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El informe que difundió este lunes el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), indicó que la pobreza trepó del 44,7% en el tercer trimestre del 2023 al 55,5% en el primer trimestre de este año, en tanto que la indigencia pasó del 9,6% a 17,5% en el mismo período.

La pobreza -que se determina por el valor de la canasta básica alimentaria- ya alcanza a 24.9 millones de residentes en áreas urbanas en el país, mientras que unos 7.8 millones de personas de ellos está sumergido en la pobreza extrema o indigencia, de acuerdo con el documento.

“La inseguridad alimentaria total para áreas urbanas relevadas por la encuesta del ODSA-UCA, alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, se encuentran en una situación aún más grave, con inseguridad alimentaria severa el 10,9% de las personas, el 8,8% de los hogares y el 13,9% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA)", remarca el informe titulado “Deudas sociales estructurales en la sociedad argentina”.

Sobre el mercado laboral, el sondeo revela que "el 32,5% de los ocupados son trabajadores que residen en hogares en situación de pobreza, el 30,9% de los ocupados trabaja en la economía social y, al considerar a la población económicamente activa el 26,5% tiene un empleo precario y el 24,3% un subempleo inestable”.

Como contracara a un contexto de deterioro creciente en la Argentina de los últimos años, se consigna que los índices de mortalidad infantil registraron mejoras entre el 2005 y el 2022, aunque el panorama es dispar y depende de en qué provincia se ponga el foco.

“La tasa de mortalidad infantil, de menores de 1 año y de menores de 5 años, presenta una mejora general a través del tiempo, 2005 a 2022, pero una mayor heterogeneidad entre la situación de cada una de nuestras provincias. En general, al considerar los datos por provincias, se observa que los altos niveles de mortalidad infantil tienden a correlacionarse con altos niveles de indigencia monetaria”, se analiza en el informe del ODSA.

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Además de difundir el dato de inflación, el INDEC dio a conocer este martes la variación de las canastas básicas, que sirven para medir los niveles de pobreza e indigencia. En ambos casos, la desaceleración de los alimentos contribuyó a que ambas canastas evolucionen por debajo del IPC. Sobre todo, la canasta alimentaria, que aumentó por debajo de la mitad de la inflación general.

Según informó el INDEC, la canasta básica alimentaria aumentó en abril 4,2% en abril, muy por debajo de la inflación general (fue 8,8%), para acumular un alza del 55% en los primeros cuatro meses del año y una variación del 296,2% interanual. De esta manera, una familia compuesta por cuatro integrantes necesitó ingresos por $373.044 para no caer por debajo de la línea de indigencia.

En tanto, la canasta básica total, que suma además de los alimentos algunos servicios, aumentó en abril 7,1%, acumulando un alza del 67% en los primeros meses del año y del 307,2% interanual. Así, una familia compuesta por cuatro integrantes necesitó ingresos por $828.158 para mantenerse por encima de la línea de la pobreza, es decir, ser considerado clase media.

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El Foro Economía y Trabajo, que integran la CGT, ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma), pequeñas y medianas empresas, cooperativistas y otros espacios políticos y sociales, aseguró que “el endeudamiento externo del país, que condiciona las decisiones de política económica, es la contraparte del proceso de fuga de capitales que limita las posibilidades de desarrollo”, y denunció que “es un círculo vicioso que propicia el presidente Javier Milei a través del RIGI”, afirmó hoy el sector.

“Se trata de un círculo vicioso que propicia Milei al considerar que aquel que fuga dólares es ‘un héroe’, que ‘no importa de dónde venga la plata’, y que es ‘mejor’ que se compren ‘en negro’ para no pagar impuestos”, según dijo en el Foro Empresario de Llao Llao el 19 de abril último, afirmó un documento.

Para el Foro, que también integran economistas y otros especialistas a propuesta de las organizaciones sindicales, en “ese círculo vicioso el Estado se subordina al sector financiero por los pagos de capital, intereses y comisiones en detrimento de las obligaciones fijadas por la Constitución asociadas a los derechos humanos –como el acceso a la energía y el agua, la alimentación, la vivienda y las condiciones laborales-, la previsión social, la salud, la educación, la infraestructura, la seguridad y la defensa, por lo que crece el déficit fiscal y cuasi-fiscal, se quiebra el orden de las cuentas públicas y se condena la posibilidad de planificación integral del desarrollo nacional”, denunció el espacio.

El crecimiento de la deuda

“Entre 1976 y 2023 la deuda externa acumuló 286 mil millones de dólares y, la fuga de capitales al exterior, 351,9 mil millones de dólares, mientras que en ese período el déficit fiscal primario –que incluye el consolidado de Nación, Provincia y Municipios- ascendió a 99,4 mil millones de dólares. Es la consecuencia de la estrategia transnacional de valorización financiera que ejecutan las principales corporaciones empresarias locales y foráneas. En la estimación oficial de más de 430.000 millones de dólares de activos externos de argentinos -que continúa incrementándose en los últimos meses- se oculta la fuga sistemática de grandes capitales hacia el exterior, lo que provoca un enorme perjuicio a la recaudación tributaria y a la solvencia fiscal”, denunció el documento del espacio político-gremial.

También señaló que las grandes corporaciones exteriorizan firmas y capitales en guaridas fiscales, evaden y/o eluden tributos, subfacturan exportaciones -dejando el saldo en negro en el exterior- y sobrefacturan importaciones, queda el excedente en cuentas afuera y reingresan a través de blanqueos, precios de transferencia o negocios financieros presionando sobre el tipo de cambio.

