. Nuestro bloque hizo una propuesta y el Gobierno no quiso cobrar más por el Blanqueo», argumentó Lousteau.
En esa línea, continuó: "Al que nunca pagó IVA, Ganancias, Bienes Personales le condonamos todo. Ahora, darle algo a los jubilados está mal. El Presidente dijo que el evade es un héroe. Claro, después falta la plata para pagarle a los jubilados que pusieron el lomo durante muchos años". -
El senador de UxP Fernando Salino marcó la contradicción del relato oficial. “Los funcionarios afirman que mejoraron las jubilaciones y, por otro lado, dicen que disminuyeron el gasto previsional. Es contradictorio y no lograron explicarlo», advirtió. Uno de los que defendió al oficialismo fue el senador “libertario” Bartolomé Abdala, que si bien dijo que su espacio entiende el reclamo de la ciudadanía, cargó contra la oposición al advertir que «quieren venir a decir que el problema es desde el 10 de diciembre y le faltan la palabra a la ciudadanía».
A su turno, la senadora peronista Juliana Di Tullio calificó a Milei como un «degenerado social». «Si quienes vamos a votar este proyecto que viene con dos tercios de la Cámara de Diputados somos degenerados fiscales, (el Presidente) es un degenerado social», sostuvo.
Qué dice la Constitución sobre el veto presidencial y la posibilidad de insistir del Congreso
Milei, el jefe de gabinete y el ministro Caputo ya anunciaron que vetarán lo resuelto por el Congreso sobre las jubilaciones, pero se enfrentan a un desafío difícil. Tanto en Diputados como en el Senado la aprobación de la ley fue con más de los dos tercios de los votos presentes, y esa es justamente la cantidad necesaria para que el Congreso revierta un veto presidencial y deje firme una ley, más allá de los deseos del Ejecutivo.
El tema está desarrollado en el artículo 83 de la Constitución Nacional, que dice textualmente lo siguiente: «Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año.
motor económico
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Greenpeace afirmó que es en otra finca de los dueños de Manaos. La asociación ambientalista Greenpeace indicó que esta semana, por medio de imágenes satelitales, se logró detectar otro desmonte en una finca de la familia Canido, dueña de la gaseosa Manaos, a unos 10 mil kilómetros de la localidad de Quimilí, en Santiago del Estero. Hasta el momento llevan 200 hectáreas deforestadas en este lugar.
Activistas de la organización se movilizaron hasta el lugar y desplegaron un cartel con la leyenda: “Exceso de desmontes”, junto al área recientemente deforestada. Recordaron que esta denuncia se suma a la del desmonte de más de diez mil hectáreas realizado por la empresa cerca de Nueva Esperanza en julio. Además, en 2016 la organización había denunciado a la firma por el desmonte en otra finca.
Es inaceptable la impunidad con la que se manejan los dueños de las gaseosas Manaos, y la complicidad del gobierno de Santiago del Estero, que les autorizan desmontes por toda la provincia, violando la Ley Nacional de Bosques”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina. "(Ante) la grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos, es clave proteger nuestros últimos bosques nativos. Convocamos a la ciudadanía a ayudarnos a parar este ecocidio”, añadió Cruz.
Santiago del Estero encabeza la lista de provincias con más desmontes del país de las últimas décadas. Según datos oficiales, desde 1998 en la provincia se deforestaron más de 2 millones de hectáreas de bosques nativos. Greenpeace afirmó que desde la semana pasada Manaos bloqueó la posibilidad de realizar comentarios en sus posteos al recibir reclamos de la gente por los desmontes realizados. En este punto, la orgnización invitó a los interesados a entrar a la página excesodedesmontes.org, donde pueden firmar el pedido a la empresa para que frene la deforestación.
“Es urgente que estas acciones tengan condena y a la vez reforzar la conciencia en la sociedad sobre este crimen. Cada porción de bosque que se destruye es un daño irreversible en el Gran Chaco, donde subsisten menos de 20 yaguaretés y quedan muy pocas zonas en buen estado de conservación. Defender y mantener estos bosques, es darle una oportunidad a la especie, a todo lo que hay debajo de este emblema y a la vez a nuestro propio bienestar”, manifestó Cruz.
Greenpeace recordó que los bosques concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta. Brindan bienes y servicios indispensables para la supervivencia, como alimentos, maderas y medicinas. Son el territorio y el sustento de comunidades indígenas y campesinas. Y cumplen un rol fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, y la conservación de los suelos.
Página12
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El Grupo DOTA (Doscientos Ocho Transporte Automotor S. A.) puso en funcionamiento el primer colectivo eléctrico hecho íntegramente en Argentina. El bus corresponde a la Línea 28 y ya hizo su recorrido inicial uniendo Liniers con Retiro. Desde la empresa aseguraron que tienen la intención de ampliar la flota con buses de este estilo y llevar la novedad a Lomas y zona Sur, donde circulan algunas de sus empresas de transporte público.
El Grupo DOTA, junto a Megacar, Agrale, Todo Bus y Equipmake tuvieron un sueño que comenzó a gestarse hace cinco años: crear el primer colectivo argentino impulsado ciento por ciento con energía eléctrica, limpia y renovable. Esa meta se alcanzó y se hizo realidad en la Línea 28 ya que, actualmente, se puede ver a la primera unidad eléctrica funcionando por las calles de Buenos Aires.
El bus eléctrico diseñado y fabricado por Agrale, con carrocería Todo Bus, cuenta con una autonomía de 250 kilómetros por carga (similar al de GNC) y con un tiempo de recarga de cinco a siete horas. "El modelo 'Agrale MT17e' está dando excelentes resultados y acelera la implementación de un total de 15 unidades en la misma línea", aseguraron los directivos del Grupo DOTA.
