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Ya son once los imputados de integrar la asociación delictiva desbaratada en febrero pasado, cuando se allanó una finca en la que se descubrieron 2.400 plantas y 8.208 plantines, además de todos los elementos para el procesamiento de la droga.
En una nueva audiencia de ampliación del objeto procesal, la Procuraduría de Narcorminalidad (PROCUNAR) del NOA, a cargo del fiscal general Eduardo José Villalba, imputó el jueves pasado a otros cuatro hombres el delito de siembra y cultivo de plantas para producir estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
La acusación fue receptada por la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, quien también hizo lugar a la prisión preventiva respecto de uno de los acusados, quien está sindicado con una responsabilidad penal mayor que la del resto. Asimismo, autorizó nuevos peritajes, la ampliación del plazo de la investigación y rechazó una serie de impugnaciones planteadas por las distintas defensas.
La imputación a los nuevos acusados, detenidos el 30 de mayo pasado en distintos domicilios de las localidades jujeñas de Monterrico y Palpalá, fue presentada por la auxiliar fiscal Mariana Gamba Cremaschi, quien dio detalles respecto al rol de cada uno en la organización narcocriminal.
Ante la jueza, los nuevos acusados fueron identificados como César Alberto Royo, Aldo Luis Aparicio y sus hijos Tomás y Simón. Estas personas se suman a a los ya imputados Juan Berruezo, Jonatán Manuel Garzón, los hermanos Gustavo Carlos y José María Segovia, Sergio Humberto Salum, Rodrigo Martín Guillermo Coronel y Víctor Nicolás Farfán.
Berruezo y Garzón fueron detenidos el 4 de febrero pasado y fueron imputados tres días después. El primero es administrador e hijo del dueño de la finca donde se había montado la plantación de marihuana, ubicada en la zona norte de Salta, casi en el límite con Jujuy. El segundo, en tanto, cumplía tareas como cuidador.
El 9 de febrero la PROCUNAR NOA amplió la imputación sobre los hermanos Segovia, quienes cumplían tareas de cuidado en la plantación. El 23 de marzo, en tanto, se sumó una nueva extensión de la acusación, esta vez sobre Salum, Farfán y Coronel. Los dos primeros, fueron sindicados como los líderes de la organización, mientras que el tercero tenía a su cargo tareas menores.
Los nuevos acusados fueron detenidos el 30 de mayo pasado en distintos domicilios de las localidades jujeñas de Monterrico y Palpalá. Su localización e identificación fue posible luego de los peritajes sobre los teléfonos del resto de los imputados.
Todos los acusados, según la hipótesis de la fiscalía, conformaron una asociación delictiva que tenía como objeto la plantación de marihuana para su posterior comercialización. En efecto, en la finca de Berruezo se hallaron 2.400 plantas, 7.200 plantines dispuestos para su cultivo y otros 1.008 en germinación.
Asimismo, se secuestraron 305 gramos de semillas, 71 kilos de cogollo y numerosos elementos destinados a la siembra, cultivo y procesamiento de la droga. En la finca había un sector de secado, recipientes con insecticida y fertilizantes, mochilas de fumigado y regado, y garrafas con pantallas de calor.
Entre otras evidencias, y como resultado de otros allanamientos, se incautaron dos vehículos, documentación de interés, un millón de pesos y varios teléfonos, de los cuales se logró extraer información respecto al resto de los integrantes de esta organización.
Nueva imputación. Al referirse a los nuevos imputados, la auxiliar fiscal señaló que su identificación provino de los mensajes y chats extraídos. Dijo que de estas evidencias surgía de manera reiterada la alusión de una persona a la que llamaban “plátano”.
Explicó que este acusado tuvo un rol de cierta relevancia, pues aparece señalado como una pieza clave en la siembra y cultivo de las plantas, al parecer, por su conocimiento en materia agrícola y experiencia en logística para la disposición de la plantación.
“De las tareas de gabinete y de campo, tanto por parte del equipo del Ministerio Público Fiscal y de las fuerzas intervinientes, como personal del Escuadrón 53, de la Gendarmería nacional y del GOC NOA [Grupo Operativo Conjunto de Lucha contra el Narcotráfico del Noroeste Argentino], se pudo establecer que Aldo Aparicio era la persona referida como plátano”, explicó.
Como prueba de ello, indicó que la identificación del acusado provino no sólo de la identificación de su número de teléfono, sino de varios mensajes enviados por los líderes de la organización, quienes en distintas comunicaciones preguntaban por el paradero de “plátano”.
