Actualidad Local

La mujer fue descubierta en abril pasado en un colectivo con casi dos kilos de cocaína en su cartera y adosada a su cuerpo. La condenada reconoció su culpa, pero al debatir la pena, su defensa alegó la precaria situación de tres hijos y pidió su deportación anticipada. El tribunal rechazó el argumento y ponderó otros, como la alta pureza de la droga que transportaba.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a cuatro años de prisión efectiva a una mujer de nacionalidad boliviana que en abril pasado había sido detenida con casi dos kilos de cocaína cuando viajaba en un micro desde la ciudad salteña de Orán hacia Tucumán. Bajo la modalidad unipersonal, el juez Marcelo Juárez Almaraz, consideró a Yaquelín Padilla Barrientos autora del delito de transporte de estupefacientes.

En el mismo fallo -dado a conocer el pasado 19 de agosto- y en línea con lo planteado la fiscal subrogante, Paula Gallo, en representación del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, el magistrado también rechazó un pedido de la defensa para que la ahora condenada acceda a la expulsión anticipada del país. -------- Esta postura sienta un criterio opuesto al del TOF 2 salteño, tribunal que se pronuncia proclive a otorgar el extrañamiento anticipado, con lo cual las personas que, si bien fueron condenadas, no terminan de cumplir sus penas de prisión en el país.

El caso

La detención de Padilla Barrientos ocurrió el 4 de abril último, cuando viajaba como pasajera de un colectivo de larga distancia que había salido de la ciudad de Orán y se dirigía a Tucumán. La mujer, oriunda de la ciudad boliviana de Yacuiba, llevaba dos paquetes de droga, uno en su cartera y otro adosado al cuerpo. ------- El transporte ilegal de la sustancia se descubrió en un control de prevención de Gendarmería Nacional instalado en la ruta provincial N°30, en la localidad de Joaquín V. González, en el sur de la provincia. Detectada la droga, se procedió a la detención de la pasajera, contra quien se formalizó la investigación penal correspondiente.

Luego, el 31 de julio pasado, el juez de Revisión, Santiago French, hizo lugar a la acusación penal ratificada por la fiscalía, por lo que el caso quedó a la espera de juicio, instancia en la que se arribó a un acuerdo en cuanto a la responsabilidad de la acusada, por lo que el debate se concentró sobre la pena a determinar.

La postura de la fiscalía

En esta etapa, la fiscalía fijó un pedido de pena de cuatro años de prisión de condición efectiva en función de la gravedad del hecho, evidenciado por la alta pureza de la droga que transportaba, estimada entre el 85 y 89% y con una capacidad de producción de 17.478 dosis. ------- La fiscal Gallo resaltó el daño a la salud pública representado en el peso y poder nocivo de la sustancia, pero también remarcó que la acusada ya había realizado otros dos viajes previos desde Orán a Tucumán, por lo que señaló la frecuencia delictiva que llevaba.

Por otra parte, y en respuesta al pedido de expulsión anticipada de la acusada, adelantado por la defensa y la Asesora de Menores e Incapaces, la fiscal señaló que esa vía sería imposible de aplicar, pues no se cumplen los requisitos establecidos en la Ley N°25871 de Migraciones, para acceder a tal beneficio.  Explicó que, aún si la acusada fuera ciudadana argentina, tampoco le cabría la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, por cuanto no se dan los supuestos previstos por la ley, como así tampoco una situación de vulnerabilidad que justifique apartarse de la norma.

También rebatió una supuesta alegación de violencia de género por parte de una expareja, ya que un informe socioambiental, reveló que la acusada no habría llegado a convivir con el agresor.  Finalmente, Gallo remarcó que “en el lapso de un mes, Padilla Barrientos realizó tres viajes ingresando al país por pasos no habilitados, siendo en el último viaje que Gendarmería Nacional encontró el estupefaciente entre sus pertenencias, por lo que justamente el fin resocializador de la pena no se lograría si ella regresa a su país en libertad”.

