La secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Carina Iradi, presidió una nueva sesión del Consejo Provincial de Niñez. El encuentro contó con la participación de la directora general del Consejo, Vanina Zamora; directivos de las áreas de Primera Infancia; Articulación e Investigación y de Acompañamiento Familiar en Contextos Rurales. También se hicieron parte referentes del Ministerio de Salud Pública; de Derechos Humanos, del Senado y de los municipios de San Antonio de los Cobres, Coronel Moldes, La Poma, Rosario de Lerma, Orán, Cerrillos, La Merced, Cafayate, Pichanal, Colonia Santa Rosa, Salvador Mazza, Tartagal, Embarcación, Rosario de Lerma, Animaná, General Ballivián y Payogasta y de organizaciones de la sociedad civil.

Los temas que formaron parte del diálogo y el intercambio priorizaron el orden del día propuesto para el encuentro, formalizado por parte de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia a los asistentes. Entre los temas prioritarios se intercambió un informe de la reciente sesión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF) organizado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación donde se realizaron anuncios de políticas de Primera Infancia y de Acompañamiento Familiar que fortalecerán las acciones provinciales. 

Asimismo, se trató las líneas de trabajo que la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia respectivas a la capacitación en derechos de la niñez llamada "Crecer con Derechos"; la presentación del nuevo proyecto de acceso al derecho a vivir en familia mediante una política de Padrinazgo y Madrinazgo para niños y adolescentes sin cuidados parentales. 

Se consideró como parte de estas acciones también el trabajo referido a la 1° Jornada Provincial de Primera Infancia. Asimismo se brindó lugar para concientizar a miembros del Consejo sobre la importancia de efectivizar la adherencia de familias, en todo el territorio provincial, al calendario de vacunación infantil obligatorio. 

En su valoración de acciones positivas logradas a lo largo de todo este año, consejeros municipales de Salvador Mazza y de Cafayate resaltaron que el Consejo Provincial de Niñez se consolidó como un espacio de acompañamiento, diálogo y valoración de las acciones que abarcan a los diferentes municipios provinciales promoviendo la articulación para la respuesta territorial y la bimodalidad en la participación. 

Esto representa una comunicación creciente y efectiva de una mayoría de municipios que se pueden conectar de manera virtual o asistir presencialmente a las sesiones. Y con motivo de fortalecer esta estrategia que promueve el federalismo y la construcción de agendas colectivas se anunció que a partir de 2026 la modalidad de trabajo contemplará plenarios regionales. 

El Consejo Provincial de Niñez está reglamentado en el Artículo Nº 27 de la Ley Provincial Nº 7.970 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La función primordial de los participantes del Consejo es asesorar y asistir a la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia como órgano de aplicación del mismo en la gestión y toma de decisiones para la mejor calidad de vida de las niñas, los niños y las familias.

A través del diálogo, el Consejo se promueve como un espacio de construcción colectiva donde todos los aportes de diversos sectores sean considerados a la hora de delinear políticas públicas en materia de infancia, que contengan las realidades diversas de nuestra provincia y de manera federal sean contempladas las necesidades y requerimientos de niñas, niños y adolescentes que habitan todo el territorio provincial.

El padrón activo del Programa Sumar alcanzó, hasta octubre del corriente año, a 756.301 personas sin cobertura de obra social, quienes acceden a prestaciones en hospitales y centros de salud de toda la provincia, en el marco de la red pública sanitaria.

El Plan de Servicios está orientado a la promoción de la salud y a la prevención de enfermedades, mediante la provisión de atenciones oportunas y de calidad en los distintos niveles del sistema sanitario. La inscripción está destinada a toda persona sin obra social y se realiza de manera gratuita en el hospital o centro de salud más cercano al domicilio o donde se efectúen controles habituales, con la sola presentación del Documento Nacional de Identidad.

La inscripción en el programa permite, según corresponda, el acceso a asignaciones por Embarazo, Hijo o Salud Integral a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), además de garantizar la cobertura de controles periódicos, vacunación, consultas ginecológicas, seguimiento del embarazo, atención del parto y del recién nacido.

Asimismo, el programa contempla la detección y atención de enfermedades respiratorias y diarreicas, deficiencias nutricionales, seguimiento de patologías renales y cardiovasculares, y la atención integral de personas con enfermedades crónicas no transmisibles, entre otras prestaciones.