En la finca se hallaron 2.400 plantas, 7.200 plantines dispuestos para su cultivo y otros 1.008 en germinación, 305 gramos de semillas, 71 kilos de cogollo y elementos destinados a la siembra, cultivo y procesamiento de la droga.
Medidas de coerción y planteos. En vista de la envergadura del caso y teniendo en cuenta que se trata de la plantación de marihuana más grande del país descubierta, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de Aldo Aparicio y requirió que esta medida, que también recae sobre Berruezo, Salum, Farfán y Garzón, se extienda por cincuenta días más.
La representante del MPF fundó el pedido tanto en la gravedad y en la naturaleza del hecho, como en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación penal, en el que podrían incurrir los cinco acusados mencionados, cuya responsabilidad penal es mayor a la del resto y, por lo tanto, la pena en expectativa para ellos no contemplaría la modalidad de ejecución condicional.
En el caso de Aparicio, la auxiliar fiscal resaltó su disposición económica, pues posee alrededor de nueve vehículos registrados a su nombre, entre autos, camionetas y maquinas agrícolas, a lo que se suman numerosos teléfonos celulares, los cuales ahora serán sometidos a nuevos peritajes.
Gamba Cremaschi sostuvo que la situación de Berruezo, Salum, Farfán y Garzón se agravó, por lo que argumentó la necesidad de mantenerlos privados de su libertad. Respecto a los hijos de Aparicio y a Royo, propuso que queden en libertad provisoria con medidas restrictivas a cumplir, entre ellas la prohibición de salir del país y la presentación periódica ante la dependencia policial más cercana.
Frente a estos pedidos, las defensas de los cincos acusados detenidos interpusieron una serie de planteos, como declaraciones de ilegalidad y nulidades, tanto sobre los allanamientos, peritajes, el secuestro de teléfonos y chips y las intervenciones telefónicas de sus defendidos, fundadas en la supuesta ausencia de autorización judicial.
Los pedidos, sin embargo, no prosperaron. Al rebatirlos, la auxiliar fiscal Gamba Cremaschi repasó cada una de las diligencias cuestionadas, indicó la existencia de constancias de la respectiva autorización y control judicial por parte de los jueces intervinientes, con lo cual echó por tierra las pretensiones defensivas. Lo mismo sucedió con un pedido similar de la defensa de Royo.
En su argumentación, la representante del MPF destacó las premisas del Código Procesal Penal Federal, vigente en Salta y Jujuy desde el 10 de junio de 2019, entre ellas la oralidad y la desformalización del trámite del legajo, aspecto que pudo haber influido en las peticiones defensivas, ya que varias de las autorizaciones puestas en duda fueron oralizadas en las distintas audiencias celebradas.
La postura de la fiscalía fue respaldada por la jueza Giménez, quien intervino en la mayoría de las diligencias cuestionadas. La magistrada acompañó también los argumentos referidos al riesgo de fuga, entorpecimiento, expectativa de pena y agregó el compromiso de investigar a fondo estos hechos, según se desprende de los tratados internacionales asumidos por el Estado argentino.
También resaltó la magnitud del hecho, la asociación de los acusados, cada uno con un rol y, en especial, destacó el daño que representaba para la sociedad la cantidad de estupefaciente que los imputados se disponían a procesar para su comercialización.
En vista de ello, la jueza desechó las impugnaciones, declaró la legalidad de la detención de los cuatro imputados, dio por ampliado el objeto de la investigación penal, dictó la prisión preventiva de Aparicio, extendió el plazo de la de los otros acusados y, por último, autorizó los peritajes a llevarse a cabo sobre los teléfonos y dispositivos secuestrados a los nuevos acusados.
Por otra parte, indicó que Aparicio era la persona encargada de buscar a los trabajadores rurales para llevarlos a la finca, y que les proveía comida, por lo que “su rol dentro de la organización era superior respecto a otros acusados”.
La representante del MPF indicó que la imputación a los hijos de Aparicio surge de los intercambios comunicativos mantenidos, tanto con su padre como con el resto de los acusados.
Con Royo sucedió algo similar, pues en los chats era identificado por el apodo de “Cumpa”. Su identidad se conoció a partir de la titularidad de la línea y a raíz de las comunicaciones que mantuvo con otros imputados, entre ellos Garzón, Aldo Aparicio y Coronel. Su rol, según la fiscalía, estuvo relacionado a la siembra y cultivo de la droga.
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El gobernador Gustavo Sáenz participó esta tarde en La Caldera de un curso gratuito sobre redes sociales, destinado a emprendedores y organizado por el senador Emiliano Durand, en el Centro Gaucho El Palenque.