Resolución

Al expedirse sobre los planteos, el tribunal coincidió en todo con la fiscalía, ya que impuso la pena de cuatro años de prisión efectiva y rechazó la expulsión del país anticipada de la acusada por considerar la gravedad del hecho, la ausencia de afectación al interés superior del niño respecto a sus hijos y la imposibilidad de aplicación del beneficio de la deportación. -

Sobre este último aspecto, consideró que “de la armónica conjugación del art. 64 de la Ley 25871 y los acápites I y II del art. 17 de la Ley 24660, la acusada no cumple con los requisitos legales para su expulsión. De esta manera, se debe tener presente que sobre la encartada pesa una pena privativa de la libertad de 4 (cuatro) años, la cual es de ejecución efectiva, desplazando así el supuesto contemplado en el inc. ‘b’ del art. 64 de la ley migratoria, resultando aplicable el inc. ‘a’ de la mencionada norma”.

“En este contexto, y toda vez que la pena que pesa sobre la acusada es de cumplimiento efectivo y menor a los cinco años de cuantía, para conceder la expulsión en los términos que requiere la defensa, se requiere que la encartada haya ingresado al período de prueba, es decir, después de haber cumplido la mitad de la condena”, agregó el juez.

Reconoció que, en otro caso, dicho tribunal incurrió en excepciones a la norma, como en el precedente “Yauripari Arroyo”, cabe recordar que las circunstancias en la presente causa son distintas a la del fallo invocado. En el caso citado, “la expulsión anticipada tuvo lugar con la anuencia del Ministerio Público Fiscal como parte de un acuerdo pleno con la defensa”.

Además, remarcó que el estupefaciente secuestrado tenía una pureza menor a la de la presente causa y recordó que en el caso aludido, “la acusada sufrió la pérdida de un hijo a tan solo 8 días antes de su detención, como así también la absoluta pobreza experimentada por su consorte de causa y la presencia de niños menores de 5 años sin personas que estuvieran en condiciones de afrontar sus cuidados”.

Resaltó las claras diferencias con el caso de Padilla Barrientos, pues si bien no se desconocen las carencias materiales por las que pudiera atravesar el núcleo familiar de la acusada, la situación de los menores no resulta tan apremiante como para quedar incluidos en un estado de vulnerabilidad, en los términos del art. 1 de las Reglas de Brasilia”, aludidas para obtener la expulsión anticipada.

MPF

El ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Ramón Domínguez, en representación del Gobierno de la Provincia participó del acto por el Día del Arma de Ingenieros y de su patrono San Ignacio de Loyola del Ejército Argentino.

La ceremonia fue encabezada por el comandante de la V Brigada de Montaña del Ejército, coronel Ricardo Felipe Fresta y el teniente Coronel del Batallón de Ingenieros, Luis Alberto Rubio. Tuvo lugar en el Batallón de Ingenieros de Montaña 5 “General de División Enrique Mosconi” de la guarnición.  Se hizo el tradicional paso de revista, se entonó el Himno Nacional Argentino, una invocación religiosa, un minuto de silencio por los caídos en cumplimiento del deber. Se realizaron reconocimientos a personal con 25 años de servicio y próximos a retiro.

En la oportunidad, el Ministro destacó la importante misión que lleva adelante el Ejército Argentino y las áreas que lo conforman en las acciones de prevención y acompañamiento a la comunidad y en la labor conjunta con las Fuerzas de Seguridad de la Provincia. 

Concluyó con el tradicional desfile militar. Estuvieron presentes el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, el jefe y subjefe de la Policía de Salta, Diego Bustos y Walter Toledo, el jefe de la División Operativa de la Policía Federal Salta, Juan Bautista Otero, el comandante Mayor Ramón Pereyra, jefe de la VII Agrupación de Gendarmería Nacional, entre otras autoridades.

Sigue escalando la interna en La Libertad Avanza (LLA) y la diputada por Mendoza Lourdes Arrieta cerró el sábado, y siguió ayer, con un fuerte descargo en la red social X (ex Twitter), donde mostró cómo se gestó la visita a los genocidas al penal de Ezeiza y la clara intención de presentar un proyecto de ley que conceda la libertad a los represores de la última dictadura. La visita ocurrió el 11 de julio y asistieron Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y la propia Arrieta.