Información de La Unión
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La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto que busca declarar a la educación como "Servicio Estratégico Esencial", con el fin de garantizar 180 días de clases en las escuelas públicas del país y evitar que los alumnos pierdan días de clases por los paros docentes. La iniciativa recibió 131 votos afirmativos, 95 negativos y dos abstenciones.
El proyecto tuvo el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques aliados del oficialismo como el MID, CREO, Independencia, Producción y Trabajo, y Buenos Aires Libre, en tanto que fue rechazado por el grueso de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
La iniciativa declara a la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidas en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo.
En ese sentido señala que el Estado Nacional y las provincias deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante los días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente y deberán establecer un sistema de guardias mínimas obligatorias.
El proyecto establece que si una medida de fuerza se extiende entre uno y dos días deberá instrumentarse una guardia mínima del 30% de docentes y no docentes. También dispone que si la huelga se prolongó por más de tres días esa guardia "deberá contemplar un 50% de asistencia de la nómina de personal directivo, docente y no docente" en todas los niveles y modalidades educativas. Otro punto del proyecto fija que al comenzar el ciclo lectivo cada colegio deberá informar a las autoridades el servicio de guardias que se pondrá en funcionamiento para garantizar el dictado de clases.
El Gobierno empieza a aplicar la nefasta flexibilización laboral castigando a los empleados públicos
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El Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, dio este lunes un paso más en la flexibilización laboral, al eliminar la protección de los empleados públicos, de los que, a partir de ahora, el Estado podrá disponer a su antojo. A través de un decreto saltea los límites que impone la normativa laboral, por lo que tendrá las manos libres para cambiar de puesto, horario y, por ende, salario de los empleados del sector público. Los cambios flexibilizadores quedaron ratificados por la Resolución 1 del flamante ministerio.
La medida justifica la flexibilización en que su aplicación permitirá un régimen “de estabilidad propia en virtud de leyes o estatutos especiales o convenciones colectivas de trabajo”. La resolución establece así “el ‘Régimen de Personal en Situación de Disponibilidad’ aplicable al personal alcanzado por el régimen de estabilidad y afectado por medidas de reestructuración o de reducción de dotación óptima necesaria”.
Concretamente, el capítulo IV del anexo introduce cambios significativos en el empleo público, entre los que se encuentran: la implementación de una evaluación obligatoria para el ingreso y promoción en la Administración Pública Nacional (APN), nuevos procesos de selección, regulación de contrataciones temporales, y modificaciones en las sanciones disciplinarias, entre otras. En síntesis: flexibilización en las relaciones laborales que incluyen sanciones disciplinarias, disponibilidad de los trabajadores, despidos y suspensiones.
Según indicó el propio Sturzenegger días atrás en su cuenta de X, el decreto tiene como objetivo “implementar un mecanismo anti-ñoquis” en el empleo público. “Se modifica la Ley de Empleo Público Nº 25.164, buscando mejorar la calidad del empleo público, evitar la interferencia política en los nombramientos, fortalecer el régimen disciplinario, evitar el dispendio de recursos y facilitar el proceso de ordenamiento del Estado”, sostuvo.
De acuerdo con el anexo incluido en la medida, con el detalle de su aplicación, la “disponibilidad” alcanza “al personal de planta permanente comprendido en la Ley N° 25.164 con estabilidad adquirida, que resultare afectado por medidas de reestructuración que comporten la supresión de organismos, dependencias o de las funciones asignadas a las mismas, con la eliminación de los respectivos cargos, o de reducción por encontrarse excedida la dotación óptima necesaria conforme surja del informe fundado del órgano competente en la materia”.
Al respecto, aclararon que “en estos casos, de ser necesario, el organismo realizará las adaptaciones técnicas, normativas y tecnológicas necesarias para su implementación”. La medida adelanta que, el titular de la unidad a cargo de las acciones de personal de la Jurisdicción u Organismo afectado (del recorte) o del que se establezca como responsable administrativo y disciplinario, de nivel no inferior a Director General o equivalente deberá “identificar al personal que se encontrase a la fecha en que opere la medida de supresión o reducción bajo tutela sindical y al personal amparado por las Leyes Nros. 22.431 y 23.109 y asignarle funciones, de lo que deberá dar cuenta a la autoridad de aplicación”.
También podrá intimar al personal que se encuentre en condiciones de jubilarse a la fecha en que opere la medida de supresión o reducción, y reubicar transitoriamente a los agentes afectados que alcancen dichas condiciones dentro de los 12 meses posteriores. Estos serán “intimados a iniciar sus trámites jubilatorios respectivos a medida que reúnan las condiciones”.
En los casos en que se trate de la supresión de un organismo completo, el acto administrativo que la disponga deberá consignar, además, la Jurisdicción u Organismo que se convertirá en el responsable administrativo y disciplinario de la dotación del organismo suprimido.
En tanto, una vez operada la supresión de organismos, dependencias o funciones o reducción del personal, la máxima autoridad de la Jurisdicción u Organismo afectado deberá –dentro de los cinco días hábiles posteriores—dictar un acto administrativo con la nómina de personal que queda en situación de disponibilidad como consecuencia de ello.
Cabe destacar que el gobierno de Javier Milei redujo en 28.138 la cantidad de empleados públicos entre el 31 de diciembre de 2023 y el 30 de junio de 2024, según datos del INDEC. Y la Administración Pública Nacional (APN) fue la más afectada, con 18.540 empleados menos, seguida por las empresas y sociedades del Estado, con una reducción de 9.598 trabajadores.
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