La capacitación contó con una importante convocatoria, más de 150 jóvenes y adultos con deseos de aprender, perfeccionarse y progresar. Fue sobre cómo publicitar en Facebook y la utilización de la distintas herramientas del celular. Durante la jornada, el gobernador Gustavo Sáenz brindó un mensaje de aliento a los presentes y celebró la realización de capacitaciones gratuitas para que los salteños puedan aprender y potenciar sus emprendimientos.
El mandatario también se refirió a las distintas posibilidades de financiamiento que “desde la Provincia tenemos para ofrecer a los emprendedores para que puedan seguir creciendo y progresando. Esto tiene que ver con el compromiso de este gobierno que trabaja pensando siempre en los salteños”. Sáenz anticipó también la realización de una gran feria de emprendedores en el Centro de Convenciones de Limache después de la Festividad del Milagro y anunció la obra de refacción de las paredes de la cancha de paleta del municipio.
Durante su charla, Durand expuso sobre la Fun Page Market Place, sobre la presentación de las publicaciones para generar impacto y mejor posicionamiento en ventas, el aporte de Whatsapp para la potenciación de las ventas (listas de difusión), estrategias para fidelizar clientes. También espacios de formación gratuitos de Facebook y recomendaciones sobre las imágenes, cómo funciona el algoritmo con las imágenes.
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El gobernador Gustavo Sáenz se reunió en Casa de Gobierno con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc R. Stanley, con quien avanzó en una agenda bilateral para el fortalecimiento de los lazos comerciales, turísticos y culturales entre ambos estados.
En la oportunidad, se puso de relieve que las exportaciones salteñas a Estados Unidos durante el año pasado se triplicaron creciendo un 209,9%, lo que presentó el ingreso a la provincia de divisas genuinas adicionales por 146 millones de dólares. “Salta es tierra de oportunidades”, dijo el Gobernador en la oportunidad.
También se aprovechó la reunión para repasar las diversas inversiones de Estados Unidos en Salta como en el tabaco, los biocombustibles, los cítricos, los vinos y la minería. Además y en la búsqueda de la Provincia de nuevas oportunidades comerciales, se continúa trabajando en el sector vitivinícola. Se recordó en este sentido la Misión Comercial inversa Estados Unidos - Salta.
“Esta misión tuvo como objetivos principales enlazar compañías importadoras de vinos estadounidenses con bodegas salteñas, para facilitar relaciones comerciales e inversiones que ayuden al crecimiento de las exportaciones de vino de la Provincia y a mejorar su posicionamiento en el mercado estadounidense”, puntualizó el representante de Relaciones Internacionales de Salta, Julio Argentino San Millán, quien también participó de la reunión.
Al respecto, el funcionario señaló el gran interés que generan los vinos salteños de altura en los consumidores estadounidenses, lo que permitió el año pasado exportaciones por casi 7 millones de dólares, con preferencia de cepas Malbec, Torrontés, Tannat y Merlot. Así, Estados Unidos continúa siendo el principal mercado de vinos salteños fraccionados.
Otro de los temas tratados fue la posibilidad de realizar una misión comercial de los gobernadores que integran el Norte Grande en setiembre para presentar en el país del norte las posibilidades de inversión en consideración de los importantes recursos que poseen el NOA y NEA.
La llegada de la línea American Airlines a Salta, fue otro de los temas conversados en vista de la privilegiada y estratégica ubicación geográfica de la provincia en el corredor norte y en el límite con tres países.
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El Ministerio de Salud Pública informa a la población sobre esta zoonosis que se ha expandido por varios países del mundo; cómo se transmite, cuáles son los signos y síntomas y los porcentajes de letalidad.
La viruela símica es una enfermedad zoonótica viral que produce síntomas parecidos a los de la viruela, pero son menos graves. La transmisión mayoritariamente se da de animales a humanos y se produce por contacto directo con la sangre, los líquidos corporales o las lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados. Entre los hospedadores animales se incluyen una variedad de roedores y primates no humanos. También puede transmitirse de una persona a otra por contacto estrecho con lesiones, líquidos corporales, gotículas respiratorias y materiales contaminados como la ropa de cama.
Esta patología no es nueva, ya que anualmente se presentan casos en zonas de la selva tropical de África central y occidental y, esporádicamente, se exportan a otras partes del mundo. Ante el incremento de casos en más de 20 países del mundo, entre los que se encuentran del continente europeo, americano y oceánico.