El RIGI

“El Senado analiza la Ley Bases, que contiene un Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para facilitar esa fuga y eximir a los futuros beneficiarios de ingresar al país el 100% de las divisas que se obtienen por exportación luego del tercer año (artículo 195), reduciéndoles de forma notoria impuestos, retenciones, derechos de exportación (artículo 180 y subsiguientes) o admitiendo la libre importación de bienes de capital e intermedios -maquinaria, tecnología, insumos, servicios- (artículo 187 y subsiguientes), sin control de impuestos y garantizando el acceso a las divisas en el mercado local para pagarlas (artículo 197)”, sostuvo el documento de prensa del sector.

Para el Foro, el RIGI garantizará “la entrada y salida de capitales a la medida de las grandes corporaciones interesadas en la extracción y exportación de materias primas, al permitir la no diferenciación de precios locales de los internacionales en producciones nacionales con menores costos (rentas diferenciales), inhibiendo la accesibilidad a éstas por parte de los consumidores y eliminando la alternativa de impulsar la reestructuración de la matriz industrial con valor agregado”.

“Esa iniciativa, por el contrario, propicia una regresión de la estructura productiva al discriminar de forma negativa a la pequeña y mediana empresa sobre los beneficios tributarios y, a los trabajadores argentinos, en las posibilidades de empleo que de esa manera fugan al exterior”, enfatizó.

Según la Gerencia de Estadísticas del Sector Externo del Banco Central (BCRA), la formación de activos externos privados no financieros entre diciembre de 2023 y marzo de este año fue de 543 millones de dólares, la de activos externos del sector financiero (PGC) en ese período de 843 millones de dólares y, la de activos externos del sector público, de 31 millones de la misma moneda.

El Foro convocó una vez más a “no vender a la Patria” y afirmó: “Las divisas provenientes de la exportación generada por los proyectos de inversión promovidos por el proyecto oficial al cuarto año no ingresarán a la economía argentina, no servirán para superar la denominada restricción externa y, en cambio, habrá consecuencias negativas sobre la balanza comercial y cambiaria”.

“Al cerrar ese círculo vicioso, en ese régimen ‘no importa de dónde venga la plata’, y no se establecen controles sobre el origen de los fondos a invertir; se facilita el blanqueo de capitales fugados de forma ilegal o provenientes del lavado de dinero como consecuencia de actividades delictivas (evasión tributaria, contrabando) o criminales (comercio de narcóticos, personas o armas)”, puntualizó.

También sostuvo que ese proyecto atenta contra los recursos naturales y la industria y el trabajo nacionales y debilita la soberanía cuando somete cualquier conflicto a litigios en tribunales mundiales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.

“El Congreso está a horas de asumir su responsabilidad constitucional respecto de la superación del obstáculo que el círculo endeudamiento-fuga supone para la integridad de la Nación. El RIGI es uno de los motivos centrales por los que la Ley Bases debe ser rechazada totalmente”, concluyó el documento del Foro, que coordina el dirigente bancario Eduardo Berrozpe e integran, entre otros, Juan Costa, Ricardo Aronskind, Norberto Crovetto, Roberto Feletti, Santiago y Pablo Manzinelli, Felisa Miceli, Tomás Raffo, José Sbatella Nahuel Silva, Andrés Wainer y Raúl Dellatorre.

somostélam

La Ley Bases ya consiguió media sanción en Diputados y si se aprobara en el Senado, pondría en peligro más de 100.000 puestos de trabajo de estatales de planta permanente. Una parte del proyecto plantea la disolución de algunas áreas y la creación de un régimen especial para el personal estatal de esos organismos que pretenden desaparecer.

El Gobierno de Javier Milei espera la aprobación por parte del Congreso de la nueva Ley Bases, que le permitiría, no solo disolver algunas áreas del Estado, sino también contar con un marco jurídico para aquellos empleados públicos que busque despedir. El desguace sería imparable.

Como ya ocurrió con las anteriores olas de despidos, en los principales medios empezaron a circular «estimaciones» de «fuentes oficiales» de cuántos puestos de trabajo se destruirán. Esta vez la amenaza alcanzaría a más de 100 mil trabajadores, cuyos contratos ya están en la mira y que durante el plazo de un año pasarían a estar en “situación de disponibilidad”, hasta que las autoridades nacionales definan su futuro.

El Gobierno se encontraría facultado a modificar o eliminar «las competencias, funciones o responsabilidades» y los órganos u organismos de la administración central o descentralizada, aunque hayan sido creados por ley, cuyo mantenimiento la gestión del presidente Javier Milei considere "innecesario". 

Asimismo, el primer artículo del Capítulo IV de la Ley Bases «Empleo Público» ordena sustituir el artículo 11 del Anexo de la Ley N° 25.164 por uno que indica que “el personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas; o de reducción por encontrarse excedida, conforme surja del informe fundado del órgano competente en la materia, la dotación óptima necesaria, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses, conforme lo establezca la reglamentación”.

Durante ese tiempo, los trabajadores “deberán recibir la capacitación que se les imparta; o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado y, cumplido ese término, si el empleado no consiguió “una nueva relación de trabajo” en otro sector, “quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública nacional”.

En ese caso, “tendrá derecho a percibir una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor, salvo el mejor derecho que se estableciere en el Convenio Colectivo de Trabajo y las indemnizaciones especiales que pudieren regularse por dicha vía”.

“Quedan excluidos de las facultades del presente artículo las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan”, se aclaró. Aunque nada impide que no puedan desfinanciarlo todo.

También se prohibió la disolución del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).