El sistema de salud percibe fondos por las atenciones brindadas a la población inscripta en Sumar que permiten realizar reformas edilicias, capacitar al recurso humano y comprar equipamiento para brindar más y mejores servicios a toda la comunidad. 

Padrón activo

  • Recién nacidos a 5 años: 66.455
  • Niños y niñas de 6 a 9 años: 55.661
  • Adolescentes de 10 a 19 años: 145.403
  • Adultas: 255.393
  • Adultos: 233.389

Fondos recibidos en 2025

Los hospitales y centros de salud de la provincia recibieron, entre enero y noviembre de 2025, $1.683.016.899 por las atenciones brindadas a la población sin obra social inscripta en Sumar.

Los fondos son transferencias que reciben los establecimientos de la red pública de salud y que se suman al presupuesto provincial.

Esos recursos se invierten en compra de equipamiento tecnológico, reformas edilicias y capacitación del recurso humano, para mejorar la calidad de las prestaciones para la población.

Discriminado por mes, los montos acreditados a los efectores de salud fueron:

  • Enero: $76.119.397
  • Febrero: $65.108.940
  • Marzo: $95.353.565
  • Abril: $101.439.688
  • Mayo: $120.990.307
  • Junio: $26.148.337
  • Julio: $395.401.591
  • Agosto: $274.104.683
  • Septiembre: $123.754.806
  • Octubre: $177.673.363
  • Noviembre: $226.922.222

Para consultas e inquietudes, las personas deben comunicarse a la línea telefónica gratuita de atención 0800-222-7100. 

Universidades nacionales convocaron a un paro de 72 horas que comenzará este miércoles con el objetivo de visibilizar el reclamo que llevan adelante, desde hace semanas, para que el Gobierno Nacional aplique la Ley de Financiamiento sancionada el pasado 21 de octubre en el Congreso.
En declaraciones a Noticias Argentinas, varios gremios docentes aseguraron que la gestión del presidente Javier Milei debe llevar a cabo el cumplimiento “efectivo” de la Ley de Presupuesto Universitario con el fin de lograr “la recomposición salarial” docente y “en la defensa de la educación pública”.
Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA) aseguró que, hasta el momento, los salarios "no fueron recompuestos" y lamentó que, a pesar de haberse realizado una tercera marcha federal, no lograron que el Presidente “quiera cumplir con la ley".
“Plata hay. Hay que dejar de decir que no hay plata porque este Gobierno decidió el desfinanciamiento de las universidades nacionales y públicas y dejó de destinar plata a los pagos de la deuda. Debemos continuar con la profundización en las protestas contra la reforma laboral y el plan que tiene esta gestión que es contra la universidad pública, contra los hospitales públicos y contra los derechos laborales", indicó.

Finalmente, se concretó la primera reunión entre diputados y sindicalistas de la Educación para analizar la reforma al Estatuto Docente. Cabe recordar que, si bien el proyecto de ley iba a ser tratado en la sesión pasada de la Cámara, fue una advertencia de la ADP y de diferentes sindicatos – la de llamar a  una medida de fuerza – la que frenó la discusión en el recinto. 
Desde los sindicatos se advirtió que la pretendida reforma no había sido discutida con el sector – algo que fue reconocido por los legisladores – señalando que, en definitiva, esa era la única manera de poder llevar adelante tal tarea.
“Fue una reunión fructífera, nos vamos con el compromiso de que trabajaremos juntos para lo que pedimos, que es una profunda reforma educativa y, entre esos puntos, está el Estatuto del Educador”, aseguró Fernando Mazzone, secretario General de ADP, al finalizar el encuentro. 
Informó que se han planteado diferentes temas como el régimen de licencias, la situación grave de la trata de personas y las modificaciones de deberían hacerse al Estatuto para que contemplen una serie de problemáticas modernas.
Cabe aclarar que uno de los puntos que generó mayor malestar entre los educadores, respecto al mencionado proyecto de ley que se iba a tratar, era el que establecía que ningún docente podría solicitar traslado si le faltaban menos de seis años para acceder a la jubilación ordinaria. La justificación de quienes impulsaban el proyecto era que muchos educadores, al ver que se acercaba el tiempo de jubilarse, decidían pedir el traslado a zonas desfavorables para poder acceder a un mejor retiro, con lo que tomaban el lugar de sus pares que se habían formado, vivían y eran oriundos de estas zonas. 
“Este punto se charló, vamos a trabajar en lo mismo, les dije que entendemos la preocupación de ellos. Me parece que, 30 años después, ya hay docentes en esas zonas y deberíamos ubicarlos primero en el cuadro a los nacidos allí”,  sostuvo Mazzone sobre este punto.
Concluyendo, el Secretario General de ADP adelantó que el 15 de diciembre habrá una nueva reunión y que cada sindicato irá trabajando las modificaciones del Estatuto desde el artículo 1.
“Va a llevar un tiempo, luego se lo vamos a remitir al Ministerio de Educación. Necesitamos que salga beneficioso para todos”, sentenció. 