Si bien el grupo de Salta en el bloque libertario María Emilia Orozco, Carlos Zapata y Julio Moreno no formaron parte de la comitiva, el descargo de la diputada medocina evidenció que tanto Orozco como Zapata estaban al tanto del tema desde marzo. Arrieta reflejó que el fin último era la presentación de un proyecto que beneficiara con prisión domicialiria o incluso la libertad a militares ya condenados por crímenes de lesa humanidad. De hecho, ayer publicó borradores de proyectos de ley y de un decreto.

Bajo el título "No más impunidad", la mendocina subió una serie de capturas de pantalla de distintos grupos de WhatsApp que tenían como principal gestor al sacerdote Javier Olivera Ravasi, quien es un férreo militante por la libertad a los genocidas y es hijo del represor Jorge Antonio Olivera, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan durante la última dictadura. Es "hora de que se sepa la verdad sobre quién autorizó y cuál era el verdadero motivo de la visita a los genocidas", sostuvo Arrieta.

En ese sentido, apuntó contra legisladores que, tras hacerse pública la visita, negaron su vinculación, como es el caso de Emilia Orozco y Carlos Zapata. "Entré porque en ese grupo ya estaban muchos de mis colegas que hoy fingen demencia: Lemoine, Ponce, Orozco, Mayoraz, Santurio, Benedit, Ferreyra y Araujo", dijo la diputada, anoticiando que desde febrero Olivera Ravasi se empezó a vincular con legisladores nacionales para formalizar el proyecto.

Se sabía Después de que se supo de la visita de los legisladores a los represores, la diputada Emilia Orozco otorgó una nota a la radio Delta FM 90.3 de Buenos Aires, donde sostuvo que sólo seis diputados fueron al penal de Ezeiza, si bien reconoció que fue invitada, negó que haya asistido. Sin embargo, dijo que la visita no fue son el solo objetivo de ver a los represores, que fueron a "visitar a algunos presos y también a recorrer las instalaciones de la cárcel". Agregó que los legisladores se reunieron con las autoridades de la unidad carcelaria e insistió en que fue "una visita muy amplia" que fue "más allá de lo que solamente se hace foco", en referencia a "que supuestamente se reunieron con personas que están ahí privadas de su libertad por las causas que todos sabemos".

Aún así la legisladora salteña dio a entender que la libertad a los genocidas es una línea política que se sostiene desde el gobierno de Javier Milei: "No nos olvidemos que ha sido una línea de nuestra política, la propia Victoria Villarruel a embanderado esta causa. Yo hablé en profundidad con los diputados para ver si realmente se reunieron o no, pero entiendo que no fue exclusivamente a ver (a los represores). Fue generalizada", refirió.

Los chats la vinculan más activamente a Orozco que a Zapata. Arrieta señala que la salteña estaba al tanto de la iniciativa de liberar a los represores desde el 12 de marzo, cuando ingresó formalmente a un primer grupo de WhatsApp denominado “Comida informal con el Padre Javier x milit", que desde fines de febrero estaba "puliendo" dos proyectos de ley que tenían como fin "regular el plazo razonable de los procesos y modificar la Ley de Ejecución Penal, el Código Penal y Procesal Penal", junto a "un decreto reglamentario para incluir causas de lesa humanidad".

Ambas iniciativas con el fin de "obligar a los jueces a conceder la prisión domiciliaria" manifestando que “los que están en cárceles irían a domicilio y muchos obtendrían la libertad", según consignan los chats. Orozco y Zapata estaban dentro del grupo para asistir a una comida el 14 de marzo en la calle Montevideo 871, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se iba a explicar el proyecto a los legisladores. Orozco asistió el encuentro junto a Laura Olea, Ricardo Saint Jean, Alida Ferreyra, Santiago Santurio y Guillermo Montenegro. Zapata no formó parte y tampoco se ven interacciones al respecto.

Tras el encuentro, el diputado por Entre Ríos Beltrán Benedit propuso dividir tareas y "accionar en distintos frentes". Pidió "enviar gente a entrevistarse con la Dra. Agustina Díaz Cordero, integrante del Consejo de la Magistratura y jueza de familia de la CABA".

