Tras la difusión de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas que involucran a la primera plana del Ejecutivo, el Gobierno denunció ante la Justicia un operativo de inteligencia ilegal "con el fin de desestabilizar el país en plena campaña electoral". Además, logró una cautelar del Poder Judicial para evitar que se reproduzcan las filtraciones que salpican a la secretaria de Presidencial, Karina Milei, y su asesor Eduardo "Lule" Menem.
Así lo confirmó el propio vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales. "No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido", remarcó el funcionario. Según pudo saber este medio, la denuncia recayó en el Juzgado Federal 12, que subroga el juez federal Julián Ercolini.
Previo a conocerse la denuncia, ingresó en el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo el abogado y procurador del Tesoro Nacional, Santiago Castro Videla. Según señalaron fuentes de Casa Rosada, la maniobra "consistió en la captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios".
Entre los responsables identificados por el Gobierno se encuentran el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi. En este marco, la Justicia ordenó allanamientos en sus domicilios y en el medio de comunicación “Carnaval Stream”.
Para el Gobierno, "no se trata de una filtración casual", sino "de un ataque planificado que apunta directamente al núcleo de la democracia argentina que es el proceso electoral". En ese marco, en Balcarce 50 consideran que el objetivo "fue generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales".
