El Estado de Chile deberá pagar 1,4 millón de dólares a 31 de los 33 mineros que debieron pasar 68 días atrapados en la mina San José, a 720 metros de profundidad, durante el año 2010.
La Corte Suprema rechazó un recurso presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el ente que se encarga de velar por los intereses del estado chileno y que lo defiende en juicios. Los mineros reclamaron que hubo una falta de servicio de las instituciones estatales a cargo de la fiscalización de los yacimientos del país, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Secretaría Regional ministerial de Salud y la Dirección del Trabajo.
Así, 13 años después del accidente y el rescate que dio la vuelta al mundo, cada minero que demandó al estado chileno recibirá cerca de 46 mil dólares que, de alguna forma, esperen que ayude a cerrar el capítulo que cambió su vida para siempre.
Según contó el diario El Mercurio, a estas alturas, algunos de los involucrados ya habían perdido la esperanza de que les pagaran la indemnización. Se menciona el caso de Omar Reygadas, que junto a el ex futbolista Franklin Lobos, que también quedó atrapado en la mina San José, hoy trabajan en una empresa que se dedica al alquiler de vehículos. “Eso ya se lo había dado a dios nomás”, dijo al ser consultado por la mentada indemnización.
Afectado por silicosis, a consecuencia de todo el tiempo en que se desempeñó en minería y la exposición al polvo, Johnny Barrios, quien hoy se desempeña como conductor de maquinaria pesada en la municipalidad de Copiapó, confiesa que con el dinero pretende renovar su camioneta y el resto dejarlo para proyectos familiares.
José Ojeda, el hombre que escribió “Estamos bien en el refugio los 33″, el mensaje que alertó 12 días después del accidente que todos estaban con vida, reveló que tiene diabetes, más problemas al corazón y alzhéimer, comentó en El Mercurio que “en 2018 nos iban a pagar 80 millones de pesos (93 mil dólares) y los abogados (del CDE) apelaron al fallo de primera instancia y ahí nos bajaron. Acá no se hizo justicia, se hizo solamente para cerrar el caso”.
Raúl Bustos y Juan Illanes son los dos mineros que no se sumaron a la querella. Tiempo atrás, Illanes explicó que a su juicio quienes debían indemnizar a los mineros eran los dueños de la minera, y no el Estado. Bustos, en tanto, había dicho que él ya había dado vuelta la página. “Estoy en otra parada”, afirmó.
Luis Urzúa, quien era el jefe del turno al momento del accidente, hoy está dedicado a dictar conferencias sobre seguridad laboral. Para él, la entrega de la indemnización significa el cierre de un ciclo. “Está marcando un precedente para la minería en Chile. Para mí no era tan importante la plata, sino que había que cerrar este ciclo”, afirmó. De acuerdo al abogado Jorge Ríos, quien representa a los mineros que demandaron al estado chileno, el pago de estos montos no debería extenderse más allá de dos a cuatro meses.
El accidente de la mina San José, actualmente cerrada, y que se encuentra cerca de Copiapó, unos 800 kilómetros al norte de Santiago, se produjo el 5 de agosto de 2010, cuando una roca del porte de un edificio se desprendió bloqueando el ingreso de la mina. Los mineros debieron sobrevivir bajo tierra hasta el 13 de octubre de ese año, cuando fueron rescatados, uno por uno, a través de la famosa cápsula Fénix.