Un segundo grupo de WhastApp se creó el 20 de marzo de 2024, por la abogada Laura Olea, bajo el nombre "Proyecto decreto". Nuevamente están Orozco y Zapata. Arrieta contó que el 23 de abril se envió un video del cura Olivera Ravasi junto a un proyecto de decreto reglamentario. El sacerdote pidió no reenviar el documento para que no se haga público y agregó: "el secreto de este tema es el secreto”. Orozco reaccionó con un emoticon de pulgar arriba. Olivera Ravasi volvió a solicitar una última reunión para definir el proyecto, que se terminó haciendo vía Zoom el martes 21 de mayo, a las 18.30.

Otro grupo se creó el 13 de julio, después de la visita al penal de Ezeiza, bajo el nombre "Visita". La intención era armar un comunicado de prensa y ver "la forma de comunicar las fotografías. Allí se puede apreciar la discusión entre Montenegro y Benedit por la publicación", dijo la mendocina. En este último grupo no mostró quiénes lo conforman, por lo que no se evidencia si Orozco o Zapata fueron parte de esa estrategia.  (...)

Salta 12

Contará con cinco camas y se estima que antes de fin de año entraría en funcionamiento. Se trabaja en el acondicionamiento del espacio físico en el hospital San Roque, donde también se instalará un angiógrafo para asistir a pacientes infartados.

El hospital San Roque, cabecera del área operativa Embarcación, contará con una unidad de terapia intensiva, informó el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, en ocasión de su visita al norte provincial. Al respecto, Mangione dijo que ya se está trabajando en el proyecto, que podría materializarse en los próximos meses. “Pronto, este hospital va a tener su terapia intensiva, no es algo inmediato, pero ya contamos con parte de los equipos y se va a comprar lo que haga falta, además hay que hacer instalaciones para oxígeno central y otras obras complementarias”, expresó.

Otro aspecto que señaló Mangione es el recurso humano. “Se necesita cuatro enfermeros especializados en terapia intensiva por paciente, hay que formar a ese recurso y para ello contamos con la colaboración de los hospitales de Orán y Tartagal, que cuentan con terapia intensiva”, dijo.

En cuanto a los aspectos técnicos, el Ministro comentó que el proyecto contempla cinco camas. “Cada una tiene que tener su equipamiento específico de monitoreo, el oxígeno que se use debe ser centralizado, también hay que contar con un grupo electrógeno en óptimas condiciones de funcionamiento, en todo eso estamos trabajando”, dijo. Con respecto al lugar donde funcionará la Unidad de Terapia Intensiva, el gerente general del hospital San Roque, Javier Biurrun, informó que se cuenta con el espacio necesario, sobre el cual se harán los trabajos de reacondicionamiento, en cuanto a estructura edilicia e instalaciones. “Con la terapia intensiva este hospital va a aumentar su complejidad y va a dar mayor cobertura a la población”, manifestó.

Angiógrafo

Por otra parte, el ministro Mangione ratificó que el hospital de Embarcación contará con un angiógrafo para la atención de pacientes con infarto de miocardio, y que instructores de terapia intensiva del hospital San Bernardo irán a Embarcación para entrenar al personal. Ademas, agregó que “apuntamos a cubrir a la población de todo el norte, un área de 90 kilómetros a la redonda. Estamos trabajando con el Colegio de Médicos de Salta y con grupos científicos importantes para aportar calidad y cumplir con el pedido del gobernador Gustavo Sáenz, de tener una salud federal”.

Los anuncios se dieron luego de una reunión que Mangione mantuvo con los gerentes de los hospitales de Embarcación, Javier Biurrun, de Orán, Fabián Valenzuela, y de Morillo, Adrián Cardozo, y el director de la zona sanitaria Norte I, Víctor Dip. “La salud pública es transversal y todos los hospitales deben trabajar en colaboración mutua”, manifestó el ministro de Salud Pública, destacando la necesidad de intensificar el sistema de redes para la rotación de profesionales especialistas y garantizar que en todos los hospitales haya atención, evitando el traslado de los pacientes.

Acompañado por el gerente Biurrun y demás miembros del equipo hospitalario, Mangione recorrió las instalaciones del nosocomio, la sala que será refaccionada para funcionamiento de la unidad de terapia intensiva y el quirófano híbrido con el angiógrafo y el centro de recuperación nutricional infantil.