Actualidad Local

La Unión de Trabajadores Municipales y el Municipio no alcanzaron acuerdo salarial y la dirigencia de trabajadores decidió continuar con las medidas de fuerza.
El secretario general de la UTM, Pedro Serrudo, dijo que por la intransigencia del Municipio no se alcanzó acuerdo y se diferenció del Frente Intergremial, que si firmó con el municipio una mejora salarial escalonada del 40%.
Serrudo dijo "La crisis económica se agrava diariamente, y el Municipio muestra su falta de sensibilidad con los empleados, puesto que hasta el momento y tras largas reuniones no se pudo llegar a un acuerdo que mejore las condiciones laborales ni salariales del personal de la Municipalidad de Salta".
Las propuestas presentadas por el Municipio son insuficientes e irrisorias, dijo Serrudo, ya que no plantea un incremento salarial para mayo y junio, sólo propone un aumento del 15% cuando la provincia otorgó a su plantel el 12% en mayo, el 11% en junio y otro 11% en julio, llegando a un 34% más un bono de $60.000. Las pérdidas del poder adquisitivo del salario municipal son excesivas ya que en mayo la inflación fue de 7,8% según el INDEC, es por ello que la UTM no acepta la propuesta presentada por la Municipalidad, enfatizó el dirigente.
El Secretario General de la UTM sostuvo que a la falta de propuestas de mejoras salariales se suman los ítems del Acta Acuerdo firmada en abril pasado, referidos al pase a planta permanente del personal contratado, el ingreso de los hijos de municipales jubilados y fallecidos en actividad (muchos de ellos por la pandemia de COVID-19), las estructuras inferiores para el personal que tiene más de 15 años de antigüedad y no puede acceder a la carrera administrativa municipal con ascensos detenidos hace más de 8 años, la resolución de los sumarios vigentes y los problemas laborales del personal de Medio Ambiente, Control y Cementerios. Todo ello demuestra la total falta de interés del Municipio para mejorar la calidad laboral de sus empleados.
Serrudo dijo que las medidas de fuerza continuarán y habrá concentración en la sede gremial de Tucumán 448 desde las 10 de la mañana.

El secretario general de la Unión de Trabajadores Municipales (UTM), Pedro Serrudo confirmó que ante la falta de cumplimiento de acuerdos paritarios y la falta de convocatoria desde hoy inician una medida de fuerza y asamblea en la sede de la organización sindical de calle Tucumán, a las 10.
Serrudo dijo que todavía no se concretó el pase a planta permanente del personal contratado, no se cumple con los requisitos del Convenio Colectivo de Trabajo y el ingreso de los hijos de jubilados y fallecidos en actividad, más la cobertura de cargo de las estructuras inferiores que permitan avanzar con la carrera municipal y la resolución de sumarios pendientes. La comuna tenía plazo hasta mayo para cumplir, lo que generó molestias en el sindicato.
Cabe recordar que en la oportunidad la Secretaria de Trabajo no puede llamar a conciliación obligatoria debido a que las partes quedaron liberadas, por lo que la UTM convocó a sus socios, afiliados y a todos los trabajadores municipales, a participar de una Asamblea General que se realizará mañana lunes, a las 10 hs, en la sede Sindical de Tucumán 448.

Paritarias
A los incumplimientos municipales, el gremio sumó la falta de respuestas a retomar las negociaciones paritarias, luego que el Gobierno provincial cerró negociaciones con el sector de Salud y Educación con un 34% de aumento escalonado y un bono de $ 60 mil en dos cuotas.
“Pedimos la reapertura de las paritarias, más allá del ofrecimiento que haga el Ejecutivo, que seguro será el que dio la Provincia. Queremos sentarnos en una mesa de diálogo”, indicó Serrudo.
Remarcó en que insistirán en pedir una equiparación del salario básico de los agentes municipales de Nivel 2 equivalente al 20% de la remuneración que percibe mensualmente un Secretario del Ejecutivo Municipal.
El resto de los niveles deben tener una diferencia del 3,5% sobre el nivel anterior.
En este sentido, la UTM inició un expediente en la comuna para que se aborde el tema.

La sentencia incluye penas de prisión condicional para ambos, multas de 1.660.000 pesos, imposición de tareas comunitarias y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos incluso para el contratista. Un tercer acusado -también empleado del organismo social- fue absuelto por el beneficio de la duda.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, integrado por Mario Marcelo Juárez Almaraz, Federico Santiago Díaz (presidente) y Marta Liliana Snopek, condenó al empleado de la Unidad Salta del PAMI, Claudio Marcelo Palacios, a tres años de prisión y al empresario Sebastián Gonzalo Villagrán Di Pietro a dos años y 6 meses de prisión por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, el primero en grado de autor y el segundo como partícipe necesario.

Respecto a Palacios, la condena incluyó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal. El fallo, dado a conocer el 31 de mayo pasado, se completó con la absolución de Ricardo Gabriel Coronel, también empleado del PAMI, por el beneficio de la duda.

En materia de pena accesoria, multa y reglas de conducta, el tribunal concedió la solicitud del fiscal Ricardo Rafael Toranzos, quien llevó adelante el caso desde que fue formalizado el 2 de junio del año pasado ante el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio.

En efecto, el tribunal impuso una multa de 1.660.000 pesos a condenado. Esa pena y el monto habían sido requeridos por el fiscal luego de que en el juicio se determinase la responsabilidad penal de ambos.

En materia de reglas de conducta, en tanto, el tribunal ordenó que realicen un curso de ética, que se abstengan de negociar contrataciones con el Estado y que deban realizar una tarea no remunerada por 60 horas durante un año en hogares de ancianos, para que con ello puedan recapacitar sobre el daño causado.

Al ingresar a la pena accesoria, el fiscal solicitó para Palacios la inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cargos públicos. La defensa intentó revertir la pretensión del MPF con un recurso de inconstitucionalidad contra la norma legal que lo establece, lo que fue rebatido por la fiscalía.   MPF