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra.
Al reanudarse la audiencia de debate, el Tribunal integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, dio lugar a los alegatos de las partes.
Por la Unidad Fiscal, el fiscal penal Leandro Flores se refirió al análisis y valoración de la prueba producida y a la reconstrucción de los hechos ocurridos en enero de 2017 en la localidad de Vaqueros. Dijo que la muerte de Salas fue un caso de violencia extrema contra una mujer, que se traduce en las 53 lesiones que presentaba su cuerpo y que dejan en claro que hubo una intención homicida, descartándose totalmente una situación accidental.
Luego, la fiscal penal Mónica Poma, realizó sus alegatos en relación a la segunda etapa de la investigación del hecho, que inició a partir de la creación de la Unidad Fiscal. Se refirió a las tareas que llevaron a identificar a los hermanos Saavedra como sospechosos y a los elementos de convicción que los vinculan a la muerte violenta de Jimena Salas.
Hizo alusión a la situación de intimidación que sufrieron distintos testigos durante la investigacion y durante el debate, y a cuestionamientos públicos realizados sobre las actuaciones y que no se reflejaron luego, en presentaciones judiciales.
Finalmente se refirió a los cambios de fisonomía y de forma de vestir de Javier Nicolás Saavedra tras hacerse públicas las fotos tomadas por la víctima y otras testigos y se trasladó a Santa Victoria Este, aduciendo distintos motivos.
Señaló además que, del análisis de los elementos secuestrados, se pudo verificar que Javier Saavedra se mantenía al tanto de las noticias vinculadas a la causa y que se agregó a un grupo de Facebook donde se pedía justicia para Jimena Salas.
A su turno, el fiscal penal Gabriel González, se refirió a los elementos de convicción que permiten sostener que los hermanos Carlos Damián y Adrián Guillero Saavedra tuvieron participación en el hecho, en base a los testimonios recogidos, el análisis de cámaras de seguridad, del análisis de comunicaciones y otras diligencias.
Enfatizó en los periodos de inactividad en las comunicaciones y tráfico de datos de los tres hermanos el día del hecho, días anteriores y posteriores, y que durante el debate, no se pudo demostrar que hubieran estado en otro lugar.
Para finalizar, González hizo una línea de tiempo del 27 de enero de 2017, con los últimos minutos de vida de Jimena Salas, en base a los testimonios de vecinos y el registro que se pudo recuperar desde su celular.
La Unidad Fiscal sostiene que Javier Nicolás Saavedra (fallecido) y el masculino identificado como H2, son los coautores del homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio de Jimena Beatriz Salas.
En tanto, que los hermanos Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra fueron partícipes secundarios del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio, en perjuicio de Jimena Beatriz Salas, al prestar colaboración en la comisión del ilícito.
Se solicitó que los hermanos sean condenados a la pena de 12 años de prisión de ejecución efectiva y que el cumplimiento sea en una institución carcelaria. Además se requirió que sean registrados en el Banco de Datos Genéticos.
También se solicitó al Tribunal que realice un pronunciamiento sobre la participación histórica de Javier Nicolás Saavedra en el hecho, ya que al realizar la reconstrucción objetiva del mismo, ésta resulta ineludible.
Al finalizar los alegatos de la Unidad Fiscal, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves a las 9.30, para dar lugar a los alegatos de la querella y la defensa de los acusados.

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