Suele ser una enfermedad autolimitada, con síntomas que duran de 2 a 4 semanas y que puede causar cuadros graves. Recientemente, la tasa de letalidad ha sido de alrededor del 3% al 6%. Si bien no hay tratamiento ni vacuna para esta enfermedad, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalaron que la vacunación antivariólica previa ha resultado muy eficaz, de alrededor del 85%, para prevenir la viruela del mono, lo que puede ayudar a que la enfermedad sea más leve.
Signos y síntomas . El periodo de incubación de la viruela símica suele ser de 6 a 13 días, aunque puede variar entre 5 y 21 días. La infección puede dividirse en dos periodos: El periodo de invasión (dura entre 0 y 5 días), caracterizado por fiebre; cefalea intensa; inflamación de los ganglios linfáticos; dolor lumbar; dolores musculares y falta de energía.
El periodo de erupción cutánea suele comenzar al segundo día después de la aparición de la fiebre y tiende a concentrarse sobre todo en la cara y las extremidades. Las zonas más afectadas son: el rostro; las palmas de las manos y las plantas de los pies. También se ven afectadas las mucosas orales, los genitales y las conjuntivas así como la córnea.
Los casos graves se producen con mayor frecuencia en los niños, y su evolución depende del grado de exposición al virus, el estado de salud del paciente y la naturaleza de las complicaciones. Las complicaciones de la viruela símica pueden ser infecciones secundarias, bronconeumonía, síndrome séptico, encefalitis e infección de la córnea con la consiguiente pérdida de la visión. A lo largo de la historia, la tasa de letalidad de la viruela símica ha oscilado entre el 0% y el 11% en la población general, y ha sido mayor entre los niños pequeños.
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Se trata del jefe del Escuadrón Aguaray, un alférez y un sargento. Junto al dueño de una finca colindante con el Estado Plurinacional de Bolivia, están acusados de dirigir maniobras tendientes al paso ilegal de camiones, previo pago de un “peaje”.
Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, integrado por los jueces Domingo Batule, Abel Fleming (presidente) y Gabriela Catalano, lleva adelante desde ayer un juicio seguido por los delitos de contrabando y cohecho contra el ex jefe del Escuadrón Aguaray de la Gendarmería Nacional, comandante principal Marciano Alberto Páez, el alférez Diego Ernesto Radaelli y el sargento Rodolfo Ayala, ambos del mismo escuadrón, y a Alberto Martín Crossa, propietario de una finca ubicada en la localidad de Campo Durán, en el Departamento General San Martín, en el norte de la provincia.
Páez, Radaelli y Ayala están acusados por el delito de contrabando de granos. En el caso de los dos primeros, la fiscalía reclama que sea agravado por el número de intervinientes y por la participación de funcionarios de una fuerza de seguridad nacional, mientras que al sargento se le endilga solo el segundo agravante.
En concurso real, y para los tres efectivos, la fiscalía también les imputó el delito de cohecho pasivo, en calidad de coautores. En el caso de Crossa, la acusación fue también por contrabando de granos con ambos agravantes más el cohecho, pero activo y en grado de autor.
Páez, Radaelli, Ayala y Crossa fueron detenidos el 5 de julio del año pasado y dos días después el fiscal Villalba formalizó la imputación penal ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya. Las detenciones fueron parte de numerosos procedimientos realizados tanto en el Escuadrón de Aguaray, como en otros domicilios, lo que generó un gran despliegue de efectivos en la zona.
En la audiencia de ayer, como es usual, el tribunal identificó a los acusados y dio paso a los alegatos de apertura. El representante del Ministerio Público Fiscal, junto a la auxiliar fiscal Roxana Gual, presentaron el caso a los jueces, mencionaron las pruebas a producir en el juicio y precisaron la calificación legal.
El fiscal resaltó que el caso a ventilarse refleja un hecho de “corrupción galopante” dentro de Gendarmería Nacional y de “grandísima escala”, el cual causó un “perjuicio enorme” para el fisco, pues no se trató de un contrabando hormiga, sino de camiones que cruzaban ilegalmente la frontera a través de la finca del acusado Crossa, todo ello en plena pandemia del COVID-19.
La maniobra Villalba resaltó el rol del finquero, quien -según explicó- fue funcional a las maniobras de contrabando al poner su propiedad a disposición del resto de los acusados como paso hacia territorio boliviano, dado que la parte posterior limita con el país vecino.
Adelantó que, a lo largo del juicio, que tiene en carpeta alrededor de 150 testigos, probará que la finca de Crossa fue clave en la maniobra, la que fue iniciada por el sargento Ayala junto a otros dos prófugos y el finquero, en noviembre del 2020.
En esa primera etapa, describió el fiscal, se pactaba con determinados transportistas el pago de una coima y se pasaba la chapa patente al sargento, quien allanaba el camino para que esos camiones tuvieran el paso libre hasta la finca de Crossa, que fungía como la puerta hacia Bolivia.
El fiscal añadió que ese negociado fue advertido por Páez y Radaelli, quienes lejos de ponerle fin tomaron la posta y agrandaron el radio de ilegalidad, como también el flujo de ingresos por el sistema de “peaje” que habían impuesto, el cual incluía, por otra parte, la aplicación de un férreo control a los transportistas que no accedían al pago de coimas, las cuales rondaban entre los 150 y 200 mil pesos por camión.
Villalba sostuvo que, de esta manera, los acusados llegaron a percibir sumas siderales por liberar la ruta, accionar que se facilitó debido a que otros organismos de contralor, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por ejemplo, retiraron el personal del puesto de control a raíz de las medidas sanitarias dispuestas en el orden nacional.
La maniobra, sin embargo, fue advertida por la AFIP, que se presentó ante la fiscalía para pedir que se investigue el caso. La solicitud también fue impulsada por “las principales autoridades de Gendarmería Nacional, fuerza que se puso a disposición del fiscal, pues también habían percibido que algo raro sucedía en Aguaray”, explicó el fiscal.
Añadió que, en materia de evidencias, se sumaron una denuncia anónima, información aportada desde otro expediente derivado desde la provincia de Santa Fe, la declaración de un testigo de identidad reservada y el secuestro del celular de uno de los prófugos.
La cantidad de pruebas y el resultado de tareas de campo e inteligencia criminal en torno al caso llevaron a la fiscalía a solicitar la detención de los acusados, pues todo indicaba la connivencia de los efectivos del escuadrón de Aguaray en el contrabando.
En tanto, durante la audiencia de ayer las defensas se limitaron a cuestionar la acusación, el valor de las evidencias traídas a debate por la fiscalía, sin presentar ni adelantar cuáles serán los elementos de prueba o argumentos sobre los cuales fundarán la inocencia de sus defendidos.
El fiscal expuso que el sistema de “peaje” que habían impuesto los gendarmes incluía la aplicación de un férreo control a los transportistas que no accedían al pago de coimas, las cuales rondaban entre los 150 y 200 mil pesos por camión.
Perjuicio millonario. Abierto el debate, los acusados se abstuvieron de prestar declaración y se dio paso a la etapa testimonial. El primero en declarar fue el contador Carlos Meneses, jefe de la División Investigación de la Regional NOA de la AFIP, quien se refirió a la operatoria de transporte de granos hacía la frontera. Ante el interrogatorio de la fiscalía, el testigo fue claro respecto al trámite de la carta de porte y su vinculación con el código de trazabilidad de granos (CTG) y también explicó de qué manera ese documento puede ser anulado.
Reveló que, desde enero a noviembre de 2020, advirtieron que había un gran número de operaciones de transporte que eran anuladas, lo que levantó serias sospechas sobre la posible comisión de hechos delictivos, entre ellos contrabando de granos. Explicó que eso repercutía directamente en materia impositiva. Precisó que, de un estudio específico, se pudo establecer alrededor de 45 mil traslados, de los cuales el 10 % terminaban siendo anulados.
De ese número, en tanto, la mitad tenía como destino la localidad de Salvador Mazza. Para mayor claridad, indicó que cada traslado equivale a un camión con una carga promedio de 30 toneladas. También mencionó que los trámites se realizaban mediante una clave fiscal, por lo que no descartó que hubiera un uso ilegal de ese código.
Agregó que, en busca de confirmar este fenómeno, entre el 25 y el 26 de noviembre del 2020, realizaron un control en los puestos de Senda Hachada y Aguaray, donde se comprobó el paso de 83 camiones. De esa cantidad, 43 traslados, con un estimativo de 1.260 toneladas de granos, fueron anulados tras superar esos puestos de control y estimó el perjuicio impositivo de alrededor de los 63 millones de pesos, solamente si se toma en cuenta la aplicación del IVA, cálculos que el testigo realizó en la sala a pedido de la fiscalía y a fin de tomar magnitud del daño.
Ante preguntas de las defensas, que apuntaron a cuestionar los sistemas de control, tanto de la AFIP como de Aduanas, el testigo se mantuvo firme respecto a las irregularidades advertidas desde su área, la cual circunscribió a un fenómeno complejo en materia de posibles hechos ilícitos, entre los que se destaca el contrabando de granos y la evasión fiscal.
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